Estados Unidos cerca en los tribunales a las farmacéuticas por las miles de muertes por opiáceos
Más de 400 demandas acusan a fabricantes y distribuidores de engañar sobre la adicción de los analgésicos. Las sobredosis mataron a 64.000 estadounidenses en 2016
Estados Unidos ha declarado una guerra a las compañías detrás de la sangría de muertes por el consumo de opiáceos. Más de 400 ciudades, condados y organizaciones han interpuesto una demanda conjunta contra los fabricantes y distribuidores de los potentes analgésicos. Casi todos los Estados han lanzado investigaciones a la industria farmacéutica y varios de ellos tienen previsto unirse al litigio colectivo. El Gobierno federal apoya esa hoja de ruta y no descarta presentar su propia denuncia. Se acusa a empresas gigantescas de publicidad engañosa y de ocultar a los consumidores el potencial de adicción de las pastillas de opiáceos. De ser cómplices de una feroz epidemia que abruma a EE UU: cada día mueren por sobredosis más de 150 personas. El proceso evoca la ofensiva judicial en los años noventa contra los gigantes de la industria del tabaco.
Polster, de 66 años, ha optado por un enfoque heterodoxo desde que en diciembre una comisión judicial decidió agrupar en su tribunal casi todos los litigios en EE UU relacionados con las prescripciones de opiáceos. El juez ha comunicado a las partes de que su objetivo es lograr un acuerdo en vez de iniciar un largo y agresivo juicio, lo que ha soliviantado a la defensa de los grandes fabricantes, distribuidores y vendedores de fármacos. La estrategia se ha comparado con el acuerdo de 1998 que llevó a las grandes tabacaleras a pagar una compensación millonaria (206.000 millones de dólares) por los efectos nocivos del tabaco. El pacto también incluyó prohibiciones a la publicidad de cigarrillos y advertencias públicas sobre sus riesgos para la salud.“Es una crisis, es una epidemia. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo siente, así que creo que todos debemos empezar a trabajar conjuntamente”, dice en una entrevista telefónica el juez Dan Aaron Polster. Temido por las poderosas compañías farmacéuticas. Admirado por quienes conocen de primera mano la sangría de muertes por el consumo de opiáceos. Polster tiene uno de los trabajos más difíciles de EE UU. En su mesa en el juzgado federal del Distrito Norte de Ohio, en Cleveland, se acumulan 434 demandas contra la industria. “Mi objetivo es cambiar la trayectoria de esta crisis. No dije que fuera o fuéramos a solucionarla este año pero tenemos que dar algunos pasos. Más gente se está volviendo adicta. Es inaceptable”, clama.
Las estadísticas son escalofriantes. En 2016, el último año con cifras completas, murieron alrededor de 64.000 estadounidenses por sobredosis. Tres cuartas partes fueron provocadas por el abuso de pastillas analgésicas, heroína o fentanilo. Los récords se rompen año tras año. La estimación provisional de 2017 alcanza las 66.000 muertes. Para hacerse una idea del alcance del drama, más de 58.000 estadounidenses fallecieron en toda la Guerra de Vietnam, 55.000 lo hicieron en accidentes de coche en 1972, un año récord, o 43.000 durante el pico de la epidemia de Sida en 1995. La crisis de los opiáceos ha costado al Gobierno estadounidense cerca de un billón de dólares desde 2001.
Las muertes por sobredosis de heroína se triplicaron entre 2010 y 2014 en EE UU. Alrededor de 435.000 ciudadanos aseguran haber consumido la droga en los últimos 30 días, según las encuestas disponibles. De fondo, subyace una poderosa conexión entre fármacos y heroína. Cuatro de cada cinco nuevos consumidores de heroína aseguran haber abusado antes de pastillas contra el dolor. Cuando se quedan sin recetas para comprarlas, la desesperación les lleva a pincharse. Y muchas miradas apuntan a la actuación de médicos, farmacéuticos y dispensarios: en 1992, se prescribieron 79 millones de recetas de opiáceos en el país, en 2012 fueron 217 millones.
El Gobierno de Donald Trump ha declarado la crisis de los opiáceos una emergencia de salud pública. Y el juez Polster apunta a la raíz de la tragedia. Su objetivo es lograr soluciones tangibles a corto plazo que no solo impliquen compensaciones económicas sino transformaciones en el sector. “Cuando das algunos pasos luego puedas dar otros más. En general, así es cómo uno soluciona un problema muy complejo. No te quedas sentado esperando a que alguien haya encontrado una gran solución para todo”, esgrime.
