sábado, 15 de marzo de 2014

Torta, chongo, bollera,marimacho o lesbiana: ser lo que quieras

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Por Noelia Leiva
La visibilización lésbica es una causa política que tuvo su espacio de acción en jornadas que se realizaron el fin de semana último. Recordaron a Pepa Gaitán, asesinada por amar a otra mujer. El puño está en alto para que nadie ni nada defina qué se es.

“Incluir” y “aceptar” son términos políticamente correctos de la perspectiva que aboga por la diversidad sexual ¿Pero qué hay que tolerar y desde donde? Para erradicar la barrera de lo “natural” desde donde se mira para dar la bienvenida a lo supuestamente distinto, jornadas de visibilización lésbica en todo el país reclamaron la equidad de derechos. Las militantes denunciaron la violencia física más evidente, como la que atravesó Natalia “Pepa” Gaitán, asesinada por tener novia. Pero también, la sutil que se cuela por los poros de la cultura heteronormativa.
Pese a las conquistas que logró el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queers (Lgbtiq), en la calle todavía cuesta no pensar que el punto de partida es ser hombre o mujer, y que ‘todo lo demás’ constituye variantes. Y que a la mayoría de las personas les gusta alguien de otro género, pero hay que sumar a la vida social a quienes no. En algunos espacios de la comunidad donde la lectura fue permeable a las nuevas luchas todavía hay rastros de una mirada dicotómica de ‘nene-nena’. Pero el peso de los mandatos es mayor cuando ni siquiera se alcanzó a ese punto y el rechazo se convierte en golpes.
Si viviera, Pepa Gaitán podría dar cuenta de qué es ser segregada por ser lesbiana, pero fue asesinada a quemarropa en 2010 por Daniel Torres, padrastro de Dayana Sánchez, su novia. Lo inexplicable de la violencia más extrema suena más descabellado cuando se revisa, en el proceso judicial, la estrategia de la defensa que pretendía instalar a la víctima como una “mujer que daba miedo” por salirse del encuadre patriarcal de ser apacible y entregada a una relación monogámica con un varón. En nombre de ella se realizaron jornadas en la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca y Córdoba.
“Es muy inteligente y estratégico que se hable de visibilidad lésbica como consigna y que no se pida ‘paremos la lesbofobia’. Es un problema de violencia, no una enfermedad” individual, mencionaron a Marcha desde Desobediencia y Felicidad, un colectivo que realiza acciones anónimas en defensa de los derechos de las mujeres y las identidades disidentes. Ese llamado a nombrar las acciones por su nombre se instaló en la plaza porteña ubicada frente al Congreso nacional el 7 de marzo último, donde hubo música feminista y alternativa, más una radio abierta en la que organizaciones defendieron sus ideas de rebelión contra el patriarcado, en la cuarta jornada consecutiva con esa consigna.
Pepa fue símbolo también en Bahía Blanca y en Córdoba capital, de donde era. Allí una ordenanza municipal instaló en 2011 el Día de Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Las actividades duraron 48 horas y fueron acompañados por la familia Gaitán- Vázquez. “Es un caso importantísimo para nuestra comunidad y la sociedad en su conjunto porque visibiliza una serie de violencias que sufrimos las mujeres lesbianas en esta sociedad machista y heterosexista. En segundo término, porque sucedió el mismo año de la sanción del matrimonio igualitario, lo que demuestra que no bastará con buenas leyes para combatir la discriminación y los crímenes de odio”, entendió Verónica Castro desde Devenir Diverse, una de las organizadoras de las jornadas de visibilización en las sierras.
