Aprovechando que el sindicato OTRAS, legalizado por el Gobierno, tenía previsto dar una rueda de prensa en Barcelona para defender que ejercen «un trabajo», el teniente de alcalde del Ayuntamiento, Jaume Asens, y la edil de Feminismos, Laura Pérez, explicaron que están a favor de que se permitan organizaciones laborales de prostitutas, recogiendo la postura de la propia alcaldesa sobre el asunto.El sindicato de trabajadoras sexuales que el Gobierno quiere prohibir de forma urgente después de haberlo autorizado por error recibió ayer el importante apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, que a través de dos miembros del Gobierno de Ada Colau respaldó que las prostitutas puedan tener derechos laborales y la legalización de facto de esta práctica.
Asens criticó duramente al Gobierno por querer ilegalizar el sindicato y pidió que, al contrario, impulse «su autoorganización para protegerlas de abusos». El teniente de alcalde de Colau puso además como ejemplo los sindicatos de manteros, «una actividad ilegal» que cuenta con organizaciones «que ni el PP se atrevió a ilegalizar».
Laura Pérez, por su parte, defendió que «la autoorganización de las trabajadoras sexuales no es sólo positiva desde una perspectiva de derechos laborales, sino también desde la de la lucha contra el estigma de puta, que afecta a todas las mujeres, y la lucha contra las violencias de género».
En la misma línea, el grupo en el Congreso de En Comú-Podem, el partido de Colau, dijo que prohibir este sindicato «es un paso atrás», porque es una herramienta que permite a las prostitutas «luchar contra la estigmatización, la precariedad y la marginalidad».
Opciones del Gobierno
Todas estas opiniones chocan con la doctrina feminista defendida por el Gobierno, que considera a la prostitución algo que debería abolirse y en ningún caso regularse. Ayer, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, confirmó que su intención es suprimir el sindicato cuanto antes y aseguró que no será algo difícil y que ya tienen varias opciones sobre la mesa. Pedro Sánchez, por su parte, dio su confianza a la ministra del ramo, Magdalena Valerio, pese a que ésta admitió que le habían metido «un gol» en un asunto tan relevante.
Desde Barcelona, el sindicato OTRAS acusaba mientras tanto al Gobierno de ejercer un «feminismo burgués» y lo acusaban de «no entender que es un trabajo».
El sindicato hace responsable al Gobierno de lo que consideran un doble castigo: estar dentro de un colectivo vulnerable y ser uno de los más castigados socialmente por su actividad laboral. Por eso lamentaron que Pedro Sánchez decidiese dar marcha atrás con su legalización como sindicato y pidieron la «dimisión en bloque» del Ejecutivo.
«Nos parece increíble que el presidente y la ministra de Trabajo desconozcan que el trabajo sexual es trabajo», denunciaron. Las portavoces de este sindicato,Sabrina Sánchez y Conxa Borrell, recordaron que en España no es ilegal el trabajo sexual por parte de una persona adulta y libre, ya que se conceden licencias a locales de alterne y su actividad se cuenta en el PIB.
OTRAS condenó que un Gobierno «socialista obrero» no se vuelque con que «las mujeres más castigadas socialmente» tengan derechos laborales. Las portavoces defendieron que crear un sindicato no es algo «fácil ni cómodo», pero sí necesario. Reivindicaron igualmente que para su colectivo los derechos laborales son «pura utopía» y buscan regular su actividad para obtener derechos básicos, como son las bajas, el sueldo fijo, las vacaciones o la jubilación.
