viernes, 11 de mayo de 2012
LASALUD NO ES LO QUE IMPORTA,VAYAN HACIENDO HUECO PA'LA BANCA
Rajoy blindó a la banca con dinero público
El gobierno español aprobó un nuevo plan para blindar el sistema financiero de la quiebra con una inyección de cerca de 15.000 millones de euros para garantizar activos de las entidades financieras. El monto utilizado es aún mayor al ajuste aplicado en el área de Salud y Educación. La UE reclama más recortes.
Y a mi que coño me importa!!!
El ministro de Economía, Luis De Guindos, insistió en conferencia de prensa, al término de la reunión del Consejo de Ministros español, que las ayudas a los bancos "no son una inyección de fondos públicos" sino que se realizará a través de "préstamos".
Según el responsable de Economía, lo que está haciendo el gobierno es poner recursos "a disponibilidad" de los bancos, a un tipo de interés del 10%, que es superior a lo que paga el propio Estado por la emisión de este tipo de bonos al mismo plazo, cinco años, y que deberán ser reembolsados". De Guindos subrayó que el plan no supondrá un gasto para los contribuyente.
Sin embargo, en el actual contexto de crisis y desconfianza sobre la solvencia del sistema financiero español, el gobierno no puede garantizar que los bancos reembolsarán todos estos préstamos.
En cuanto al dinero público empleado, el ministro de Economía señaló que será “inferior a 15.000 millones de euros", aunque dependerá de los planes de saneamiento que presenten las distintas entidades.
Se trata de una cifra similar a dinero que el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) recortó recientemente de los presupuestos de salud y educación, que se vieron mermados en 10.000 millones de euros, en el marco de la política de austeridad impulsada por Rajoy a exigencia de la Unión Europea (UE) con el objetivo de reducir el elevado déficit público de España.
El ministro de Economía, Luis De Guindos, insistió en conferencia de prensa, al término de la reunión del Consejo de Ministros español, que las ayudas a los bancos "no son una inyección de fondos públicos" sino que se realizará a través de "préstamos".
Según el responsable de Economía, lo que está haciendo el gobierno es poner recursos "a disponibilidad" de los bancos, a un tipo de interés del 10%, que es superior a lo que paga el propio Estado por la emisión de este tipo de bonos al mismo plazo, cinco años, y que deberán ser reembolsados". De Guindos subrayó que el plan no supondrá un gasto para los contribuyente.
Sin embargo, en el actual contexto de crisis y desconfianza sobre la solvencia del sistema financiero español, el gobierno no puede garantizar que los bancos reembolsarán todos estos préstamos.
En cuanto al dinero público empleado, el ministro de Economía señaló que será “inferior a 15.000 millones de euros", aunque dependerá de los planes de saneamiento que presenten las distintas entidades.
Se trata de una cifra similar a dinero que el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) recortó recientemente de los presupuestos de salud y educación, que se vieron mermados en 10.000 millones de euros, en el marco de la política de austeridad impulsada por Rajoy a exigencia de la Unión Europea (UE) con el objetivo de reducir el elevado déficit público de España.
jueves, 10 de mayo de 2012
DERROTA DE LA IGLESIA
Ya es ley la “muerte digna” en casos terminales o irreversibles
Por Mariana Iglesias
Se aprobó ayer en el Senado por unanimidad. Habilita a rechazar los tratamientos que prolonguen artificialmente la vida. El consentimiento podrá ser dado por el paciente o por sus familiares.
Apoyo desde el palco. Selva Herbón, madre de una nena en estado vegetativo, y familiares de otros pacientes, escucharon los debates que se extendieron durante casi cuatro horas.
Nueve meses. Triste paradoja, un embarazo fue lo que le costó a Selva Herbón que se sancionara la ley de muerte digna. Esta mujer, madre de una nena que está en estado vegetativo desde que nació hace tres años, hizo pública su historia en agosto pasado. Y pidió la sanción de la ley ante la negativa de los médicos a desconectar a Camila. Selva habló hasta el cansancio de encarnizamiento terapéutico, y suplicó esta ley para que un marco legal ampare a los médicos y los familiares de las cientos de personas que hay en el país en estado de salud irreversible. Lo logró. Ayer, en menos de cuatro horas, Senadores le dio la media sanción que le faltaba al proyecto, aprobado en Diputados en noviembre.