“Me nombro lesbiana siempre que veo que hay un contexto hostil hacia nosotras pero no comparto que haya una tensión identitaria entre lesbiana y mujer”, plantearon, a su turno, desde Desobediencia y Felicidad, que ‘stencilió’ remeras durante la actividad porteña. “Hay diferentes formas de habitarnos como mujeres. No decirme mujer lo sentiría como misógino pero reivindico otras formas de ser mujeres, sino sería dar por vencedor al discurso patriarcal”, enfatizó.
¡Ay, Andrea! ¡Hacete tortillera!
Aunque lo que da cuerpo a la fecha es una muerte provocada por un ‘heteromacho’, en las jornadas hay música, baile y risas. Es que también se trata de desestructurar el lugar tradicional del duelo –con su llorona paciente- en una movilización que busca romper las estructuras patriarcales opresivas. En Congreso, hubo música alternativa. Las Conchudas, una banda que empezó a gestarse hace dos años en un Encuentro Nacional de Mujeres, aportó cumbia con lenguaje propio: antídoto contra la opresión simbólica. Los temas que amaban bailar pero que eran violentos en sus letras sonaron en la plaza con otras palabras, las que convocan a que cada una se sienta en libertad de ser. “Ay, Andrea/¡hacete tortillera! /‘ Ay, Andrea / ¡Hacete feminista! / ¡Ay, Andrea!/ Seguí tu corazón”, cantan las seis.
“No hay nadie por fuera de cada una que marque nuestra sexualidad, la persona con la que tenemos ganas de construir. Y al que no le guste, que se vaya a Marte, porque ya no hay lugar en el mundo donde pueda tolerarse” la discriminación, planteó Lola, la percusionista del equipo. Que el sistema les diga a las niñas, adolescentes y adultas qué y cómo entenderse responde a la lógica capitalista de aplicar etiquetas porque “alguien que se sale de lo normativo ya no es parte de lo homogéneo y no es fácil de manejar”, consideró.
Por eso las lesbianas molestan y son invisibilizadas: se corren de lo que la matriz machista espera de ellas en tanto mujeres. “Y si sos pobre, es mucho peor”, denunció. La maternidad opera como excluyente de lo que es o no sinónimo de ‘ella’. Se estableció que las sujetas “vinieron al mundo para reproducir, no pueden elegir ser madre o no. Si no lo son, no resultan ‘productivas’”, analizó.
Una vez más, la categoría que define a lo políticamente señalado como ‘diverso’ puede servir para tranquilizar a quienes no se sienten parte porque así sintetizado ese colectivo tiene un espacio vital, parámetros, vidas capaces de ser conocidas. El temor que brinda lo no sabido puede irse si eso diferente tiene nombre. “Me defino lesbiana por una decisión política, para levantar la bandera de esa lucha. Pero en realidad no me defino nada, no tengo por qué. Es la sociedad la que lo necesita”, apuntó Lola.
Para comenzar, ponerle nombre tiene el sentido de recuperar los derechos, como el de vivir, que le arrancaron a Pepa. La lucha continúa para que, algún día, ya no haya que dar ni esperar descripciones.

