Imagen de la protesta frente a la Asamblea de Madrid. | EfeFrancia abre la puerta al suicidio asistido y a la sedación terminal
Un informe encargado por Hollande certifica que el 56% de los ciudadanos desea ser “ayudado a morir”
El Gobierno socialista enviará la ley de eutanasia al Parlamento en junio de 2013
El profesor Didier Sicard recibió hace seis meses un encargo de
François Hollande para elaborar un informe sobre “el final de la vida” y
hoy ha entregado al jefe del Estado un documento que se considera el
primer paso hacia una ley de eutanasia, que el Gobierno socialista
planea enviar al Parlamento en junio de 2013. El informe, adelantado hoy
por Le Monde, afirma sin
ambages que es preciso abrir vías legales para regular la asistencia
médica que ayude a “terminar la vida con dignidad”, enfatiza que es
necesario “cumplir las esperanzas y expectativas de los ciudadanos sobre
el fin de la vida”, certifica que el 56% de los franceses desea recibir
“ayuda médica para mejor morir”, y propone dos soluciones llamadas a
suscitar viva polémica.
La primera es interrumpir los tratamientos y aplicar la sedación terminal (opiáceos que conducen al coma y a la muerte) “siempre que el paciente lo solicite de forma reiterada”, y la segunda es que el Estado “asuma la responsabilidad, si la sociedad desea ir en esa dirección”, de regular el suicidio asistido y ayudar a los “enfermos incurables y conscientes” que deseen dejar de vivir.
Citando los casos de Suiza y el estado de Oregón, el estudio afirma que el suicidio asistido quedaría reservado “a las personas afectadas por una enfermedad degenerativa e incurable en estado terminal a quienes la perspectiva de vivir su vida hasta el final les pueda parecer insoportable”. El informe afirma que si se adoptara esta propuesta, la responsabilidad no puede ser dejada en manos de las asociaciones militantes del derecho a morir, sino que deben ser “el Estado y los médicos quienes se ocupen de facilitar los medicamentos y de acompañar al enfermo”.
El informe descarta sin embargo la eutanasia activa, legal en países como Bélgica y Holanda, y que consiste en pedir a los médicos “un gesto radical” que produzca la muerte de un paciente, ya que estima que esto “franquearía la barrera de lo prohibido”.
Hollande ha reaccionado deprisa a las recomendaciones de la comisión científica reunida en torno al profesor Sicard, y el Elíseo ha solicitado el parecer del Comité Consultivo Nacional de Ética sobre tres puntos específicos: las instrucciones anticipadas de los pacientes por escrito (que el informe pide regular mejor); "las condiciones estrictas para permitir a un paciente consciente y autónomo, afectado por una enfermedad grave e incurable, ser acompañado y asistido en su voluntad de poner él mismo fin a su vida”, y las condiciones para “hacer más dignos los últimos momentos de un paciente cuyo tratamiento haya sido interrumpido por los médicos tras una decisión tomada por él mismo o por su familia”.
Elaborado con las opiniones de nueve especialistas (un filósofo, un jurista, varios médicos) que han realizado debates por todo el país y 80 entrevistas directas, el informe es un alegato contra la sordera de la clase médica actual hacia las necesidades de los pacientes terminales. “Entre el 80% y el 90% de los franceses desea una legislación de la eutanasia. Se trata de una petición profunda de gente que no quiere verse sometida en ese periodo de extrema vulnerabilidad a una medicina sin alma”, afirma Sicard, quien añade que su misión ha detectado “el malestar, la cólera, la obsesión (de los franceses) por verse abocados a un final de la vida insoportable, a sufrir o ver sufrir a sus allegados”.
El estudio revela además la existencia de desigualdades entre enfermos en el acceso a los cuidados paliativos en función de si la muerte se produce en hospitales privados o públicos, donde expira la mayoría de la población. Los médicos de la red pública, afirma Sicard, suelen privilegiar la técnica, consideran la muerte “como un fracaso”, apenas escuchan a los enfermos que desean dejar de vivir y ponen el acento en la atención paliativa sin abrazar “la cultura de mitigar el olor”.
Sicard denuncia también una tendencia creciente a lo que llama “el dejar morir", una interpretación laxa de la actual ley sobre el final de vida (la ley Leonetti) que consiste en aliviar el dolor del enfermo en peligro de muerte sin tener intención real de ayudarle a morir. “Privilegiar las sedaciones ligeras y cortas, en el interés del médico que no quiere ser acusado de eutanasia, puede ser de una gran crueldad contra las personas”, afirma el estudio. De ahí procede la principal recomendación: cuando una persona pide expresamente interrumpir todo tratamiento susceptible de prolongar su vida, hace falta, tras una decisión colegiada, “darle la posibilidad de un gesto realizado por un médico que acelere la llegada de la muerte”. La Academia de Medicina ya advirtió el 12 de diciembre de que “ningún médico será autorizado a dar la muerte”.