La votación en Senadores fue unánime: 55 votos a favor y solo cuatro objeciones a artículos en particular (en Diputados el resultado había sido 142 a favor y 6 en contra). En sus discursos, muchos de los legisladores adelantaron su voto de apoyo antes de dar sus argumentos. Todos, de alguna manera, quisieron dejar bien en claro que nadie habla de eutanasia, sino de ponerle un punto final a la vida cuando ya no es tal. O como dijo la senadora Elena Corregido (FPV Chaco): “La vida es un derecho y no una obligación”.
El proyecto –aprobado tal como fue girado desde Diputados– incorpora una modificación a la ley N° 26.529 (“Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”), aprobada en 2009, pero que todavía no fue reglamentada.
Los puntos centrales son: evitar el encarnizamiento terapéutico; humanizar la medicina, recuperando la deteriorada relación médico-paciente; respetar, ante todo, la autonomía de la voluntad del paciente cuando se trate de decisiones que tienen que ver con su propia calidad de vida; evitar la judicialización de las decisiones de los pacientes o de sus familiares con relación a tratamientos extraordinarios cuando no sirven para curar, mejorar ni aliviar el dolor y que sólo están destinados a prolongar de manera artificial la agonía; garantizar la falta de responsabilidad médica, tanto civil como penal de los médicos ante la decisión del paciente de renunciar a la continuación de tratamientos innecesarios.
Así, lo fundamental es que se incorpora la muerte digna, que significa el derecho de todo paciente que padezca una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estado terminal o haya sufrido un accidente, a manifestar su voluntad de rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación y reanimación artificial, cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento desmesurado.
El texto votado fue resultado de la unificación de varios proyectos, que llevan la firma de numerosos legisladores de distintos bloques. También contempla el derecho del paciente a recibir información sobre su enfermedad para que pueda prestar un consentimiento informado y le da al paciente la facultad de dejar directivas anticipadas y la posibilidad de rechazo por un representante legal o un familiar de los tratamientos médicos para aquellos pacientes que no están capacitados para dar su consentimiento, como sería el caso de Camila. “Ante la imposibilidad del paciente de manifestar la voluntad, el proyecto faculta a los familiares a tomar decisiones sobre la abstención y retiro del soporte vital” La flamante ley también establece que ningún profesional que obre de acuerdo a la ley será sujeto de responsabilidad civil, penal ni administrativa.
“Insto al Poder Ejecutivo Nacional a que no prolongue la imperdonable mora en la que se encuentra y reglamente la ley de derechos del paciente con las modificaciones que hoy sancionamos -sostuvo el senador José Cano, presidente de la Comisión de Salud y Deportes-. Sólo me resta insistir en que el derecho a una vida digna comprende, necesariamente, el derecho a una muerte digna. Respetar al hombre en su fase final, implica respetar el encuentro del hombre con Dios (cualquiera fuera su religión), excluyendo tanto el poder de anticipar la muerte (eutanasia), como el poder de impedir este encuentro con una suerte de tiranía médica y tecnológica (ensañamiento terapéutico)”.
Ahora resta que la ley sea reglamentada por el Poder Ejecutivo. “Hay voluntad de reglamentar esta ley en 60 días”, aseguró el senador porteño Manuel Cabanchik (ProBaFe). Entonces será el Ministerio de Salud de la Nación el responsable de garantizar su aplicación.
La votación en Senadores fue unánime: 55 votos a favor y solo cuatro objeciones a artículos en particular (en Diputados el resultado había sido 142 a favor y 6 en contra). En sus discursos, muchos de los legisladores adelantaron su voto de apoyo antes de dar sus argumentos. Todos, de alguna manera, quisieron dejar bien en claro que nadie habla de eutanasia, sino de ponerle un punto final a la vida cuando ya no es tal. O como dijo la senadora Elena Corregido (FPV Chaco): “La vida es un derecho y no una obligación”.
El proyecto –aprobado tal como fue girado desde Diputados– incorpora una modificación a la ley N° 26.529 (“Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”), aprobada en 2009, pero que todavía no fue reglamentada.