las ricas quieren tener el chocho estrechito...

Las cesáreas en España: un problema en femenino plural

El abordaje sanitario de la última década de los procesos reproductivos no es más que una expresión reformulada de la falta de control de la mujer sobre su reproducción
.Uno de cada cuatro (24.9%) partos que se realiza en España se lleva a cabo por cesárea. Esta cifra es un 10% superior a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad afirma que este “exceso” de cesáreas no se debe a condiciones clínicas de las mujeres o sus fetos, sino al estilo de práctica clínica llevado a cabo en nuestro país.
Traduciendo estas cifras, esto quiere decir que 2 de cada 5 mujeres sometidas a cesárea tal vez no tendrían por qué pasar por ese proceso, así como podrían evitar la exposición a los riesgos de complicaciones derivados de dicha intervención quirúrgica (porque sí, una cesárea no es sino una cirugía).
Habitualmente, cuando se trata este problema se alude a una serie de causas comunes: incremento de la edad materna, aumento de cesáreas por haber sufrido una cesárea previa, preferencias de la mujer en ciertos niveles sociales por percepción –errónea- de mayor seguridad, auge de la medicina defensiva como respuesta a la judicialización de la práctica clínica… Sin embargo, hay dos factores importantes que no se suelen contemplar y cuya comprensión es clave para dejar de concebir este asunto como una anécdota y pasar a darle la categoría de problema de salud (o incluso, vista su magnitud, de salud pública).
Por un lado, los modelos de prestación de servicios sanitarios pueden hacer que existan incentivos para la práctica de cesáreas con respecto a partos vaginales; se ha demostrado en  diversos estudios (y los  datos de nuestro país lo apoyan) que los centros privados presentan una mayor tasa de cesáreas que los centros públicos, lo cual se debe no sólo al hecho de que el obstetra tienda a adecuar el parto de la mujer a aspectos relacionados con su disponibilidad laboral, sino también a que la medicalización del parto es mucho más intensa en los centros privados, sin que ello se corresponda con mejores resultados de salud para la madre o el recién nacido; esto se ha visto de forma clara en  un estudio italiano publicado recientemente, donde se observó que las mujeres que llevaron un seguimiento del embarazo en centros privados tenían una mayor medicalización y tecnificación del embarazo y el parto sin que ello redundara en ningún resultado positivo en salud;  estudios similares en nuestro país afirman que el factor sociodemográfico y de utilización de servicios más decisivo a la hora de ser sometida a una cesárea es el ser atendida en un centro privado. 
El otro aspecto fundamental, y estrechamente ligado al anterior, es la concepción de la mujer como “combustible” del sistema sanitario. Son múltiples los ejemplos en los que la mujer se convierte en  objeto (nunca sujeto) de la medicalización, y el caso del parto es quizá el más paradigmático. Un proceso –el embarazo y el parto- que, con los adecuados controles sanitarios (de enfermería y medicina) debería concluir en un 85% de los casos en un parto vaginal, mayoritariamente sin complicaciones, se convierte en un proceso quirúrgico en cuya indicación raramente participa la mujer –deja de ser sujeto- y que comporta unos riesgos clínicos así como un aumento de los costes del proceso.
¿Por qué no se percibe el incremento de cirugías –cesáreas- como algo alarmantemente negativo por parte de la población? Muy probablemente un aspecto clave sea la persistencia de la concepción de las decisiones médicas como intrínsecamente beneficiosas e infalibles para nuestra salud, para la salud de la mujer en este caso. Por ello, comprender que a) existen condiciones estructurales y de organización que fomentan un tipo de parto sobremedicalizado (es importante insistir en que no defendemos desde aquí la ausencia de seguimiento médico del embarazo y el parto, sino que hablamos de la sobremedicalización nociva para mujer e hijo o hija) y b) la mujer se ha convertido, en los modelos actuales de práctica clínica, en el combustible de un sistema que necesita de ella –como objeto- para seguir creciendo.
Parafraseando a  Silvia Federici, el control de la reproducción es un tema esencial para cualquier proceso de transformación social; el abordaje sanitario de la última década de los procesos reproductivos no es más que una expresión reformulada de la falta de control de la mujer sobre su reproducción.
Muchas Comunidades Autónomas llevan tiempo trabajando en estos aspectos, pero se hace difícil confiar en que sin concepciones más amplias del problema se vayan a conseguir cambios significativos.

ES LA ENFERMEDAD DEL DINERO

Los españoles son los ciudadanos menos felices del mundo


Para nosotros el dinero es fundamental para lograr la felicidad

«Sólo el 59% de los españoles afirma que es feliz». Esta es una de las conclusiones de un estudio internacional realizado por la empresa de mercado Ipsos entre 24 países. Comparados con otras naciones, los españoles son los ciudadanos menos felices del mundo, solo los húngaros se encuentran peor que nosotros (53%). Muy lejos de los que más y mejor sienten que la vida les sonríe: indonesios (el 92% se considera feliz), canadienses (86%), suecos (85%) y estadounidenses (84%).
Este estudio se ha realizado entrevistando a entre 500 y 1.000 personas en cada uno de los 24 países analizados. En Europa, los más felices son suecos, belgas, británicos, franceses, alemanes e italianos.
Pero, además, a los españoles son a quienes más importa el dinero para lograr la felicidad. De hecho, a nadie le sorprende, que las personas con altos ingresos económicos se sientan más felices que aquellas que tienen unas rentas medidas o bajas. También las mujeres son más felices que los hombres y los jóvenes menores de 35 años se siente mejor con su vida que aquellos mayores de esa edad..

viernes, 14 de marzo de 2014

LA SANITAT DE CATALUNYA SUMERGIDA EN LA MIERDA DE LES PESETES

Un hospital cobra 9.300 euros por evitar la lista de espera a una mujer

La paciente se operó en el mismo centro y con el mismo médico que la atendía por lo público

La Generalitat catalana estudiará si se ha incurrido en “irregularidades”

A Isabel Martínez la operaron de cadera por la privada por las listas de espera. / Josep Lluis Sellart

