Uno de los lectores habituales del blog, Mariano Almudévar, médico psiquiatra, me envía un artículo que por su interés reproduzco.
En los últimos tiempos observamos una corriente de opinión que parece responsabilizar al paciente por el “mal uso” o el “buen uso” de las medicinas y que intenta alegar que el aumento del gasto en medicamentos produce una disminución de los ingresos hospitalarios. Pero ignora por ejemplo estudios en varios países desarrollados, que indican que un alto porcentaje de ingresos en salas generales de hospitales (hasta el 36% en uno de ellos) se deben a “actos médicos” mayormente trastornos iatrogénicos (producidos por medicinas). Un estudio francés mantenido durante varios años, muestra que hasta un 11% de ingresos a la unidad de cuidados intensivos, con un 13% de ellos teniendo desenlaces fatales, eran debidos a esos trastornos iatrogénicos. No hay referencias en esos estudios de que la “irresponsabilidad” del paciente sea el principal factor en los ingresos pero si de que las buenas prácticas prescriptivas y de seguimiento hubieran podido prevenir un buen porcentaje de ellos.
Es llamativo también que la llamada ley de los “diminishing returns” (“ ganancias decrecientes”) sea invocada a veces por aquellos que critican los controles del gasto farmacéutico pero que se olvidan de aplicarla para los incrementos del mismo gasto, cuando esta ley se ha demostrado operativa en tan variadas especialidades como obstetricia, gastroenterología y psiquiatría. Con respecto a esta última especialidad la existencia de “ventanas terapéuticas”, (efectividad del medicamento dentro de límites en la dosificación y/o temporales) se ignora con demasiada frecuencia, lo que lleva a rutinarios incrementos de la dosis o a la polifarmacia con resultados que raramente justifican el gasto y que a veces son dañinos.
Es por todo esto por lo que hay que dar mucha importancia a herramientas tales como los “cataloguiños”, así como hay que dársela a farmacéuticos que siendo absolutamente independientes de las dinámicas comerciales y trabajando en un ámbito puramente público, sean capaces de examinar críticamente los efectos y precios de las medicinas e informar tanto a los facultativos que las prescriben como a los gestores y políticos encargados de racionalizar ese gasto. Sin esto, intervenciones tales como la limitación a genéricos, serán pronto obviadas por una industria que se diga lo que se diga está dominada por gigantescas compañías cuyas motivaciones y métodos incluyen algunos que nada tienen que ver con la investigación científica o la sanidad pública.
Parece ser que la sanidad española tiene uno de los presupuestos más bajos del mundo desarrollado y aun así tiene a muy pocos países por delante en eficiencia o efectividad. Pero hay problemas. Es necesario un aumento del presupuesto sanitario pero no necesariamente en los crecimientos de las facturaciones de farmacia. Tales crecimientos, proyectados por las grandes corporaciones internacionales para sus accionistas, no van a solucionar esos problemas sino que los multiplicarán. Y en absoluto el hacer inversiones para costear crecimientos de gasto farmacéutico será la mejor manera de crear empleo en nuestra sanidad.