Los puntos centrales son: evitar el encarnizamiento terapéutico; humanizar la medicina, recuperando la deteriorada relación médico-paciente; respetar, ante todo, la autonomía de la voluntad del paciente cuando se trate de decisiones que tienen que ver con su propia calidad de vida; evitar la judicialización de las decisiones de los pacientes o de sus familiares con relación a tratamientos extraordinarios cuando no sirven para curar, mejorar ni aliviar el dolor y que sólo están destinados a prolongar de manera artificial la agonía; garantizar la falta de responsabilidad médica, tanto civil como penal de los médicos ante la decisión del paciente de renunciar a la continuación de tratamientos innecesarios.
Así, lo fundamental es que se incorpora la muerte digna, que significa el derecho de todo paciente que padezca una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estado terminal o haya sufrido un accidente, a manifestar su voluntad de rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación y reanimación artificial, cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento desmesurado.
El texto votado fue resultado de la unificación de varios proyectos, que llevan la firma de numerosos legisladores de distintos bloques. También contempla el derecho del paciente a recibir información sobre su enfermedad para que pueda prestar un consentimiento informado y le da al paciente la facultad de dejar directivas anticipadas y la posibilidad de rechazo por un representante legal o un familiar de los tratamientos médicos para aquellos pacientes que no están capacitados para dar su consentimiento, como sería el caso de Camila. “Ante la imposibilidad del paciente de manifestar la voluntad, el proyecto faculta a los familiares a tomar decisiones sobre la abstención y retiro del soporte vital” La flamante ley también establece que ningún profesional que obre de acuerdo a la ley será sujeto de responsabilidad civil, penal ni administrativa.
“Insto al Poder Ejecutivo Nacional a que no prolongue la imperdonable mora en la que se encuentra y reglamente la ley de derechos del paciente con las modificaciones que hoy sancionamos -sostuvo el senador José Cano, presidente de la Comisión de Salud y Deportes-. Sólo me resta insistir en que el derecho a una vida digna comprende, necesariamente, el derecho a una muerte digna. Respetar al hombre en su fase final, implica respetar el encuentro del hombre con Dios (cualquiera fuera su religión), excluyendo tanto el poder de anticipar la muerte (eutanasia), como el poder de impedir este encuentro con una suerte de tiranía médica y tecnológica (ensañamiento terapéutico)”.
Ahora resta que la ley sea reglamentada por el Poder Ejecutivo. “Hay voluntad de reglamentar esta ley en 60 días”, aseguró el senador porteño Manuel Cabanchik (ProBaFe). Entonces será el Ministerio de Salud de la Nación el responsable de garantizar su aplicación.
- .
miércoles, 9 de mayo de 2012
VIVIMOS DE LA DROGA
La fiscalía dice que el narcotráfico es ya “un punto fuerte” de la economía en Cádiz
La fiscal jefe asegura que crecen los traficantes “forzados por la necesidad”
Ayuso reclama juzgados especializados en tráfico de drogas
En primer término, la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, acompañada de los fiscales especiales Antidroga de Algeciras. / ROMÁN RÍOS (EFE)
La provincia de Cádiz tiene algo más de un 1.200.000 habitantes, un 3% del total español. En cambio, por ella entra el 46% del hachís que llega a la Península. En esta misma demarcación, tienen lugar el 12% de los procedimientos judiciales, el 14% de las acusaciones y el 18% de los detenidos por narcotráfico de toda España. “La droga es un punto fuerte de la economía de Cádiz”, destaca la memoria de 2011 de la fiscalía —bajo el epígrafe Economía sumergida—, que alerta, de una novedad. Las bandas, aparte de consolidarse como sagas familiares, son cada vez más peligrosas.
En 2011, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aprehendieron 158.902 toneladas de hachís, 21.000 menos que el año anterior, cuando Cádiz alcanzó el récord y representó casi la mitad de todo lo aprehendido en el cojunto del país. “El negocio sucio, lamentablemente, marcha bien”, sentencia la memoria de la Fiscalía Antidroga. “No es una afirmación derrotista porque también defendemos que la lucha contra estos delitos marcha bien”.
Lo que demuestran todos estos datos, según la fiscalía, es que el dinero que mueve la droga es mucho, prácticamente el sostén de una provincia castigada por el paro (36,37% de desempleo, según la EPA, 12 puntos por encima de la media nacional) y la falta de oportunidades. “La tradición del contrabando de tabaco ha enlazado con el tráfico de drogas. Contamos con auténticas sagas familiares dedicadas a esta delincuencia” Al ministerio público le preocupa este año la peligrosidad de las bandas, con el ejemplo más reciente en la paliza que recibió un agente de la Policía de Algeciras.