El hospital de El Vendrell (Tarragona) tiene una lista de espera para implantar prótesis de cadera que supera de largo los seis meses de plazo máximo que garantiza el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Pero si un paciente paga, puede saltársela. Es el caso de Isabel Navarro, vecina de Santa Oliva (Tarragona) de 66 años. No podía aguantar más el dolor y se sentía incapaz de soportar el año que los profesionales le decían que tenía por delante. Al final, accedió a pagar 9.300 euros para ser intervenida en unos días por la vía privada en el mismo hospital y por los mismos médicos que debían atenderla por la sanidad pública.
El hospital de El Vendrell es uno de los cerca de 60 hospitales catalanes que están financiados casi enteramente por la Generalitat, pero cuya gestión está en manos de Ayuntamientos, fundaciones u otras entidades públicas y privadas. El centro es propiedad de la Fundació Sant Pau i Santa Tecla y su concierto con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) le aporta el 97% de su actividad al ser el hospital de referencia para unas 100.000 personas de la comarca del Baix Penedès (Tarragona). Como muchos otros hospitales concertados de la red de atención pública —todos los catalanes menos los ocho que gestiona directamente la Generalitat—, el hospital ha visto en la doble puerta pública y privada una fórmula para aumentar sus ingresos ante los recortes.
La pesadilla de Isabel se inició a mediados de 2013, cuando empezó a sentir molestias en la cadera. Tras varias visitas, el diagnóstico fue claro: había que operar. La mujer fue incluida en la lista de espera el 11 de julio, confirmó ayer la dirección del hospital. Pero los días pasaban, la operación no llegaba y las molestias empezaban a ser insoportables. “No podía más, había momentos en los que no era capaz de moverme de la cama, y yo siempre había sido muy activa. Me gusta caminar, ir en bicicleta…”, cuenta Navarro.
“No podía más, había momentos en los que no era capaz de moverme de la cama", dice la paciente
“Primero nos dijeron que la lista de espera era de un año; después, de 14 meses... Cada vez la fecha de operación se alargaba más”, relata su hija, Virginia Moreno. Fue ella la que acudió al hospital para preguntar si, como le habían dicho, podían saltarse la espera pagando en el mismo centro. “Nos dieron un presupuesto, reunimos los ahorros de todos los hermanos y de mi madre y en menos de un mes la operaron”.
Navarro fue intervenida el 9 de diciembre por la tarde. La familia pagó 9.335 euros: 2.142 euros por una semana de hospitalización; 1.200 por el módulo en el que fue intervenida; 3.000 euros de honorarios para los facultativos y 2.800 por la prótesis, según consta en la factura.
El Departamento de Salud ha dicho este jueves a EL PAÍS que estudiará si el hospital ha podido incurrir en “irregularidades” si la paciente presenta una reclamación. Según Salud, no es irregular que un hospital financiado con fondos públicos realice actividad privada, pero sí lo es que un paciente que entra por la vía pública acabe siendo operado en el mismo centro por lo privado.
“A mi madre la operó el mismo médico, la atendieron las mismas enfermeras y la operaron en los quirófanos del mismo hospital donde se atiende por la sanidad pública”, denuncia Moreno. La dirección del centro asegura que la intervención se hizo en un “circuito diferente” y que no se retrasó ninguna intervención pública para operar a Navarro. La dirección del centro desmintió el relato de la familia al declarar que el tiempo medio de espera en el hospital para implantar una prótesis de cadera fue en 2013 de 7,3 meses.
Aunque no hay datos oficiales, muchos hospitales públicos concertados se han lanzado a ofrecer servicios privados. “Los médicos que atienden en la pública pueden incurrir en un conflicto de interés si también cobran en la privada”, afirma Carme Borrell, doctora en Salud Pública y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública. “Las instalaciones públicas no deberían hacer atención privada”, concluye. “Las listas de espera son un instrumento para empujar a los pacientes a ir a la privada”, critica Àngels Castells, de la plataforma en defensa de la sanidad pública Dempeus.
Navarro, que ya vuelve a caminar sin muletas, critica que existan estos salvoconductos en el sistema. “Toda la vida pagando la Seguridad Social y cuando tengo un problema no pueden atenderme bien. Yo he sido una afortunada, pero pienso en todas las personas que no pueden costearlo y están sufriendo”, concluye. La plataforma SICOM ha convocado este jueves una rueda de prensa en Barcelona para denunciar el caso.