La presión ante una industria vigorosa pero que se sabe en el ojo del huracán está empezando a dar frutos. A los 10 días de una de las sesiones judiciales, Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, el más conocido de los opiáceos, anunció en febrero que dejaba de promocionar sus pastillas a médicos y recortaba por la mitad su equipo comercial.
Greg Williams, vicepresidente de Facing Addiction, una organización que ayuda a adictos, lo considera un paso insuficiente. “Ellos y otros fabricantes y distribuidores de opiáceos deben a nuestras comunidades miles de millones de dólares en reparación”, sostiene. “Necesitamos financiación para educación pública, profesionales de la salud, prevención y tratamiento”.
Anna Lembke, una experta en adicciones de la Universidad de Stanford que ha comparecido ante el juez de Cleveland, coincide en que el anuncio de Purdue supone una “gota en el océano” del conjunto de la crisis de los opiáceos. Pero subraya que “simbólicamente es muy importante” porque encarna, tras años negándolo, una admisión implícita de la farmacéutica de su impacto sobre qué recetan los doctores.
En la megacausa judicial, se acusa a Purdue y a otros fabricantes, como Johnson & Johnson, de publicitar durante años sus opioáceos pese a conocer perfectamente su potencial adictivo. A las compañías distribuidoras se las denuncia por enviar cantidades ingentes de fármacos sin avisar a las autoridades; y a las farmacéuticas de no advertir lo suficiente a los pacientes del producto que estaban comprando.
Todos alegan que los fármacos han sido autorizados por el Gobierno y que son los médicos quienes los recetan. Sin embargo, los críticos argumentan que no se informa suficientemente a los doctores sobre los riesgos. Y las compañías han financiado a lobbies médicos que minimizaban los posibles problemas de las pastillas, según un informe del Senado.
De hecho, Purdue se declaró culpable en 2007 ante un juez federal de engañar a médicos y pacientes sobre el riesgo de adicción y el potencial de abuso de OxyContin tras una investigación que terminó en 2001. Pagó una multa de 600 millones de dólares. El diario Los Angeles Times reveló en 2016 que, durante dos décadas, Purdue conocía que su fármaco podía tener un efecto más corto del anunciado, lo que aviva el riesgo de adicción, pero lo ocultó para no perder cuota de mercado. OxyContin supone el 80% de las ventas de la compañía por un valor de 1.700 millones de dólares en 2017.
Un portavoz de Purdue no contestó a las preguntas de este periódico.
La farmacéutica se ha embarcado en las últimas semanas en una campaña para tratar de mejorar su imagen. Ha publicado anuncios en los principales diarios, ha hablado de una “responsabilidad en unirse a la lucha” contra la epidemia de opiáceos y ha asegurado que hay demasiadas pastillas entre la población. Purdue también ha promovido en algunos Estados el uso de productos que palian sobredosis, el desecho de fármacos y ha hecho campañas de información sobre adicción.
La compañía, sin embargo, ha rechazado la reclamación de algunos de los demandantes de dejar de vender su versión más fuerte de OxyContin y los expertos advierten de que sigue publicitando su fármaco en otros países.
Lembke enfatiza que la solución a la adicción rampante de opiáceos llevará “años sino décadas en llegar”. Pide actuar en múltiples ámbitos, más allá de atajar la influencia del sector farmacéutico, y abordar asuntos incómodos, como lo que llama “medicalización de la pobreza” o la estigmatización del dolor, que contribuyó a que a partir de los años noventa proliferaran las prescripciones de opiáceos ideadas contra las dolencias crónicas. Lo que nadie imaginaba es que de esa intención inicial se pasaría a la pesadilla actual.
LA POLÉMICA FAMILIA DE PATRONOS ARTÍSTICOS DETRÁS DE OXYCONTIN
Los orígenes de Purdue Pharma, el fabricante del opiáceo OxyContin, están en una pequeña compañía científica impulsado por la familia Sackler. Los Sackler son conocidos por su riqueza y sus generosas donaciones a museos y universidades. Pero en los últimos años la epidemia de muertes por consumo de opiáceos los ha colocado ante un espejo incómodo. Por ejemplo, la fotógrafa Nan Goldin, una antigua víctima de la adicción de OxyContin, lideró el pasado fin de semana una protesta en un ala del museo Metropolitan de Nueva York que lleva el nombre de la familia. Los manifestantes exhibieron carteles, como “Vergüenza en los Sackler”, y otros que pedían que el clan financie programas de rehabilitación.
Los herederos de Arthur Sackler aseguran que él murió antes de que se desarrollara OxyContin y que ellos no se han beneficiado económicamente del fármaco. Pero una de las hijas, Elizabeth Sackler, ha elogiado el activismo de Goldin y ha considerado “moralmente aberrante” el papel de Purdue en la crisis de los opioáceos.
