viernes, 14 de marzo de 2014
LA SANITAT DE CATALUNYA SUMERGIDA EN LA MIERDA DE LES PESETES
Un hospital cobra 9.300 euros por evitar la lista de espera a una mujer
La paciente se operó en el mismo centro y con el mismo médico que la atendía por lo público
La Generalitat catalana estudiará si se ha incurrido en “irregularidades”
Mercè Pérez Pons /
Antía Castedo
Tarragona
/
Barcelona .
A Isabel Martínez la operaron de cadera por la privada por las listas de espera. / Josep Lluis Sellart
El hospital de El Vendrell
(Tarragona) tiene una lista de espera para implantar prótesis de cadera
que supera de largo los seis meses de plazo máximo que garantiza el
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Pero si un paciente
paga, puede saltársela. Es el caso de Isabel Navarro, vecina de Santa
Oliva (Tarragona) de 66 años. No podía aguantar más el dolor y se sentía
incapaz de soportar el año que los profesionales le decían que tenía
por delante. Al final, accedió a pagar 9.300 euros para ser intervenida
en unos días por la vía privada en el mismo hospital y por los mismos
médicos que debían atenderla por la sanidad pública.
El hospital de El Vendrell es uno de los cerca de 60 hospitales catalanes que están financiados casi enteramente por la Generalitat, pero cuya gestión está en manos de Ayuntamientos, fundaciones u otras entidades públicas y privadas. El centro es propiedad de la Fundació Sant Pau i Santa Tecla y su concierto con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) le aporta el 97% de su actividad al ser el hospital de referencia para unas 100.000 personas de la comarca del Baix Penedès (Tarragona). Como muchos otros hospitales concertados de la red de atención pública —todos los catalanes menos los ocho que gestiona directamente la Generalitat—, el hospital ha visto en la doble puerta pública y privada una fórmula para aumentar sus ingresos ante los recortes.
La pesadilla de Isabel se inició a mediados de 2013, cuando empezó a sentir molestias en la cadera. Tras varias visitas, el diagnóstico fue claro: había que operar. La mujer fue incluida en la lista de espera el 11 de julio, confirmó ayer la dirección del hospital. Pero los días pasaban, la operación no llegaba y las molestias empezaban a ser insoportables. “No podía más, había momentos en los que no era capaz de moverme de la cama, y yo siempre había sido muy activa. Me gusta caminar, ir en bicicleta…”, cuenta Navarro.
“Primero nos dijeron que la lista de espera era de un año; después, de 14 meses... Cada vez la fecha de operación se alargaba más”, relata su hija, Virginia Moreno. Fue ella la que acudió al hospital para preguntar si, como le habían dicho, podían saltarse la espera pagando en el mismo centro. “Nos dieron un presupuesto, reunimos los ahorros de todos los hermanos y de mi madre y en menos de un mes la operaron”.
Navarro fue intervenida el 9 de diciembre por la tarde. La familia pagó 9.335 euros: 2.142 euros por una semana de hospitalización; 1.200 por el módulo en el que fue intervenida; 3.000 euros de honorarios para los facultativos y 2.800 por la prótesis, según consta en la factura.
El Departamento de Salud ha dicho este jueves a EL PAÍS que estudiará si el hospital ha podido incurrir en “irregularidades” si la paciente presenta una reclamación. Según Salud, no es irregular que un hospital financiado con fondos públicos realice actividad privada, pero sí lo es que un paciente que entra por la vía pública acabe siendo operado en el mismo centro por lo privado.
“A mi madre la operó el mismo médico, la atendieron las mismas enfermeras y la operaron en los quirófanos del mismo hospital donde se atiende por la sanidad pública”, denuncia Moreno. La dirección del centro asegura que la intervención se hizo en un “circuito diferente” y que no se retrasó ninguna intervención pública para operar a Navarro. La dirección del centro desmintió el relato de la familia al declarar que el tiempo medio de espera en el hospital para implantar una prótesis de cadera fue en 2013 de 7,3 meses.