El informe no preconiza una nueva legislación sino abrir un periodo de reflexión y aprobar un reglamento de “buenas prácticas” del ejercicio médico que complete la ley actual. “La muerte”, ha dicho el profesor Sicard a Le Monde, “es el momento de la vida en que la autonomía de la persona debe ser más respetada”.
La primera es interrumpir los tratamientos y aplicar la sedación terminal (opiáceos que conducen al coma y a la muerte) “siempre que el paciente lo solicite de forma reiterada”, y la segunda es que el Estado “asuma la responsabilidad, si la sociedad desea ir en esa dirección”, de regular el suicidio asistido y ayudar a los “enfermos incurables y conscientes” que deseen dejar de vivir.
Citando los casos de Suiza y el estado de Oregón, el estudio afirma que el suicidio asistido quedaría reservado “a las personas afectadas por una enfermedad degenerativa e incurable en estado terminal a quienes la perspectiva de vivir su vida hasta el final les pueda parecer insoportable”. El informe afirma que si se adoptara esta propuesta, la responsabilidad no puede ser dejada en manos de las asociaciones militantes del derecho a morir, sino que deben ser “el Estado y los médicos quienes se ocupen de facilitar los medicamentos y de acompañar al enfermo”.
El informe descarta sin embargo la eutanasia activa, legal en países como Bélgica y Holanda, y que consiste en pedir a los médicos “un gesto radical” que produzca la muerte de un paciente, ya que estima que esto “franquearía la barrera de lo prohibido”.
Hollande ha reaccionado deprisa a las recomendaciones de la comisión científica reunida en torno al profesor Sicard, y el Elíseo ha solicitado el parecer del Comité Consultivo Nacional de Ética sobre tres puntos específicos: las instrucciones anticipadas de los pacientes por escrito (que el informe pide regular mejor); "las condiciones estrictas para permitir a un paciente consciente y autónomo, afectado por una enfermedad grave e incurable, ser acompañado y asistido en su voluntad de poner él mismo fin a su vida”, y las condiciones para “hacer más dignos los últimos momentos de un paciente cuyo tratamiento haya sido interrumpido por los médicos tras una decisión tomada por él mismo o por su familia”.
Elaborado con las opiniones de nueve especialistas (un filósofo, un jurista, varios médicos) que han realizado debates por todo el país y 80 entrevistas directas, el informe es un alegato contra la sordera de la clase médica actual hacia las necesidades de los pacientes terminales. “Entre el 80% y el 90% de los franceses desea una legislación de la eutanasia. Se trata de una petición profunda de gente que no quiere verse sometida en ese periodo de extrema vulnerabilidad a una medicina sin alma”, afirma Sicard, quien añade que su misión ha detectado “el malestar, la cólera, la obsesión (de los franceses) por verse abocados a un final de la vida insoportable, a sufrir o ver sufrir a sus allegados”.
El estudio revela además la existencia de desigualdades entre enfermos en el acceso a los cuidados paliativos en función de si la muerte se produce en hospitales privados o públicos, donde expira la mayoría de la población. Los médicos de la red pública, afirma Sicard, suelen privilegiar la técnica, consideran la muerte “como un fracaso”, apenas escuchan a los enfermos que desean dejar de vivir y ponen el acento en la atención paliativa sin abrazar “la cultura de mitigar el olor”.
Sicard denuncia también una tendencia creciente a lo que llama “el dejar morir", una interpretación laxa de la actual ley sobre el final de vida (la ley Leonetti) que consiste en aliviar el dolor del enfermo en peligro de muerte sin tener intención real de ayudarle a morir. “Privilegiar las sedaciones ligeras y cortas, en el interés del médico que no quiere ser acusado de eutanasia, puede ser de una gran crueldad contra las personas”, afirma el estudio. De ahí procede la principal recomendación: cuando una persona pide expresamente interrumpir todo tratamiento susceptible de prolongar su vida, hace falta, tras una decisión colegiada, “darle la posibilidad de un gesto realizado por un médico que acelere la llegada de la muerte”. La Academia de Medicina ya advirtió el 12 de diciembre de que “ningún médico será autorizado a dar la muerte”.
El informe no preconiza una nueva legislación sino abrir un periodo de reflexión y aprobar un reglamento de “buenas prácticas” del ejercicio médico que complete la ley actual. “La muerte”, ha dicho el profesor Sicard a Le Monde, “es el momento de la vida en que la autonomía de la persona debe ser más respetada”.