Uno de los asuntos que más llama la atención es que el año pasado se incrementaron un 20% las detenciones de personas que trataban de pasar hachís oculto en sus cuerpos. “Son personas que no se dedican a ello, gente de pocos recursos y con necesidades que tratan de cobrar un dinero. Lo hacen por encargo de las redes y son la figura de más riesgo”, sostuvo el fiscal especial Antidrogas de Algeciras, Emilio Miró.
La dimensión del problema ha motivado el incremento de los medios judiciales. La fiscalía, que atiende también a Ceuta, es la única que tiene tres fiscales especializados, en Cádiz, Algeciras y Jerez. Aunque la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, considera que todavía son pocos. Ayuso reclamó la creación de juzgados especializados en la materia, una petición para poder dar más agilidad a “un volumen de trabajo desgraciadamente inmenso”. “Si la lacra de la violencia de género justifica la existencia de órganos de instrucción especializados... tanto o más se justifica en esta”, dijo Ayuso en el resumen de la memoria.
En 2011, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aprehendieron 158.902 toneladas de hachís, 21.000 menos que el año anterior, cuando Cádiz alcanzó el récord y representó casi la mitad de todo lo aprehendido en el cojunto del país. “El negocio sucio, lamentablemente, marcha bien”, sentencia la memoria de la Fiscalía Antidroga. “No es una afirmación derrotista porque también defendemos que la lucha contra estos delitos marcha bien”.
Lo que demuestran todos estos datos, según la fiscalía, es que el dinero que mueve la droga es mucho, prácticamente el sostén de una provincia castigada por el paro (36,37% de desempleo, según la EPA, 12 puntos por encima de la media nacional) y la falta de oportunidades. “La tradición del contrabando de tabaco ha enlazado con el tráfico de drogas. Contamos con auténticas sagas familiares dedicadas a esta delincuencia” Al ministerio público le preocupa este año la peligrosidad de las bandas, con el ejemplo más reciente en la paliza que recibió un agente de la Policía de Algeciras.
Uno de los asuntos que más llama la atención es que el año pasado se incrementaron un 20% las detenciones de personas que trataban de pasar hachís oculto en sus cuerpos. “Son personas que no se dedican a ello, gente de pocos recursos y con necesidades que tratan de cobrar un dinero. Lo hacen por encargo de las redes y son la figura de más riesgo”, sostuvo el fiscal especial Antidrogas de Algeciras, Emilio Miró.
La dimensión del problema ha motivado el incremento de los medios judiciales. La fiscalía, que atiende también a Ceuta, es la única que tiene tres fiscales especializados, en Cádiz, Algeciras y Jerez. Aunque la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, considera que todavía son pocos. Ayuso reclamó la creación de juzgados especializados en la materia, una petición para poder dar más agilidad a “un volumen de trabajo desgraciadamente inmenso”. “Si la lacra de la violencia de género justifica la existencia de órganos de instrucción especializados... tanto o más se justifica en esta”, dijo Ayuso en el resumen de la memoria.
CADA DIA UN NUEVO CORRUPTO...Y VAN....
Ensayos clínicos “ilegales” con pacientes de VIH en un hospital público madrileño
Un investigador del hospital Carlos III hizo estudios con fármacos sin pedir autorización
No informó ni al Ministerio ni a algunos de los sujetos, según el informe de inspección
Ha sido sancionado, pero ha recurrido la multa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Fue la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, la que comunicó a la Consejería de Sanidad madrileña, competente en materia de inspección en su territorio, que existían dos ensayos clínicos con medicamentos en el Carlos III “sin la autorización preceptiva” de este organismo. La Aemps alertaba también de que en otros tres también podrían existir irregularidades. Dos inspectores de la Consejería llevaron a cabo la inspección en noviembre de 2010. Su informe definitivo, una vez finalizado el periodo de alegaciones, constata que “no se han cumplido los trámites legales” y señala cuatro infracciones muy graves, una grave y una leve de la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, la que regula los ensayos clínicos.