Mi padre,andaluz ,decía que cuando de España quitamos trabas,no hicimos mas que cambiar moco por baba.
Habra que aplicarlo en Cataluña porque si se hacen independientes para esto,mejor que sigan como están y le echan el sanbenito a los españoles.

jueves, 13 de marzo de 2014

Uno de cada diez trasplantes en el mundo procede del tráfico ilegal

Las mafias reclutan personas en países pobres que proporciona órganos a los ricos

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La imagen impacta. Dos hileras de hombres miran a cámara con las camisetas levantadas mientras enseñan unas cicatrices alargadas en el costado. Prácticamente todos los varones de este pueblo de Filipinas han vendido un riñón por poco más de lo que cuesta un ordenador portátil. Es uno de los ejemplos que muestra un documental de la HBO sobre tráfico de órganos estrenado el año pasado. Y no es un caso aislado. “Durante mucho tiempo, Pakistán fue un lugar de compraventa. Hay pueblos enteros en los que al 90% de la población les falta un riñón porque lo han vendido”, explica José Ramón Núñez, coordinador del programa de trasplantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Como sucede con el tráfico de drogas o de armas, o con cualquier otro comercio ilegal o clandestino, las cifras son esquivas. Lo que hay son estimaciones: la OMS calcula que un 10% de los más de 100.000 trasplantes anuales en el mundo se practican con órganos procedentes del comercio ilegal. El esquema, el previsible. Los países pobres proporcionan riñones e hígados a enfermos de países ricos. “En Pakistán se compran riñones por 150.000 dólares (108.000 euros). El paquistaní que lo vende recibe 2.000; le da para vivir él y su familia durante un año”, cuenta Núñez. “Lo que más nos preocupa en la OMS es que ciudadanos de países ricos donde hay necesidad y escasez de órganos se estén aprovechando de otros donde la miseria es la norma”.
Fuentes: Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. / EL PAÍS
Porque los órganos son un bien escaso. Se calcula que hay un millón de pacientes en lista de espera en el mundo. Y los órganos disponibles cubren el 10% de las necesidades. “Hay gente que vende porque hay gente que compra”, resume Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), organismo que gestiona el registro mundial de la OMS. Compran americanos, europeos, israelitas, emiratís y “ciudadanos ricos de países no tan ricos”, explica Matesanz, que traza un mapamundi de los lugares en los que se comercia con partes del cuerpo humano: “Uno de los puntos calientes de tráfico es Oriente Medio, pero fundamentalmente Líbano, por la guerra de Siria y la catástrofe humanitaria que ha generado. Hay constancia de venta de órganos de refugiados”.
Pero en todos los continentes hay puntos calientes; bien porque la compraventa no es ilegal, bien porque se trata de países con estructuras de Estado débiles y falla el control, relata Matesanz. Bandas organizadas trasladan a los donantes entre países. “Hace años, Estambul era uno de los centros clave en riñón. Llevaban en autobús a los donantes desde Moldavia para proporcionar órganos a israelitas y europeos. Cuando las autoridades lo frenaron, el negocio pasó a Sudáfrica”. En Latinoamérica el tráfico de órganos ha descendido, añade. “En los años ochenta y noventa iban estadounidenses a comprar a países andinos, donde ya se castiga la práctica. Ahora la zona de mayor riesgo es Centroamérica y México. El negocio se traslada a los países más débiles”.
China es “un punto y aparte”, dice Matesanz, porque hasta ahora prácticamente todos sus órganos para trasplante procedían de prisioneros ejecutados. “Ha sido una de las mecas del tráfico internacional de órganos”, añade. Núñez, en la OMS, trabaja para revertirlo formando a coordinadores. Como es un problema de oferta y demanda, hay que crear oferta: “Nuestro trabajo consiste en promover sistemas de donación que proporcionen donantes. Dar soporte legislativo, organizativo y técnico para crear programas de trasplantes. El tráfico ilegal es difícil de atajar; mejor trabajar por la parte legal, para que haya órganos que colmen las necesidades”.