Aunque no hay datos oficiales, muchos hospitales públicos concertados se han lanzado a ofrecer servicios privados. “Los médicos que atienden en la pública pueden incurrir en un conflicto de interés si también cobran en la privada”, afirma Carme Borrell, doctora en Salud Pública y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública. “Las instalaciones públicas no deberían hacer atención privada”, concluye. “Las listas de espera son un instrumento para empujar a los pacientes a ir a la privada”, critica Àngels Castells, de la plataforma en defensa de la sanidad pública Dempeus.
Navarro, que ya vuelve a caminar sin muletas, critica que existan estos salvoconductos en el sistema. “Toda la vida pagando la Seguridad Social y cuando tengo un problema no pueden atenderme bien. Yo he sido una afortunada, pero pienso en todas las personas que no pueden costearlo y están sufriendo”, concluye. La plataforma SICOM ha convocado este jueves una rueda de prensa en Barcelona para denunciar el caso.
El hospital de El Vendrell es uno de los cerca de 60 hospitales catalanes que están financiados casi enteramente por la Generalitat, pero cuya gestión está en manos de Ayuntamientos, fundaciones u otras entidades públicas y privadas. El centro es propiedad de la Fundació Sant Pau i Santa Tecla y su concierto con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) le aporta el 97% de su actividad al ser el hospital de referencia para unas 100.000 personas de la comarca del Baix Penedès (Tarragona). Como muchos otros hospitales concertados de la red de atención pública —todos los catalanes menos los ocho que gestiona directamente la Generalitat—, el hospital ha visto en la doble puerta pública y privada una fórmula para aumentar sus ingresos ante los recortes.
La pesadilla de Isabel se inició a mediados de 2013, cuando empezó a sentir molestias en la cadera. Tras varias visitas, el diagnóstico fue claro: había que operar. La mujer fue incluida en la lista de espera el 11 de julio, confirmó ayer la dirección del hospital. Pero los días pasaban, la operación no llegaba y las molestias empezaban a ser insoportables. “No podía más, había momentos en los que no era capaz de moverme de la cama, y yo siempre había sido muy activa. Me gusta caminar, ir en bicicleta…”, cuenta Navarro.
“Primero nos dijeron que la lista de espera era de un año; después, de 14 meses... Cada vez la fecha de operación se alargaba más”, relata su hija, Virginia Moreno. Fue ella la que acudió al hospital para preguntar si, como le habían dicho, podían saltarse la espera pagando en el mismo centro. “Nos dieron un presupuesto, reunimos los ahorros de todos los hermanos y de mi madre y en menos de un mes la operaron”.
Navarro fue intervenida el 9 de diciembre por la tarde. La familia pagó 9.335 euros: 2.142 euros por una semana de hospitalización; 1.200 por el módulo en el que fue intervenida; 3.000 euros de honorarios para los facultativos y 2.800 por la prótesis, según consta en la factura.
El Departamento de Salud ha dicho este jueves a EL PAÍS que estudiará si el hospital ha podido incurrir en “irregularidades” si la paciente presenta una reclamación. Según Salud, no es irregular que un hospital financiado con fondos públicos realice actividad privada, pero sí lo es que un paciente que entra por la vía pública acabe siendo operado en el mismo centro por lo privado.
“A mi madre la operó el mismo médico, la atendieron las mismas enfermeras y la operaron en los quirófanos del mismo hospital donde se atiende por la sanidad pública”, denuncia Moreno. La dirección del centro asegura que la intervención se hizo en un “circuito diferente” y que no se retrasó ninguna intervención pública para operar a Navarro. La dirección del centro desmintió el relato de la familia al declarar que el tiempo medio de espera en el hospital para implantar una prótesis de cadera fue en 2013 de 7,3 meses.
