El dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años
La privatización sanitaria tiene múltiples caminos: desde la
adjudicación de hospitales hasta los conciertos para hacer pruebas
diagnósticas, tratamientos o intervenciones quirúgicas
Ninguna región es ajena a la utilización de medios privados para sus redes de salud, que ya representa el 10% del gasto sanitario público español
Ninguna región es ajena a la utilización de medios privados para sus redes de salud, que ya representa el 10% del gasto sanitario público español
Intervención quirúrgica en un hospital del Servicio Canario de Salud. EFE
La sanidad pública paga cada vez más a la privada.
Unos 7.600 millones de euros al año. Supone un 10,5% del gasto sanitario
público que suma 72.000 millones anuales. Los datos de la Cuenta
Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad recogen un
aumento de esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 2002 a 2011.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de privatización de la
sanidad y entrada de empresas en la asistencia de los ciudadanos? Las
vías de trasvase de dinero público al sector sanitario privado son
variadas. Cada Administración defiende su realidad y no deja de subrayar
la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea ésta servida por medios
propios, conciertos, convenios o concesiones a contratistas.
El Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS) ha ordenado estos gastos por comunidades autónomas
y tipos de pagos desde los presupuestos de Sanidad a las empresas
privadas del sector. El IDIS es una entidad que defiende la entrada de
las clínicas privadas como “eje de sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud”, según su secretario general Juan Abarca.
La comunidad autónoma que más gasta en sanidad privada es Cataluña. Su
sistema sanitario trasvasa 2.450 millones de euros a clínicas cada
curso, un 24,1% del gasto. Canarias destina un 10,3% de todo su
presupuesto sanitario a medios privados (286 millones de euros). Madrid y
Baleares están ambas por encima del 8% con 713 y 112 millones
respectivamente. En Andalucía, se paga mucho a empresas privadas de
sanidad (446 millones de euros), pero supone un 4,7% de todo el dinero
destinado a la salud. En los últimos puestos del ránking autonómico en
términos relativos están Aragón (4%), Extremadura (4,3%) y Cantabria
(4,5%).
El
panorama es una maraña de fórmulas de contratación, cesión, concierto y
encomiendas en la que se impone una mirada pormenorizada para ver el
alcance de la privatización.
Sanidad mixta catalana
En Cataluña, se puede hablar de un sistema general mixto
público-privado. La Generalitat tiene convenios singulares con 31
hospitales privados para que formen parte del Sistema de Utilización
Pública. Además, entre 2008 y 2014 publicó 495 concursos para el
diagnóstico por imagen, las terapias respiratorias, la atención primaria
o los servicios socio-sanitarios.
Este esquema
obliga a las arcas públicas catalanas a aportar esos casi 2.500 millones
de euros a entidades sanitarias privadas. Es cerca de la mitad, el
41,8% de todo lo que el sector público paga al privado en España. A
pesar de que, desde los 1.298 euros per cápita que Sanidad invertía en
2012, el Gobierno ha rebajado la partida a 1.095 –y el consejero Boi
Ruiz reconoce que la cifra ideal son 1.500 euros-, la tasa de
crecimiento del pago a entidades privadas ha estado en el 2,1% anual
desde 2002 a 2011.
Los contratistas entran a escena
Sin duda, la polémica y preocupación ciudadana sobre la privatización
sanitaria se ha agudizado especialmente con el proceso de entrada de
empresas contratistas en la gestión directa de la sanidad. Tanto con la
concesión de la gestión no médica de centros como los contratos
completos que asignan a empresas privadas la construcción,
administración y gestión sanitaria de hospitales de la red pública. Las
sociedades privadas han visto cómo su negocio se ampliaba en la red
pública española en los últimos años.
La Comunidad Valenciana:
es la pionera en la adjudicación integral sanitaria a contratistas.
Cinco departamentos de salud están así gestionados. Seis empresas
(Ribera Salud, ACS, Lubasa, Sanitas, DKV y Asisa) se reparten en
diferentes porcentajes cinco hospitales de la siguiente manera:
Alzira (Ribera Salud, ACS y Lubasa): 143,4 millones al año para la
asistencia de 227.000 personas; Hospital de Denia (DKV y Ribera Salud):
94,8 millones para 150.000 ciudadanos; Hospital de Torrevieja (Sanitas):
123 millones para 195.000 alicantinos; y Hospital de Vinalopó (Ribera
Salud y Asisa): 101 millones.
Las asignaciones se
incrementan en el mismo porcentaje que el presupuesto de Sanidad
elaborado por el Gobierno regional. Valencia le ha metido un acelerón al
gasto público en sanidad privada a un ritmo de crecimiento del 10,9%.
