U20: de la vergüenza al orgullo
Si el censo hubiera preguntado a la ciudadanía cuál es el peor lugar del mundo, la abrumadora mayoría haría que el trono se disputara entre un penal y un manicomio. Pero si las unidades penitenciarias para reclusos con trastornos psiquiátricos fueran más conocidas, sin duda serían las estrellas del ranking de sitios menos queridos.
Sin embargo, en una institución como ésa se lleva adelante el trabajo que un equipo de jóvenes eminencias realiza a pulmón, en el marco de un proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia, en conjunto con el Servicio Penitenciario Federal (SPF), y que está dando de qué hablar. Aquí y en el mundo.
Al fondo del predio del Hospital Nacional José Tiburcio Borda, el neuropsiquiátrico de Barracas, hay una especie de fuerte. Sólo una de sus paredes no es toda blanca, la que tiene el símbolo del Servicio Penitenciario, debajo del que puede leerse “Unidad Nro. 20”, a pesar de las señoras que, todas con bolsas en las manos, esperan la hora de visita.
La U20, como la llaman comúnmente, es uno de los pocos penales de reclusión para quienes han cometido un delito y padecen trastornos mentales severos. Hoy, el nivel de alojamientos se mantiene por debajo de su capacidad de 107 camas, el equipo de profesionales asciende a 53, las admisiones están controladas, la atención es personalizada, las pautas internacionales previstas en salud y derechos humanos se cumplen y los tratamientos son distintos de simples cócteles de pastillas.
Antes y después. Hoy es así, pero hoy, que hace tres años el proyecto de reforma de la U20, a cargo del especialista Luis Ohman, está funcionando. Y que las autoridades penitenciarias comparten la dirección del penal con el sector civil. Hoy se puede decir que “es una experiencia única en la Argentina y en América latina. Una reforma radical. Cuyo eje está en que el dispositivo penitenciario tiene la dirección del penal y lo relativo a la seguridad, y el dispositivo civil, todo el marco del proyecto de reforma, dentro de un proceso general que emprendió el Servicio Penitenciario Federal”, como dice Ohman, porque “se empieza a ver, como parte de la política de Derechos Humanos de este Gobierno, una concepción tendiente a instalar una conducción civil de la institución”.
Pero, antes, no se podía ni hablar de esta unidad. Antes, cuando el Cels publicó el informe en 2005 con los resultados de la investigación que hizo junto al Mdri (Mental Disability Rights International) en la unidad psiquiátrica, y que reveló la grave violación a los derechos humanos padecida por los internos. Antes, cuando el lugar tenía camas para recibir a 90 reclusos y había 130. “Llegó a haber aquí 170 internados con 85 camas y cuando nosotros llegamos eran 140”, dice Ohman. Cuando la situación salió a la luz y preocupó a la Corte Suprema, el alto tribunal designó un comité ad honórem para hacer un relevamiento institucional, que encabezó Ohman. El informe confirmó la situación denunciada por los organismos de DD.HH. y sumó aspectos. La unidad psiquiátrica no estaba dirigida por un psiquiatra y sólo contaba con tres de ellos para toda la superpoblación. Gran cantidad de internados como enfermos psiquiátricos no lo eran, sino que padecían adicciones a sustancias y habían sido derivados allí por la Justicia.
Antes, también se encontraron los abusos de medicación y de aislamiento que suplían a la contención de los profesionales. Antes, cuando el lugar estaba lleno de lo que llaman CIT (celdas individuales de tratamiento), en alusión a los cuartuchos herméticos de 2 por 1 en que eran confinados los internos, a veces durante meses. Ahora existen los Soep, de evaluación y orientación, con ventilación, vidrio, cámaras, aire acondicionado, y donde no pasan más de 72 horas.