Aunque no hay datos oficiales, muchos hospitales públicos concertados se han lanzado a ofrecer servicios privados. “Los médicos que atienden en la pública pueden incurrir en un conflicto de interés si también cobran en la privada”, afirma Carme Borrell, doctora en Salud Pública y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública. “Las instalaciones públicas no deberían hacer atención privada”, concluye. “Las listas de espera son un instrumento para empujar a los pacientes a ir a la privada”, critica Àngels Castells, de la plataforma en defensa de la sanidad pública Dempeus.
Navarro, que ya vuelve a caminar sin muletas, critica que existan estos salvoconductos en el sistema. “Toda la vida pagando la Seguridad Social y cuando tengo un problema no pueden atenderme bien. Yo he sido una afortunada, pero pienso en todas las personas que no pueden costearlo y están sufriendo”, concluye. La plataforma SICOM ha convocado este jueves una rueda de prensa en Barcelona para denunciar el caso.
Mi padre,andaluz ,decía que cuando de España quitamos trabas,no hicimos mas que cambiar moco por baba.
Habra que aplicarlo en Cataluña porque si se hacen independientes para esto,mejor que sigan como están y le echan el sanbenito a los españoles.
jueves, 13 de marzo de 2014
Uno de cada diez trasplantes en el mundo procede del tráfico ilegal
Las mafias reclutan personas en países pobres que proporciona órganos a los ricos
La imagen impacta. Dos hileras de hombres miran a cámara con las
camisetas levantadas mientras enseñan unas cicatrices alargadas en el
costado. Prácticamente todos los varones de este pueblo de Filipinas han
vendido un riñón por poco más de lo que cuesta un ordenador portátil.
Es uno de los ejemplos que muestra un documental de la HBO sobre tráfico
de órganos estrenado el año pasado. Y no es un caso aislado. “Durante
mucho tiempo, Pakistán fue un lugar de compraventa. Hay pueblos enteros
en los que al 90% de la población les falta un riñón porque lo han
vendido”, explica José Ramón Núñez, coordinador del programa de
trasplantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Como sucede con el tráfico de drogas o de armas, o con cualquier otro comercio ilegal o clandestino, las cifras son esquivas. Lo que hay son estimaciones: la OMS calcula que un 10% de los más de 100.000 trasplantes anuales en el mundo se practican con órganos procedentes del comercio ilegal. El esquema, el previsible. Los países pobres proporcionan riñones e hígados a enfermos de países ricos. “En Pakistán se compran riñones por 150.000 dólares (108.000 euros). El paquistaní que lo vende recibe 2.000; le da para vivir él y su familia durante un año”, cuenta Núñez. “Lo que más nos preocupa en la OMS es que ciudadanos de países ricos donde hay necesidad y escasez de órganos se estén aprovechando de otros donde la miseria es la norma”.
Porque los órganos son un bien escaso. Se calcula que hay un millón
de pacientes en lista de espera en el mundo. Y los órganos disponibles
cubren el 10% de las necesidades. “Hay gente que vende porque hay gente
que compra”, resume Rafael Matesanz, director de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT), organismo que gestiona el registro
mundial de la OMS. Compran americanos, europeos, israelitas, emiratís y
“ciudadanos ricos de países no tan ricos”, explica Matesanz, que traza
un mapamundi de los lugares en los que se comercia con partes del cuerpo
humano: “Uno de los puntos calientes de tráfico es Oriente Medio, pero
fundamentalmente Líbano, por la guerra de Siria y la catástrofe
humanitaria que ha generado. Hay constancia de venta de órganos de
refugiados”.
Pero en todos los continentes hay puntos calientes; bien porque la compraventa no es ilegal, bien porque se trata de países con estructuras de Estado débiles y falla el control, relata Matesanz. Bandas organizadas trasladan a los donantes entre países. “Hace años, Estambul era uno de los centros clave en riñón. Llevaban en autobús a los donantes desde Moldavia para proporcionar órganos a israelitas y europeos. Cuando las autoridades lo frenaron, el negocio pasó a Sudáfrica”. En Latinoamérica el tráfico de órganos ha descendido, añade. “En los años ochenta y noventa iban estadounidenses a comprar a países andinos, donde ya se castiga la práctica. Ahora la zona de mayor riesgo es Centroamérica y México. El negocio se traslada a los países más débiles”.
