la lucha por un trato digno en los partos
Violencia obstétrica, la última batalla feminista: "Nos cortan vaginas sin permiso”
Crecen las reclamaciones que exigen a los ginecólogos un trato digno durante el seguimiento del embarazo y el parto. “Nos tratan como a niñas e imponen tratamientos que no queremos”
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El pasado mes de junio, Susana valoró las opciones que tenía para dar a luz. Convencida de que tenía la norma de su parte, acudió al Hospital de la Ribera (público de gestión privada en Alzira, Valencia) con su propio plan de parto, siguiendo las recomendaciones que marca la Estrategia de Atención al Parto Normal de la Comunidad Valenciana, un catálogo de instrucciones que emanan a su vez de una guía del Ministerio de Sanidad para garantizar la calidad asistencial y emocional en el momento de dar a luz. Según explica esta paciente en su relato, trasladado a El Confidencial a través de su abogada para preservar su identidad, la respuesta del centro sanitario le produjo “literalmente terror”.
“Me imponían a la fuerza intervenciones que podían afectar de forma grave a mi salud, como la episiotomía, dejándola ‘a criterio del ginecólogo’ y violando mi derecho fundamental a prestar mi consentimiento informado. Hasta me indicó por escrito que los tactos vaginales me los harían si ellos querían o que los estudiantes y residentes entrarían en mi parto si ellos así lo consideraban, lo que incumple la ley”, señala.
Susana acabó haciendo “turismo obstétrico”. Buscó otro hospital en la Comunidad Valenciana en el que le garantizasen por escrito el cumplimiento de su plan de parto y dio allí a luz a su hijo.
Hay una cantidad enorme de violencia obstétrica pegada a las paredes de nuestros hospitales. Y solo parecen enterarse las madres y los bebés
“Lo que hay detrás de esto en realidad es misoginia, machismo y discriminación por razón de sexo. Se impone una infantilización: nos tratan como a niñas e imponen tratamientos que no queremos. Nos cortan las vaginas sin consentimiento”, explica Lorena Moncholí. Moncholí es una de las pocas abogadas que se han especializado en España en derecho de la maternidad. La letrada, agente de salud titulada y máster en Igualdad de Género y Bioética, cree que los centros sanitarios del sistema público están vulnerando de forma sistemática la obligación legal de ofrecer a las pacientes el consentimiento informado tanto en el seguimiento de los embarazos como en el momento del parto. Sus argumentos representan el sentir de un movimiento creciente, más extendido en países latinoamericanos como México, Argentina o Chile, y que está comenzando a emerger en España.
Para quien no lo sepa, la episiotomía es un procedimiento quirúrgico que comprende el corte del perineo (piel y músculos entre la vagina y el ano) durante el trabajo de parto para agrandar el canal vaginal. Moncholí asegura que esta “mutilación vaginal” se aplica en el 52% de los casos en los hospitales públicos españoles, a más de 150.000 mujeres al año, y que muchas veces ni siquiera se comunica a las parturientas. “Luego descubres que se acorta la distancia vaginal, que tiene afección sobre tu vida y tu salud sexual con tu pareja”.
La episiotomía no consentida es una de las formas de “violencia obstétrica” sobre las mujeres. Según denuncian tanto Moncholí como asociaciones como El Parto es Nuestro, compuesta por usuarias y usuarios de la sanidad y profesionales sanitarios que pretenden “mejorar las condiciones de atención a madres e hijos durante el embarazo, parto y posparto en España”, hay otras muchas formas de 'violencia' que se ejerce de manera habitual en los hospitales del país.
A tenor del informe más reciente (publicado en 2015, con datos de 2012) sobre atención al parto y nacimiento en el Sistema Nacional de Salud (SNS), los partos inducidos están por encima del estándar de la OMS (19,4% sobre 10%), y Moncholí denuncia que esto obedece a simples razones de planificación de horarios y personal en hospitales. Según el mismo informe, el 53% de los partos del sistema público se realiza con estimulación con oxitocina, por encima del estándar deseado, de menos del 10%.
La oxitocina sintética, según Moncholí, genera sufrimiento fetal y en casos extremos puede provocar la muerte del feto o de la madre. Es habitual también el empleo de amniotomías (rotura artificial de las membranas), las cesáreas innecesarias u “obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas”, frente al parto vertical que defienden esta abogada y asociaciones como El Parto es Nuestro. La llamada maniobra de Kristeller (empujar con puños y codos desde la parte superior de la barriga para facilitar la salida) es otra forma de violencia obstétrica para estos colectivos de mujeres. Se sigue empleando en algunos hospitales, pese a sus riesgos para la salud del bebé y de la madre.
Uso de fórceps, exceso de tactos vaginales, número de ecografías por encima de lo estrictamente necesario… “Hay una cantidad de violencia obstétrica que está pegada en las paredes de nuestros hospitales públicos como si fueran chapapote. Y nadie parece enterarse salvo madres y bebés”, denuncia Moncholí, que no duda en calificar de “ginesaurios” a muchos profesionales de la ginecología.
María, otro clienta de Moncholí que prefiere no dar su nombre real, recibió una respuesta similar a la de Susana cuando acudió con su plan de parto al Hospital de Xàtiva, de gestión pública. El jefe de servicio del departamento evitó comprometerse a cumplir con la llamada Estrategia de Atención al Parto Normal del SNS, al considerar que se trata de “recomendaciones, y no de leyes que obliguen a los profesionales implicados en el proceso”. “Lamento comunicarle que muchas de las pretensiones reflejadas en dicho documento no son asumibles por las condiciones materiales y de recursos humanos de este servicio”, admitía el jefe sanitario en una carta a la que ha tenido acceso El Confidencial. “No puedo creer la respuesta que me dio. Es un auténtico engaño”.
La ausencia de compromiso por parte del responsable del departamento de Xàtiva contradice el discurso de la consejera valenciana de Sanidad, Carmen Montón, que en un pleno del Parlamento autonómico a principios de este año aseguró que la estrategia del ministerio “está incluida en la cartera de servicios de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana con la única excepción del Hospital Clínico San Joan de Alicante”.
La intervención de Montón se produjo a raíz de un pregunta parlamentaria de la diputada de Compromís Cristina Rodríguez. “Las consecuencias del exceso de medicalización del embarazo y del parto son la pérdida de autonomía y la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos y su sexualidad. Tratando a la futura madre como a una paciente, se coarta o incluso se niega la capacidad de decidir de la mujer sobre su propio cuerpo, y su experiencia de maternidad, embarazo, parto, puerperio y lactancia, influyendo negativamente en su calidad de vida”, afirmó en sede parlamentaria. “La aplicación de oxitocina, las episiotomías y las cesáreas urgentes o programadas se han generalizado desgraciadamente en nuestros hospitales. Es una circunstancia desigual en el Estado español, donde la comparación entre comunidades autónomas deja algunas cifras que nos ponen los pelos de punta. Solo les daré un dato: si naces en Extremadura, tienes hasta cuatro veces mayor probabilidad de nacer por cesárea que si nacieras en Euskadi”, añadió.
El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Moncholí no duda situar la violencia obstétrica en el listado de agresiones contra la mujer muchas veces normalizadas por la sociedad. “Esto es como si a un hombre le hicieran una vasectomía sin avisarle. ¿A que eso no ocurre nunca, verdad?”, se pregunta.