De acuerdo con el informe, Soriano realizó los ensayos con los pacientes del hospital sin obtener autorización de la Aemps. Ni siquiera la solicitó. Tampoco contaba con el visto bueno del Comité Ético de Investigación Clínica (Ceic) del Carlos III, “el principal garante” de los derechos de los pacientes. Se da la circunstancia de que una de las firmantes de tres de los estudios ilegales, la farmacéutica Inmaculada Jiménez Nacher, es la presidenta del Ceic. La tercera infracción grave cometida por Soriano tiene que ver con la información, o falta de ella, que recibieron los pacientes que formaron parte de los ensayos, que podrían rondar los 300, según el informe. En uno de los estudios facilitó información “no veraz”, ya que indicaba que tenía el visto bueno del Ceic y la autorización del Ministerio de Sanidad, cuando no era cierto. En otro, “no consta que el doctor Soriano haya informado a los sujetos incluidos en el mismo ni obtenido su consentimiento”, relatan los dos inspectores en las conclusiones.
Muy grave es también, a juicio del equipo inspector, no haber suscrito una póliza de seguros “que garantizara la cobertura de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los pacientes”, algo a lo que obliga la ley. El investigador tampoco suscribió un contrato con el centro en el que se realizó el ensayo, lo que se considera infracción grave. Finalmente, el informe señala como infracción leve “la actitud” de Soriano durante sus comparecencias, puesto que “dificultó la labor inspectora, intentando obstruirla y retrasándola innecesariamente”.
El estudio sobre el que más preguntaron los inspectores a Soriano analizaba el uso de raltegravir, un fármaco antirretroviral. En este caso, Soriano sí pidió autorización al Ceic como si se tratara de un proyecto de investigación, pero le fue denegada precisamente por considerarlo un ensayo clínico, tal y como descubrieron los inspectores al analizar la documentación. Siguió adelante pese a la negativa. En la entrevista, Soriano se justificó diciendo que no lo había presentado como ensayo clínico porque entendía que evaluaba productos ya comercializados y que “dio por supuesto” que estaba aprobado porque nadie le advirtió de lo contrario. Dos miembros del Ceic también lo firman. Los inspectores le pidieron los consentimientos informados de los 222 pacientes de ese ensayo, pero aseguró que estaban incluidos en las historias clínicas, custodiadas en el archivo. No era cierto.
Dos días más tarde, la gerencia entregó a los inspectores una muestra de 25 historias clínicas. Soriano y su entonces jefe en el Servicio de Enfermedades Infecciosas, Juan González-Lahoz, se presentaron para protestar porque a Soriano no le había dado tiempo a revisarlas antes. Es entonces cuando admite que los consentimientos informados no están allí. La revisión se suspende y Soriano se niega a firmar el acta que levantan los inspectores. Cinco días después el médico presenta 19 documentos de consentimiento, “alegando que son los que ha podido conseguir”. Ante las preguntas de los funcionarios, acaba admitiendo que esa información no consta en las historias, sino que la guarda él mismo en un archivo paralelo e independiente en carpetas en su consulta.
La inspección revisó alguna de esas historias paralelas, pero tampoco en ellas se refleja la participación en el ensayo. “Ni siquiera coinciden las fechas en que los sujetos firmaron el consentimiento informado con días que hayan acudido a la consulta”, aseguran los inspectores. “Llama la atención que el doctor Soriano no considere de interés para otros facultativos que puedan atender a un paciente el estado de salud y la información derivada de su participación en un ensayo clínico”, concluyen. Muchos pacientes no firmaron el consentimiento informado. En otros casos, la hoja contenía información falsa, señalan.
Soriano sigue con sus actividades habituales en el hospital Carlos III. La Consejería de Sanidad madrileña abrió expediente sancionador y lo resolvió en octubre de 2011 imponiendo una sanción económica por vía administrativa. La viceconsejera Patricia Flores señaló el lunes pasado a preguntas de EL PAÍS que “los hechos muy graves y graves” que recoge la resolución se traducen en una “sanción cuantiosa” que no precisó dado que aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial. La Ley 29/2006 prevé sanciones de entre 30.000 y 90.000 euros por una infracción grave y de entre 90.000 y un millón de euros por una infracción muy grave. La viceconsejera añadió que los ensayos no han supuesto ningún problema de salud para ningún paciente y que el médico continúa en su puesto porque no tiene abierta ninguna causa disciplinaria al no poder imponer dos sanciones administrativas por un mismo hecho.