China es “un punto y aparte”, dice Matesanz, porque hasta ahora prácticamente todos sus órganos para trasplante procedían de prisioneros ejecutados. “Ha sido una de las mecas del tráfico internacional de órganos”, añade. Núñez, en la OMS, trabaja para revertirlo formando a coordinadores. Como es un problema de oferta y demanda, hay que crear oferta: “Nuestro trabajo consiste en promover sistemas de donación que proporcionen donantes. Dar soporte legislativo, organizativo y técnico para crear programas de trasplantes. El tráfico ilegal es difícil de atajar; mejor trabajar por la parte legal, para que haya órganos que colmen las necesidades”.
Como sucede con el tráfico de drogas o de armas, o con cualquier otro comercio ilegal o clandestino, las cifras son esquivas. Lo que hay son estimaciones: la OMS calcula que un 10% de los más de 100.000 trasplantes anuales en el mundo se practican con órganos procedentes del comercio ilegal. El esquema, el previsible. Los países pobres proporcionan riñones e hígados a enfermos de países ricos. “En Pakistán se compran riñones por 150.000 dólares (108.000 euros). El paquistaní que lo vende recibe 2.000; le da para vivir él y su familia durante un año”, cuenta Núñez. “Lo que más nos preocupa en la OMS es que ciudadanos de países ricos donde hay necesidad y escasez de órganos se estén aprovechando de otros donde la miseria es la norma”.
Fuentes: Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. / EL PAÍS
Pero en todos los continentes hay puntos calientes; bien porque la compraventa no es ilegal, bien porque se trata de países con estructuras de Estado débiles y falla el control, relata Matesanz. Bandas organizadas trasladan a los donantes entre países. “Hace años, Estambul era uno de los centros clave en riñón. Llevaban en autobús a los donantes desde Moldavia para proporcionar órganos a israelitas y europeos. Cuando las autoridades lo frenaron, el negocio pasó a Sudáfrica”. En Latinoamérica el tráfico de órganos ha descendido, añade. “En los años ochenta y noventa iban estadounidenses a comprar a países andinos, donde ya se castiga la práctica. Ahora la zona de mayor riesgo es Centroamérica y México. El negocio se traslada a los países más débiles”.
China es “un punto y aparte”, dice Matesanz, porque hasta ahora prácticamente todos sus órganos para trasplante procedían de prisioneros ejecutados. “Ha sido una de las mecas del tráfico internacional de órganos”, añade. Núñez, en la OMS, trabaja para revertirlo formando a coordinadores. Como es un problema de oferta y demanda, hay que crear oferta: “Nuestro trabajo consiste en promover sistemas de donación que proporcionen donantes. Dar soporte legislativo, organizativo y técnico para crear programas de trasplantes. El tráfico ilegal es difícil de atajar; mejor trabajar por la parte legal, para que haya órganos que colmen las necesidades”.
PRIVATIZA QUE ALGO LES QUEDA
El dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años
La privatización sanitaria tiene múltiples caminos: desde la
adjudicación de hospitales hasta los conciertos para hacer pruebas
diagnósticas, tratamientos o intervenciones quirúgicas
Ninguna región es ajena a la utilización de medios privados para sus redes de salud, que ya representa el 10% del gasto sanitario público español
Ninguna región es ajena a la utilización de medios privados para sus redes de salud, que ya representa el 10% del gasto sanitario público español
Intervención quirúrgica en un hospital del Servicio Canario de Salud. EFE
La sanidad pública paga cada vez más a la privada.
