Hay un mantra neoliberal que identifica la sanidad pública con ineficiencia y derroche, y que asegura que dejarla en manos de la iniciativa privada optimiza automáticamente su gestión y reduce sus costes como por arte de magia. Pues va a ser que no. Al menos si sigue al detalle el caso de la clínica Povisa de Vigo, el mayor hospital privado de España y que nutre buena parte de su negocio gracias a los más de 75 millones de euros que percibe cada año de la Xunta de Galicia por tratar a pacientes del Servicio Galego de Saúde (Sergas).
Povisa –acrónimo de Policlínica de Vigo Sociedad Anónima-, propiedad del grupo de empresas del naviero José Baltasar Silveira Cañizares, está el borde de la quiebra. La semana pasada acudió al juzgado para declararse en preconcurso de acreedores, una figura contemplada en la Ley Concursal que permite a una empresa darse tres meses de plazo para renegociar sus deudas y evitar la obligación legal de reconocerse insolvente por no poder afrontarlas. En el hospital, con más de medio millar de camas, trabajan más de 1.500 personas. De ellos 270 son médicos y cerca de 500, enfermeros, enfermeras y técnicos y técnicas sanitarias.
Povisa es uno de los mejores ejemplos de cómo ese mantra que identifica sanidad privada con menores costes y mejor gestión ha ido avanzando lentamente en el modelo sanitario español. Porque, al contrario de otras fórmulas que camuflan la deriva de pacientes a clínicas privadas mediante acuerdos para cubrir acciones y tratamientos sanitarios concretos cuando la sanidad pública no puede asumirlos por motivos coyunturales o por falta de recursos, la del hospital vigués supone de hecho una privatización estructural y concebida para mantenerse ad eternum.
El Sergas es el principal proveedor de Povisa, que le factura no sólo por consultas, diagnósticos e intervenciones concretas. Para 139.000 habitantes de Vigo y su área de influencia, es su hospital de referencia. Es decir, que si se ponen enfermos o se sienten indispuestos, sus cartillas no están adscritas a un hospital público, sino a la clínica, que no sólo cobra por atenderles sino por la posibilidad de hacerlo. Así se lo garantiza el concierto con la Xunta: unos 542 euros anuales por persona. O sea, más de 75 millones de euros al año.
¿Negocio garantizado? Povisa, que también trabaja con las principales aseguradoras privadas, asegura que no. Que desde que lo renovó en el año 2014 la Xunta ha “reinterpretado” las cláusulas del concierto y que desde entonces pierde dinero a espuertas. Tanto como para provocar en sus cuentas un agujero de 42 millones de euros que le ha impedido liquidar con la Agencia Tributaria la retención del IRPF correspondiente a las nóminas de septiembre de sus trabajadores.
José Baltasar Silveira Cañizares
Povisa forma parte del entramado empresarial Grupo Nosa Terra XXI, propiedad de José Baltasar Silveira Cañizares, un empresario vigués nacido en Extremadura que hizo fortuna en la década de los setenta con una exitosa empresa de remolcadores –Remolcanosa-, que le permitió convertirse en el mayor naviero de España cuando en 1997 adquirió a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales la antigua Empresa Nacional de la Marina Mercante Elcano.
Era la época dorada de la fiebre privatizadora de empresas públicas impulsada por los gobiernos de José María Aznar. Un año antes, Silveira había comprado Povisa, y unos años después se haría con el sanatorio La Esperanza de Santiago, que también mantiene conciertos con el Sergas y que hoy pertenece a Hospitales de Madrid (HM).
Povisa parecía intocable en Galicia. Porque incluso cuando la Xunta decidió construir un nuevo hospital en Vigo, la mayor ciudad de Galicia con un área asistencial de más de medio millón de personas, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo modificó el proyecto inicial diseñado por el Ejecutivo bipartito del PSOE y el BNG de forma que la clínica de Silveira siguiera teniendo garantizado su colosal negocio.
En Vigo aún se recuerdan las multitudinarias manifestaciones contra el rediseño del hospital Álvaro Cunqueiro. La contestación social incluso le costó el cargo a la entonces conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, a quien, sin embargo, Feijóo ha premiado convirtiéndola en gerente de Galaria, la empresa pública encargada de gestionar las multimillonarias contratas del Sergas.
Lo cierto es que Povisa siempre fue un filón. Un ejemplo: en el año 2013, cuando la crisis seguía destruyendo empresas, empleos y vidas, Povisa fue la filial del Grupo Nosa Terra XXI que más dinero ganó. Sus beneficios ese ejercicio ascendieron a 11,8 millones de euros, es decir cinco veces más que la naviera Elcano, que arrojó un saldo positivo de 2,2 millones.
Ahora, la dirección de la clínica dice que las pérdidas la han acogotado. Que lo que recibe del Sergas desde el 2014 no cubre los gastos y las inversiones en personal y en los nuevos equipos necesarios para garantizar la calidad asistencial, y que se ve obligada a tratar pacientes por servicios no incluidos en el concierto y por cuya atención la Xunta no le paga lo que debiera. La empresa, eso sí, asegura que hasta que negocie con la Administración autonómica “una solución” a sus problemas, “la atención seguirá teniendo el mismo nivel de excelencia” que, afirma, ha mantenido hasta ahora.
Por su parte, la Consellería de Sanidade de la Xunta, que dirige Jesús Vázquez Almuiña –quien por cierto empezó a ejercer la medicina en las consultas de Povisa-, se contradice a sí misma. Por un lado defiende que el precio que paga a la clínica por cada paciente potencial -542 euros al año- supone un ahorro del 12% con respecto al coste por persona en el resto de la sanidad pública. Pero, por otro, niega ser la responsable de la insolvencia del hospital.
El conselleiro de Sanidede (a la izquierda) en los actos del 25 aniversario de la Escuela de Enfermería de la clínica en junio del año pasado.
Y, lo más curioso de todo: le ha ofrecido echarle una mano en la gestión del centro, auditando la documentación financiera sobre la que sostiene la declaración del preconcurso de acreedores e implantando el mismo sistema informático de gestión y administración de productos farmacéuticos que ya funciona en los hospitales públicos. Es decir, que la misma Administración que paga millones a una empresa privada por gestionar los asuntos que le competen, se ofrece a explicarle a sus administradores cómo tiene que montárselo para obtener beneficios.
El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, culpa de la situación a la “falta de capacidad de gestión” de Feijóo. Mientras tanto, profesionales y usuarios subrayan el dislate y reiteran que un negocio privado no puede ni debe nutrirse de los presupuestos destinados a cubrir un servicio público básico y esencial como la atención sanitaria. Así lo asegura la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que viene denunciando desde hace años las incongruencias del concierto de la Xunta con Povisa.
Esas contradicciones, a juicio del CESM, ponen de manifiesto que la gestión privada de la sanidad no garantiza ni mucho menos su calidad: las listas de espera de Povisa triplican la media de las del resto de Galicia, el concierto no incluye la atención primaria ni la atención pediátrica, se excluyen especialidades esenciales como la Obstetricia y la Psiquiatría... Y sobre todo, se paga un dineral. Según el CESM, la Comunidad de Madrid abona al hospital de Valdemoro 380 euros por cada persona a la que podría llegar a atender con un concierto similar. Es decir, 224 euros por