“Todo esto acabará en nada”, aseguró el doctor Soriano a este periódico el viernes pasado, en su despacho del hospital Carlos III de Madrid. El médico atribuye a “una persecución” y “un montaje” todo el proceso de inspección. Está convencido de que se trata de una maniobra para desacreditarle y evitar que acceda a la jefatura del servicio de Enfermedades Infecciosas, actualmente vacante tras la jubilación de González-Lahoz. Durante la conversación, el médico acusó al gerente del hospital de estar detrás del envío anónimo a la Aemps de la información que puso en marcha la investigación sobre sus ensayos clínicos.
Añadió que la intención del gerente es convertir el Carlos III en un hospital de crónicos y acabar con el servicio de Infecciosas, que atiende a unos 2.000 pacientes de vih/sida al año. “Somos caros; la medicación cuesta 10.000 euros al año por paciente, 25.000 en caso de hepatitis, y llevamos tres años con reducción de presupuesto”, señaló. Aseguró, aunque sin aportar documentación, que finalmente solo se ha considerado que uno de los ensayos incumple los requisitos legales. “Son estudios de investigación con fármacos comercializados, no ensayos clínicos”, insistió.
Soriano no es un extraño para los medios de comunicación, que además de destacar su inagotable producción científica, se hicieron eco en noviembre de 2008 del reparto en el hospital público Carlos III de una guía en la que se afirmaba, entre otras, que la homosexualidad es "una alteración conductual", la masturbación "deteriora la grandeza de la sexualidad humana" y que para prevenir el contagio del sida lo mejor es la castidad. El librito de 53 páginas titulado Adolescentes frente al sida: preguntas con respuestas, lo editó la Fundación Investigación y Educación en Sida (FIES), de la que Soriano es secretario y su ex jefe, González Lahoz, presidente. Los dos figuraban como autores de la guía, que se estuvo repartiendo en las consultas del centro durante un año. Solo un día después de que este periódico publicara en 2009 la relación entre la fundación y el hospital Carlos III, y cómo esta presuntamente utilizaba recursos públicos, el anterior gerente, Enrique Cabrera, dimitó.
De acuerdo con el informe, Soriano realizó los ensayos con los pacientes del hospital sin obtener autorización de la Aemps. Ni siquiera la solicitó. Tampoco contaba con el visto bueno del Comité Ético de Investigación Clínica (Ceic) del Carlos III, “el principal garante” de los derechos de los pacientes. Se da la circunstancia de que una de las firmantes de tres de los estudios ilegales, la farmacéutica Inmaculada Jiménez Nacher, es la presidenta del Ceic. La tercera infracción grave cometida por Soriano tiene que ver con la información, o falta de ella, que recibieron los pacientes que formaron parte de los ensayos, que podrían rondar los 300, según el informe. En uno de los estudios facilitó información “no veraz”, ya que indicaba que tenía el visto bueno del Ceic y la autorización del Ministerio de Sanidad, cuando no era cierto. En otro, “no consta que el doctor Soriano haya informado a los sujetos incluidos en el mismo ni obtenido su consentimiento”, relatan los dos inspectores en las conclusiones.
Muy grave es también, a juicio del equipo inspector, no haber suscrito una póliza de seguros “que garantizara la cobertura de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los pacientes”, algo a lo que obliga la ley. El investigador tampoco suscribió un contrato con el centro en el que se realizó el ensayo, lo que se considera infracción grave. Finalmente, el informe señala como infracción leve “la actitud” de Soriano durante sus comparecencias, puesto que “dificultó la labor inspectora, intentando obstruirla y retrasándola innecesariamente”.
El estudio sobre el que más preguntaron los inspectores a Soriano analizaba el uso de raltegravir, un fármaco antirretroviral. En este caso, Soriano sí pidió autorización al Ceic como si se tratara de un proyecto de investigación, pero le fue denegada precisamente por considerarlo un ensayo clínico, tal y como descubrieron los inspectores al analizar la documentación. Siguió adelante pese a la negativa. En la entrevista, Soriano se justificó diciendo que no lo había presentado como ensayo clínico porque entendía que evaluaba productos ya comercializados y que “dio por supuesto” que estaba aprobado porque nadie le advirtió de lo contrario. Dos miembros del Ceic también lo firman. Los inspectores le pidieron los consentimientos informados de los 222 pacientes de ese ensayo, pero aseguró que estaban incluidos en las historias clínicas, custodiadas en el archivo. No era cierto.