Unos 7.600 millones de euros al año. Supone un 10,5% del gasto sanitario
público que suma 72.000 millones anuales. Los datos de la Cuenta
Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad recogen un
aumento de esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 2002 a 2011.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de privatización de la
sanidad y entrada de empresas en la asistencia de los ciudadanos? Las
vías de trasvase de dinero público al sector sanitario privado son
variadas. Cada Administración defiende su realidad y no deja de subrayar
la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea ésta servida por medios
propios, conciertos, convenios o concesiones a contratistas.
El Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS) ha ordenado estos gastos por comunidades autónomas
y tipos de pagos desde los presupuestos de Sanidad a las empresas
privadas del sector. El IDIS es una entidad que defiende la entrada de
las clínicas privadas como “eje de sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud”, según su secretario general Juan Abarca.
La comunidad autónoma que más gasta en sanidad privada es Cataluña. Su
sistema sanitario trasvasa 2.450 millones de euros a clínicas cada
curso, un 24,1% del gasto. Canarias destina un 10,3% de todo su
presupuesto sanitario a medios privados (286 millones de euros). Madrid y
Baleares están ambas por encima del 8% con 713 y 112 millones
respectivamente. En Andalucía, se paga mucho a empresas privadas de
sanidad (446 millones de euros), pero supone un 4,7% de todo el dinero
destinado a la salud. En los últimos puestos del ránking autonómico en
términos relativos están Aragón (4%), Extremadura (4,3%) y Cantabria
(4,5%).
El
panorama es una maraña de fórmulas de contratación, cesión, concierto y
encomiendas en la que se impone una mirada pormenorizada para ver el
alcance de la privatización.
Sanidad mixta catalana
En Cataluña, se puede hablar de un sistema general mixto
público-privado. La Generalitat tiene convenios singulares con 31
hospitales privados para que formen parte del Sistema de Utilización
Pública. Además, entre 2008 y 2014 publicó 495 concursos para el
diagnóstico por imagen, las terapias respiratorias, la atención primaria
o los servicios socio-sanitarios.
Este esquema
obliga a las arcas públicas catalanas a aportar esos casi 2.500 millones
de euros a entidades sanitarias privadas. Es cerca de la mitad, el
41,8% de todo lo que el sector público paga al privado en España. A
pesar de que, desde los 1.298 euros per cápita que Sanidad invertía en
2012, el Gobierno ha rebajado la partida a 1.095 –y el consejero Boi
Ruiz reconoce que la cifra ideal son 1.500 euros-, la tasa de
crecimiento del pago a entidades privadas ha estado en el 2,1% anual
desde 2002 a 2011.
Los contratistas entran a escena
Sin duda, la polémica y preocupación ciudadana sobre la privatización
sanitaria se ha agudizado especialmente con el proceso de entrada de
empresas contratistas en la gestión directa de la sanidad. Tanto con la
concesión de la gestión no médica de centros como los contratos
completos que asignan a empresas privadas la construcción,
administración y gestión sanitaria de hospitales de la red pública. Las
sociedades privadas han visto cómo su negocio se ampliaba en la red
pública española en los últimos años.
La Comunidad Valenciana:
es la pionera en la adjudicación integral sanitaria a contratistas.
Cinco departamentos de salud están así gestionados. Seis empresas
(Ribera Salud, ACS, Lubasa, Sanitas, DKV y Asisa) se reparten en
diferentes porcentajes cinco hospitales de la siguiente manera:
Alzira (Ribera Salud, ACS y Lubasa): 143,4 millones al año para la
asistencia de 227.000 personas; Hospital de Denia (DKV y Ribera Salud):
94,8 millones para 150.000 ciudadanos; Hospital de Torrevieja (Sanitas):
123 millones para 195.000 alicantinos; y Hospital de Vinalopó (Ribera
Salud y Asisa): 101 millones.
Las asignaciones se
incrementan en el mismo porcentaje que el presupuesto de Sanidad
elaborado por el Gobierno regional. Valencia le ha metido un acelerón al
gasto público en sanidad privada a un ritmo de crecimiento del 10,9%.