PRIVATIZA QUE ALGO LES QUEDA

El dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años

La privatización sanitaria tiene múltiples caminos: desde la adjudicación de hospitales hasta los conciertos para hacer pruebas diagnósticas, tratamientos o intervenciones quirúgicas
Ninguna región es ajena a la utilización de medios privados para sus redes de salud, que ya representa el 10% del gasto sanitario público español
Intervención quirúrgica en un hospital del Servicio Canario de Salud. EFE
Intervención quirúrgica en un hospital del Servicio Canario de Salud. EFE
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La sanidad pública paga cada vez más a la privada. Unos 7.600 millones de euros al año. Supone un 10,5% del gasto sanitario público que suma 72.000 millones anuales. Los datos de la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad recogen un aumento de esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 2002 a 2011.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de privatización de la sanidad y entrada de empresas en la asistencia de los ciudadanos? Las vías de trasvase de dinero público al sector sanitario privado son variadas. Cada Administración defiende su realidad y no deja de subrayar la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea ésta servida por medios propios, conciertos, convenios o concesiones a contratistas.
El Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS) ha ordenado estos gastos por comunidades autónomas y tipos de pagos desde los presupuestos de Sanidad a las empresas privadas del sector. El IDIS es una entidad que defiende la entrada de las clínicas privadas como “eje de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, según su secretario general Juan Abarca.
La comunidad autónoma que más gasta en sanidad privada es Cataluña. Su sistema sanitario trasvasa 2.450 millones de euros a clínicas cada curso, un 24,1% del gasto. Canarias destina un 10,3% de todo su presupuesto sanitario a medios privados (286 millones de euros). Madrid y Baleares están ambas por encima del 8% con 713 y 112 millones respectivamente. En Andalucía, se paga mucho a empresas privadas de sanidad (446 millones de euros), pero supone un 4,7% de todo el dinero destinado a la salud. En los últimos puestos del ránking autonómico en términos relativos están Aragón (4%), Extremadura (4,3%) y Cantabria (4,5%).
El panorama es una maraña de fórmulas de contratación, cesión, concierto y encomiendas en la que se impone una mirada pormenorizada para ver el alcance de la privatización.

Sanidad mixta catalana

En Cataluña, se puede hablar de un sistema general mixto público-privado. La Generalitat tiene convenios singulares con 31 hospitales privados para que formen parte del Sistema de Utilización Pública. Además, entre 2008 y 2014 publicó 495 concursos para el diagnóstico por imagen, las terapias respiratorias, la atención primaria o los servicios socio-sanitarios.
Este esquema obliga a las arcas públicas catalanas a aportar esos casi 2.500 millones de euros a entidades sanitarias privadas. Es cerca de la mitad, el 41,8% de todo lo que el sector público paga al privado en España. A pesar de que, desde los 1.298 euros per cápita que Sanidad invertía en 2012, el Gobierno ha rebajado la partida a 1.095 –y el consejero Boi Ruiz reconoce que la cifra ideal son 1.500 euros-, la tasa de crecimiento del pago a entidades privadas ha estado en el 2,1% anual desde 2002 a 2011.

Los contratistas entran a escena

Sin duda, la polémica y preocupación ciudadana sobre la privatización sanitaria se ha agudizado especialmente con el proceso de entrada de empresas contratistas en la gestión directa de la sanidad. Tanto con la concesión de la gestión no médica de centros como los contratos completos que asignan a empresas privadas la construcción, administración y gestión sanitaria de hospitales de la red pública. Las sociedades privadas han visto cómo su negocio se ampliaba en la red pública española en los últimos años.
La Comunidad Valenciana: es la pionera en la adjudicación integral sanitaria a contratistas. Cinco departamentos de salud están así gestionados. Seis empresas (Ribera Salud, ACS, Lubasa, Sanitas, DKV y Asisa) se reparten en diferentes porcentajes cinco hospitales de la siguiente manera:
Alzira (Ribera Salud, ACS y Lubasa): 143,4 millones al año para la asistencia de 227.000 personas; Hospital de Denia (DKV y Ribera Salud): 94,8 millones para 150.000 ciudadanos; Hospital de Torrevieja (Sanitas): 123 millones para 195.000 alicantinos; y Hospital de Vinalopó (Ribera Salud y Asisa): 101 millones.
Las asignaciones se incrementan en el mismo porcentaje que el presupuesto de Sanidad elaborado por el Gobierno regional. Valencia le ha metido un acelerón al gasto público en sanidad privada a un ritmo de crecimiento del 10,9%. Gasta 442 millones al año (un 6,6% de su presupuesto). "A la Genertalitat le viene muy bien y las concesionarias tienen que hacer verdaderos esfuerzos para que les salgan las cuentas", ha analizado el director general de IDIS, Manuel Vilches, dejando clara su visión sobre estos modelos.
Madrid: el Gobierno del PP ha impulsado las partidas de dinero público hacia medios sanitarios de empresas. Un 13,7% más de media en diez años. En 2011 se destinaron 714 millones de euros (un 8,5% del presupuesto total). El estudio de IDIS habla de "interdependencia" entre los sistemas sanitarios público y privado.
Existen cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta Leonor (de IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas, Asisa, Bankia, Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles (IDCSalud) con pago de 107,1 millones y Collado Villalba. Este último centro no ha sido puesto en marcha porque el Ejecutivo de Ignacio González considera que no puede afrontar el pago del canon, aunque sí se abona 11 millones al año en concepto de mantenimiento).
Concesiones también existen en Canarias, que en 2013 lanzó un concurso para la hemodiálisis en Gran Canaria y Lanzarote por 35 millones de euros para cinco años. Las islas son la segunda región que asigna más recursos a la sanidad privada respecto a su presupuesto: un 10,3% y 286 millones al año.