Hoy, cada uno “tiene un equipo fijo de profesionales tratantes, cada paciente tiene un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, que lo atiende habitualmente, más allá de los pedidos de audiencia, que es la modalidad habitual en estas unidades”, relata uno de los coordinadores de psicología, Fernando Matteo Bertolozzi. “Los psicólogos los entrevistamos dos veces por semana, los psiquiatras una, Trabajo Social tiene menos frecuencia, pero los convocamos, tratamos de poner días fijos para que puedan esperar el que les toca, en el que van a ser atendidos”, detalla.
Hoy, los organismos de DD.HH. que hace cinco años denunciaban a la U20, hacen público su apoyo y su reconocimiento. La Suprema Corte, la Defensoría de la Nación y la ONU.
Antes no, por ejemplo, porque “una persona permaneció seis meses desnuda, en un lugar en que no había ni baño, con el diagnóstico de simulación”, evoca Ohman, y explica que ello pudo suceder porque “bajo la idea de peligrosidad se concibe un mecanismo de neutralización y de clausura de la persona”.
Peligrosos o vulnerables. Antes, la línea de pensamiento que predominaba en general y en particular era otra, única y perduró por muchos años. Para colmo, resultó ideal para la política de exclusión y abandono como la que hubo desde el menemismo hasta el 2003. Las nuevas líneas de pensamiento emergentes en el campo político, en el de la Justicia y los DD.HH., también emergieron en la psiquiatría. “Se tiende a generalizar y a veces se piensa que hay una sola psiquiatría, y que es ‘peligrosista’. No es así, ni acá ni en muchos otros lados, hay una psiquiatría democrática que viene construyendo una psiquiatría de vulnerabilidad”, esclarece Ohman.
“La psiquiatría de peligrosidad, aislación sanitaria, racista, tiene que ver con el nacimiento de esta disciplina y con todo lo que fue la psiquiatría argentina en su etapa fundacional”, enseña el especialista, a la vez que advierte que esa concepción aún “se prolonga, por ejemplo, en las pericias forenses y en los dictámenes. No es nada que hayamos inventado nosotros, y hay un montón de psiquiatras y médicos forenses que tienen una fuerte convicción democrática que han dado por terminada la idea de la peligrosidad. Fallos de la Corte Interamericana y de nuestra Corte han dado por terminada esa categoría. Todos deberían acatar.”
La parte de la reforma que le toca a las instituciones de seguridad para la democratización, es la conducción civil o compartida. Miguel González es el jefe por parte del Servicio Penitenciario, coincide con Ohman y los coordinadores en que la relación entre civiles y uniformados es buena. Una presunción personal es que minimizan la tensión. O la dejaron atrás de las nuevas necesidades. González tiene a su cargo los 107 alojamientos de la U20 más un anexo con capacidad para otros 45. Así y todo, sabe que no es suficiente. “Es la única unidad psiquiátrica” de varones del SPF, y recibe “internos derivados de Tribunales, comisarías, por orden de los juzgados, y también de las unidades nuestras. “Hemos llegado a tener 107 internados, la capacidad máxima, y cuatro o cinco más en Tribunales, en lista de espera”, confiesa, y suma otra coincidencia con los civiles “queremos hacer ver a todo el mundo que necesitamos un lugar más amplio, porque no damos abasto”, dice el director policial.
El proyecto le debe su éxito a un esfuerzo compartido, la vocación de los profesionales, la responsabilidad del SPF, las convicciones de Ohman y, como remarca el especialista, también a la “firme decisión política”. Porque nació con el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne, fue impulsado por Aníbal Fernández, cuando era el titular de esa cartera, y continúa ahora con el respaldo de Julio Alak. Sobre todo, Ohman rescata al titular del área de que depende, el secretario de Seguridad Interior, Héctor Masquelet.
Hoy, la contracara del éxito del proyecto son los problemas edilicios, su capacidad y las causas de que haya médicos sin cobrar hace 12 meses. Para Ohman “hay que fundar un hospital psiquiátrico penitenciario, en espacios diferentes, porque esto tiene 150 años. Planteamos al ministro Alak para que también le diga a Manzur, su par de Salud, que hay que fundar una institución para la atención de inimputables, que no deberían estar presos”.