Gasta 442 millones al año (un 6,6% de su presupuesto). "A la
Genertalitat le viene muy bien y las concesionarias tienen que hacer
verdaderos esfuerzos para que les salgan las cuentas", ha analizado el
director general de IDIS, Manuel Vilches, dejando clara su visión sobre
estos modelos.
Madrid:
el Gobierno del PP ha impulsado las partidas de dinero público hacia
medios sanitarios de empresas. Un 13,7% más de media en diez años. En
2011 se destinaron 714 millones de euros (un 8,5% del presupuesto
total). El estudio de IDIS habla de "interdependencia" entre los
sistemas sanitarios público y privado.
Existen
cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta
Leonor (de IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas,
Asisa, Bankia, Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles
(IDCSalud) con pago de 107,1 millones y Collado Villalba. Este último
centro no ha sido puesto en marcha porque el Ejecutivo de Ignacio
González considera que no puede afrontar el pago del canon, aunque sí se
abona 11 millones al año en concepto de mantenimiento).
Concesiones también existen en Canarias, que en 2013 lanzó un concurso
para la hemodiálisis en Gran Canaria y Lanzarote por 35 millones de
euros para cinco años. Las islas son la segunda región que asigna más
recursos a la sanidad privada respecto a su presupuesto: un 10,3% y 286
millones al año.
Los conciertos versus la infrautilización de medios públicos
Casi todas las administraciones sanitarias –sin importar el color
político que las dirijan- conceden gran impacto a los conciertos con
clínicas para llevar a cabo terapias o pruebas (en ocasiones en
detrimento de los recursos directos). El 38% de las terapias de
respiración en Madrid son asignadas a centros privados. En Galicia es el
23% y en Navarra el 21% del total de tratamientos de esta índole. Es un nuevo frente de lucha abierto contra la privatización sanitaria.
En el caso de Madrid, el 73% de los 48 hospitales privados de la región
tienen algún tipo de acuerdo firmado con el SERCAM. La panoplia
diseñada por la Consejería de Sanidad abarca múltiples disciplinas. Como
se apuntaba, los enfermos respiratorios dependen en gran medida de
centros privados para sus terapias (95 millones de euros en concursos
entre 2008 y 2014). Se le suman, además, las pruebas diagnósticas que se
derivan a la hora de hacer ecografías o mamografías. Un modelo que
puede resquebrajarse en cuanto la administración no llega a acuerdos que
satisfagan sus estrecheces financieras, como sucedió en 2013 cuando se
detuvieron miles de mamografías del Programa de detección precoz del cáncer de mama en Madrid.
También a la hora de intentar bajar las listas de
espera quirúrgicas, algunas comunidades han apostado fuerte por la
derivación a hospitales de empresas. Así, en Castilla y León han llegado
al 51%; en Castilla-La Mancha al 34% y en Aragón al 19% de la
actividad. En Castilla y León tuvieron que regresar a estos conciertos
en 2013 tras no poder gestionar las listas con los medios públicos una
vez suprimidas las actividades extraordinarias de tarde en los
hospitales. Igual le ocurrió a Valencia. Marcha atrás y nuevo flujo de
dinero a clínicas privadas ante el atasco. En Castilla-La Mancha están
recurriendo a traslados a otras regiones para intervenciones de sus
pacientes.
Los convenios
El sistema de
convenios es una manera habitual de que los impuestos abonen la
prestación de servicios sanitarios en centros privados. El convenio hace
que los ciudadanos puedan acudir a los hospitales a recibir sus
tratamientos. Andalucía destaca en esta fórmula con 17 centros
conveniados. Cinco de ellos pertenecen a la Orden Hospitalaria San Juan
de Dios y seis al grupo José Manuel Pascual. También con Cruz Roja
Española.
Este sistema es el que utiliza el Partido
Popular para asimilar los procesos privatizadores como el de Madrid con
otras regiones. Como dijo el vicesecretario popular Carlos Floriano
hace poco más de un mes, "está vigente en otras comunidades autónomas
como Andalucía y Cataluña". El flujo de pacientes andaluces está
controlado por los hospitales públicos y sus Unidades Provinciales de
Gestión.