Gasta 442 millones al año (un 6,6% de su presupuesto). "A la
Genertalitat le viene muy bien y las concesionarias tienen que hacer
verdaderos esfuerzos para que les salgan las cuentas", ha analizado el
director general de IDIS, Manuel Vilches, dejando clara su visión sobre
estos modelos.
Madrid:
el Gobierno del PP ha impulsado las partidas de dinero público hacia
medios sanitarios de empresas. Un 13,7% más de media en diez años. En
2011 se destinaron 714 millones de euros (un 8,5% del presupuesto
total). El estudio de IDIS habla de "interdependencia" entre los
sistemas sanitarios público y privado.
Existen
cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta
Leonor (de IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas,
Asisa, Bankia, Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles
(IDCSalud) con pago de 107,1 millones y Collado Villalba. Este último
centro no ha sido puesto en marcha porque el Ejecutivo de Ignacio
González considera que no puede afrontar el pago del canon, aunque sí se
abona 11 millones al año en concepto de mantenimiento).
Concesiones también existen en Canarias, que en 2013 lanzó un concurso
para la hemodiálisis en Gran Canaria y Lanzarote por 35 millones de
euros para cinco años. Las islas son la segunda región que asigna más
recursos a la sanidad privada respecto a su presupuesto: un 10,3% y 286
millones al año.
Los conciertos versus la infrautilización de medios públicos
Casi todas las administraciones sanitarias –sin importar el color
político que las dirijan- conceden gran impacto a los conciertos con
clínicas para llevar a cabo terapias o pruebas (en ocasiones en
detrimento de los recursos directos). El 38% de las terapias de
respiración en Madrid son asignadas a centros privados. En Galicia es el
23% y en Navarra el 21% del total de tratamientos de esta índole. Es un nuevo frente de lucha abierto contra la privatización sanitaria.
En el caso de Madrid, el 73% de los 48 hospitales privados de la región
tienen algún tipo de acuerdo firmado con el SERCAM. La panoplia
diseñada por la Consejería de Sanidad abarca múltiples disciplinas. Como
se apuntaba, los enfermos respiratorios dependen en gran medida de
centros privados para sus terapias (95 millones de euros en concursos
entre 2008 y 2014). Se le suman, además, las pruebas diagnósticas que se
derivan a la hora de hacer ecografías o mamografías. Un modelo que
puede resquebrajarse en cuanto la administración no llega a acuerdos que
satisfagan sus estrecheces financieras, como sucedió en 2013 cuando se
detuvieron miles de mamografías del Programa de detección precoz del cáncer de mama en Madrid.
También a la hora de intentar bajar las listas de
espera quirúrgicas, algunas comunidades han apostado fuerte por la
derivación a hospitales de empresas. Así, en Castilla y León han llegado
al 51%; en Castilla-La Mancha al 34% y en Aragón al 19% de la
actividad. En Castilla y León tuvieron que regresar a estos conciertos
en 2013 tras no poder gestionar las listas con los medios públicos una
vez suprimidas las actividades extraordinarias de tarde en los
hospitales. Igual le ocurrió a Valencia. Marcha atrás y nuevo flujo de
dinero a clínicas privadas ante el atasco. En Castilla-La Mancha están
recurriendo a traslados a otras regiones para intervenciones de sus
pacientes.
Los convenios
El sistema de
convenios es una manera habitual de que los impuestos abonen la
prestación de servicios sanitarios en centros privados. El convenio hace
que los ciudadanos puedan acudir a los hospitales a recibir sus
tratamientos. Andalucía destaca en esta fórmula con 17 centros
conveniados. Cinco de ellos pertenecen a la Orden Hospitalaria San Juan
de Dios y seis al grupo José Manuel Pascual. También con Cruz Roja
Española.
Este sistema es el que utiliza el Partido
Popular para asimilar los procesos privatizadores como el de Madrid con
otras regiones. Como dijo el vicesecretario popular Carlos Floriano
hace poco más de un mes, "está vigente en otras comunidades autónomas
como Andalucía y Cataluña". El flujo de pacientes andaluces está
controlado por los hospitales públicos y sus Unidades Provinciales de
Gestión.
El informe del IDIS reseña que "no se
dispone de información pública en cuanto a la remuneración obtenida por
parte de los grupos privados con estos convenios". Andalucía gasta 447
millones de euros en dar cobertura pública con medios privados (un 4,7%
del total). También aparecen con estas fórmulas el País Vasco, Galicia,
Islas Baleares y Asturias.
La Comunidad de Madrid
firmó un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz (regentada por
IDCSalud) por 30 años para atender en ese hospital a población de
referencia. En 2012 y 2013, Madrid le abonó más de 300 millones por cada
anualidad.
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