Dos días más tarde, la gerencia entregó a los inspectores una muestra de 25 historias clínicas. Soriano y su entonces jefe en el Servicio de Enfermedades Infecciosas, Juan González-Lahoz, se presentaron para protestar porque a Soriano no le había dado tiempo a revisarlas antes. Es entonces cuando admite que los consentimientos informados no están allí. La revisión se suspende y Soriano se niega a firmar el acta que levantan los inspectores. Cinco días después el médico presenta 19 documentos de consentimiento, “alegando que son los que ha podido conseguir”. Ante las preguntas de los funcionarios, acaba admitiendo que esa información no consta en las historias, sino que la guarda él mismo en un archivo paralelo e independiente en carpetas en su consulta.
La inspección revisó alguna de esas historias paralelas, pero tampoco en ellas se refleja la participación en el ensayo. “Ni siquiera coinciden las fechas en que los sujetos firmaron el consentimiento informado con días que hayan acudido a la consulta”, aseguran los inspectores. “Llama la atención que el doctor Soriano no considere de interés para otros facultativos que puedan atender a un paciente el estado de salud y la información derivada de su participación en un ensayo clínico”, concluyen. Muchos pacientes no firmaron el consentimiento informado. En otros casos, la hoja contenía información falsa, señalan.
Soriano sigue con sus actividades habituales en el hospital Carlos III. La Consejería de Sanidad madrileña abrió expediente sancionador y lo resolvió en octubre de 2011 imponiendo una sanción económica por vía administrativa. La viceconsejera Patricia Flores señaló el lunes pasado a preguntas de EL PAÍS que “los hechos muy graves y graves” que recoge la resolución se traducen en una “sanción cuantiosa” que no precisó dado que aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial. La Ley 29/2006 prevé sanciones de entre 30.000 y 90.000 euros por una infracción grave y de entre 90.000 y un millón de euros por una infracción muy grave. La viceconsejera añadió que los ensayos no han supuesto ningún problema de salud para ningún paciente y que el médico continúa en su puesto porque no tiene abierta ninguna causa disciplinaria al no poder imponer dos sanciones administrativas por un mismo hecho.
“Todo esto acabará en nada”, aseguró el doctor Soriano a este periódico el viernes pasado, en su despacho del hospital Carlos III de Madrid. El médico atribuye a “una persecución” y “un montaje” todo el proceso de inspección. Está convencido de que se trata de una maniobra para desacreditarle y evitar que acceda a la jefatura del servicio de Enfermedades Infecciosas, actualmente vacante tras la jubilación de González-Lahoz. Durante la conversación, el médico acusó al gerente del hospital de estar detrás del envío anónimo a la Aemps de la información que puso en marcha la investigación sobre sus ensayos clínicos.
Añadió que la intención del gerente es convertir el Carlos III en un hospital de crónicos y acabar con el servicio de Infecciosas, que atiende a unos 2.000 pacientes de vih/sida al año. “Somos caros; la medicación cuesta 10.000 euros al año por paciente, 25.000 en caso de hepatitis, y llevamos tres años con reducción de presupuesto”, señaló. Aseguró, aunque sin aportar documentación, que finalmente solo se ha considerado que uno de los ensayos incumple los requisitos legales. “Son estudios de investigación con fármacos comercializados, no ensayos clínicos”, insistió.
Soriano no es un extraño para los medios de comunicación, que además de destacar su inagotable producción científica, se hicieron eco en noviembre de 2008 del reparto en el hospital público Carlos III de una guía en la que se afirmaba, entre otras, que la homosexualidad es "una alteración conductual", la masturbación "deteriora la grandeza de la sexualidad humana" y que para prevenir el contagio del sida lo mejor es la castidad. El librito de 53 páginas titulado Adolescentes frente al sida: preguntas con respuestas, lo editó la Fundación Investigación y Educación en Sida (FIES), de la que Soriano es secretario y su ex jefe, González Lahoz, presidente. Los dos figuraban como autores de la guía, que se estuvo repartiendo en las consultas del centro durante un año. Solo un día después de que este periódico publicara en 2009 la relación entre la fundación y el hospital Carlos III, y cómo esta presuntamente utilizaba recursos públicos, el anterior gerente, Enrique Cabrera, dimitó.
martes, 8 de mayo de 2012
UNOS TANTO Y OTROS TAN POCO
El consejero de Sanidad extremeño pasa consulta privada en Portugal,porque allí no es incompatible.
Es del PP y apoyado por IU!!!!!!!!!!
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)