El informe del IDIS reseña que "no se
dispone de información pública en cuanto a la remuneración obtenida por
parte de los grupos privados con estos convenios". Andalucía gasta 447
millones de euros en dar cobertura pública con medios privados (un 4,7%
del total). También aparecen con estas fórmulas el País Vasco, Galicia,
Islas Baleares y Asturias.
La Comunidad de Madrid
firmó un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz (regentada por
IDCSalud) por 30 años para atender en ese hospital a población de
referencia. En 2012 y 2013, Madrid le abonó más de 300 millones por cada
anualidad.
miércoles, 12 de marzo de 2014
LOS ANTIBIOTICOS EMPEORAN EL CROHN
Antibióticos podem piorar doença de Crohn
A doença de Crohn é uma das duas principais doenças inflamatórias do intestino (IBD), a outra é a colite ulcerosa, uma condição semelhante que afeta o cólon. Ambas as doenças têm aumentado no mundo, desde o início da década de 1950, agora, cerca de 1,4 milhões de pessoas sofrem de IBD nos Estados Unidos. Os sintomas incluem diarreia, dores abdominais e cólicas, e úlceras intestinais.Estudos genéticos têm descoberto vários genes que parecem predispor para a doença, a maioria deles envolvidos na resposta imune do organismo. Mas os genes por si só não podem explicar o aumento acentuado na incidência de DII, e os cientistas analisaram a dieta ambiente em particular e uso de antibióticos.
A matéria diz que vários estudos têm mostrado que a doença de Crohn caracteriza-se por disbiose microbial, uma mudança nas populações microbianas que habitam o intestino, mas é difícil de desvendar a causa e o efeito: uma mudança na microbiota intestinal pode causar inflamação, mas o inverso também pode ocorrer. Para complicar o cenário, o fato de que antes de serem diagnosticados com a doença, os pacientes muitas vezes recebem antibióticos para se defender de uma suposta infecção intestinal que poderia estar causando os sintomas, que também têm um forte impacto sobre as populações microbianas que vivem em nossos intestinos.
Um grupo liderado por Ramnik Xavier, um gastroenterologista na Harvard Medical School, em Boston, coletou amostras de fezes e levou biópsias da parte inferior do intestino delgado e reto das 447 crianças que tinham acabado de ser diagnosticadas com doença de Crohn, e outro grupo controlou 221 crianças que tinham sintomas abdominais não inflamatórios, tais como inchaço e diarreia. Em contraste com os estudos anteriores, a maioria dos pacientes ainda não tinham recebido antibióticos ou medicamentos anti-inflamatórios. Com base no seu material genético, os investigadores determinaram a abundância relativa de uma série de espécies de microorganismos nas amostras.
Algumas espécies microbianas potencialmente perigosas foram mais abundantes em pacientes com doença de Crohn, tais como aqueles que pertencem à Enterobacteriaceae, Pasteurellaceae, Veillonellaceae, e Fusobacteriaceae; números da Erysipelotrichales, Bacteroidales, e Clostridiales, geralmente consideradas benéficas, foram mais baixos. O desaparecimento e aparecimento de espécies podem ser igualmente importantes, diz Dirk Gevers do Instituto Broad, em Cambridge, Massachusetts, que realizou a maior parte do trabalho. "Houve uma mudança no ecossistema, que afeta ambos os tipos."
Mas essas diferenças foram encontradas principalmente nas amostras de biópsia; não havia muitas diferenças entre as fezes de doentes de Crohn e ao grupo que foi controlado. “Neste estágio inicial da doença”, a disbiose parece não ter atingido o banco ainda”, diz Gevers.