Los conciertos versus la infrautilización de medios públicos

Casi todas las administraciones sanitarias –sin importar el color político que las dirijan- conceden gran impacto a los conciertos con clínicas para llevar a cabo terapias o pruebas (en ocasiones en detrimento de los recursos directos). El 38% de las terapias de respiración en Madrid son asignadas a centros privados. En Galicia es el 23% y en Navarra el 21% del total de tratamientos de esta índole. Es un nuevo frente de lucha abierto contra la privatización sanitaria.
En el caso de Madrid, el 73% de los 48 hospitales privados de la región tienen algún tipo de acuerdo firmado con el SERCAM. La panoplia diseñada por la Consejería de Sanidad abarca múltiples disciplinas. Como se apuntaba, los enfermos respiratorios dependen en gran medida de centros privados para sus terapias (95 millones de euros en concursos entre 2008 y 2014). Se le suman, además, las pruebas diagnósticas que se derivan a la hora de hacer ecografías o mamografías. Un modelo que puede resquebrajarse en cuanto la administración no llega a acuerdos que satisfagan sus estrecheces financieras, como sucedió en 2013 cuando se detuvieron miles de mamografías del Programa de detección precoz del cáncer de mama en Madrid.
También a la hora de intentar bajar las listas de espera quirúrgicas, algunas comunidades han apostado fuerte por la derivación a hospitales de empresas. Así, en Castilla y León han llegado al 51%; en Castilla-La Mancha al 34% y en Aragón al 19% de la actividad. En Castilla y León tuvieron que regresar a estos conciertos en 2013 tras no poder gestionar las listas con los medios públicos una vez suprimidas las actividades extraordinarias de tarde en los hospitales. Igual le ocurrió a Valencia. Marcha atrás y nuevo flujo de dinero a clínicas privadas ante el atasco. En Castilla-La Mancha están recurriendo a traslados a otras regiones para intervenciones de sus pacientes.

Los convenios

El sistema de convenios es una manera habitual de que los impuestos abonen la prestación de servicios sanitarios en centros privados. El convenio hace que los ciudadanos puedan acudir a los hospitales a recibir sus tratamientos. Andalucía destaca en esta fórmula con 17 centros conveniados. Cinco de ellos pertenecen a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y seis al grupo José Manuel Pascual. También con Cruz Roja Española. 
Este sistema es el que utiliza el Partido Popular para asimilar los procesos privatizadores como el de Madrid con otras regiones. Como dijo el vicesecretario popular Carlos Floriano hace poco más de un mes, "está vigente en otras comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña". El flujo de pacientes andaluces está controlado por los hospitales públicos y sus Unidades Provinciales de Gestión.
El informe del IDIS reseña que "no se dispone de información pública en cuanto a la remuneración obtenida por parte de los grupos privados con estos convenios".  Andalucía gasta 447 millones de euros en dar cobertura pública con medios privados (un 4,7% del total). También aparecen con estas fórmulas el País Vasco, Galicia, Islas Baleares y Asturias.
La Comunidad de Madrid firmó un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz (regentada por IDCSalud) por 30 años para atender en ese hospital a población de referencia. En 2012 y 2013, Madrid le abonó más de 300 millones por cada anualidad.