A disbiose era quase tão grave em biópsias do reto como naqueles da parte inferior do intestino delgado, relatou a equipe. Isso significa que, no futuro, um teste de diagnóstico da doença de Crohn pode ser baseado em um esfregaço retal simples em vez de uma colonoscopia, que é a norma corrente, Gevers diz um procedimento muito menos estressante para o paciente.
A disbiose também foi mais constatada nos pacientes que receberam antibióticos. "Este estudo confirma que essas drogas não fazem nenhum bem às pessoas com doença de Crohn", diz o gastroenterologista Séverine Vermeire da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. "Sabíamos que o uso de antibióticos aumenta o risco de desenvolver a doença, mas agora sabemos que eles podem piorá-la, também."
Os resultados são "sinais de diagnósticos muito encorajadores", acrescenta Pierre Rimbaud, médico-chefe da Enterome, uma empresa com sede em Paris que está desenvolvendo diagnósticos à base de microbiota. Mas ele ressalta que o estudo ainda não mostra se a disbiose é a causa ou o efeito da inflamação observada na doença de Crohn. Gevers concorda que os cientistas podem inocular camundongos que foram levantados em um ambiente completamente estéril, permitindo-lhe testar o efeito de espécies microbianas individuais. Um desses micróbios, Faecalibacterium prausnitzii, foi anteriormente descrito como uma espécie de anti-inflamatórios, que pode tornar-se um probiótico para o tratamento da DII.
Vermeire diz que é uma "oportunidade perdida", e que os pesquisadores não olham para as dietas dos pacientes. "Isso poderia ter ajudado a elucidar por que essa doença ocorre muito mais no mundo ocidental do que em outros lugares." Em 2011, o grupo de Vermeire publicou um estudo mostrando que os familiares saudáveis ??de pacientes com doença de Crohn sofrem de uma ligeira disbiose também. Vermeire está convencido de que mesmo nessas famílias a doença não é genética, mas alguns fatores de estilo de vida que faz com que o fenômeno aconteça. "Se pudéssemos identificar a disbiose em um estágio inicial, nós saberíamos os fatores causais", diz ela, "nós poderíamos prevenir a ocorrência da doença em provocar mudanças no estilo de vida.”.
TODO SE VENDE,TODO SE COMPRA,TODO TIENE PRECIO EN EL CAPITALISMO
Cinco detenidos en el primer caso de venta de órganos detectado en España
Un rico político libanés ofreció 40.000 euros a inmigrantes irregulares por una parte de su hígado
Una ONG de Valencia denunció esta operación frustrada
Anuncios y turismo sanitario
La Organización Nacional de Trasplantes ha dado la voz de alarma otras veces en casos relacionados con algún tipo de lucro en torno a la donación de órganos. El año 2013, denunció ante la Guardia Civil que se estaban anunciando en distintos portales de Internet la venta de órganos humanos.Las autoridades investigaron el asunto y solicitaron a la página web que albergaba esta publicidad que la retirara. Alguna de estas ofertas eran realizadas por personas de entre 20 y 50 años que se mostraban dispuestas a vender un riñón o un trozo de hígado por 60.000 euros.
En aquel momento, la ONT y el Ministerio del Interior coincidieron en que era muy difícil que la venta de órganos pudiera materializarse en España, teniendo en cuenta los controles legales y sanitarios.
Tampoco es frecuente en España —líder mundial en trasplantes y donaciones— el turismo sanitario para someterse a estas intervenciones.
Sin embargo, las autoridades han detectado a media docena de personas que han sido trasplantadas en el extranjero, la mayoría en China. Es el caso de Óscar Garay, que fue denunciado por la ONT por “promoción y publicitación de la obtención o el tráfico ilegal de órganos o el trasplante de los mismos”.
Garay, con un carcinoma avanzado y una hepatitis C, dio a conocer su historia en marzo de 2010 en un reportaje en EL PAÍS, en el que contó cómo, tras ser rechazado para entrar en lista de espera en España porque no reunir las condiciones adecuadas, fue a China donde, tras pagar 130.000 euros, consiguió que le trasplantaran un hígado.
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