Golpe al líder de la distribución en España por tráfico de fármacos
Detenidos tres altos cargos de una filial de Cofares acusados de exportación ilegal
La persecución contra el tráfico de medicamentos ha dado un salto
cualitativo y alcanza por primera vez a una de las grandes empresas de
distribución en España: Cofares.
La macrooperación de ámbito nacional que iniciaron en mayo de 2014 el
magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano
de Lasala, y la Guardia Civil de la provincia, y que supera ya los 80
imputados, ha llevado a la detención de tres responsables de la firma Euroserv Alicante por sacar, presuntamente, los fármacos del circuito legal de precio intervenido para venderlos a precios mucho más jugosos en el extranjero.
La compañía fue absorbida por Cofares hace algo más de cuatro años y
tiene actividad en seis provincias del sureste de la península.
Los arrestados, que ayer fueron puestos en libertad tras declarar ante el juez como presuntos autores de cinco delitos —contra la salud y la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal— son el gerente de la compañía, José P. A., la directora técnica, Raquel S. A., y el jefe del departamento comercial, Francisco Manuel D. L. También fueron citados como imputados una comercial, María Soledad G. S, y un trabajador de la división internacional, Manuel Santiago R. S.
La Guardia Civil llegó hasta ellos este lunes, a petición de la Fiscalía de Teruel, tras registrar la semana pasada seis almacenes pantalla en Granada, Almería y Málaga. Según los investigadores, estas intermediarias reclutaban presuntamente farmacéuticos que se saltaban la prohibición de vender solo a pacientes y les dispensaban los fármacos a cambio de una comisión. Las pequeñas distribuidoras, a su vez, ponían supuestamente los medicamentos en manos de Euroserv Alicante para su venta en el extranjero, donde el margen de beneficio puede llegar en los casos más extremos hasta el 800%. Es más, las mismas fuentes apuntan a que la filial de Cofares habría elaborado listados con los fármacos concretos con los que se quería lucrar.
Euroserv Alicante declinó ayer atender a este diario y remitió a Cofares Madrid. “Aunque es una empresa que se gestiona de forma independiente, forma parte del grupo Cofares”, admitió desde la matriz, una portavoz, que trasladó su “sorpresa” por las detenciones, así como la disposición de la firma a colaborar con el juez. “No teníamos constancia de ninguna irregularidad. Esperaremos la decisión del juez, pero si se confirma que han exportado medicamentos ilegalmente serán cesados”, añadió. Miguel Valdés, de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos, la patronal del sector, se pronunció en parecidos términos: “Si de estos hechos se derivan responsabilidades, que las asuman quienes tengan que hacerlo”.
La operación Convector —y otras practicadas en los últimos años en España— se habían saldado hasta ahora con la detención de farmacéuticos, comerciales o responsables de pequeños almacenes de distribución. Nunca se había imputado al responsable de una filial de una gran firma como la cooperativa Cofares, que con 9.654 farmacéuticos como socios cooperadores y más de 4.500 farmacias como clientes, facturó más de 2.521 millones de euros en 2013. Todo lo que había hasta la fecha eran indicios de que personal de alguna gran distribuidora podría estar implicado.
El juez que instruye el caso por la operación Convector, que alcanza ya a más de 200 farmacias, solo ha levantado el secreto de una pequeña parte del sumario, pero su contenido es ya suficientemente llamativo. “Hay unas empresas intermedias a las cuales los farmacéuticos trasladan este género [fármacos a precio intervenido] y este género luego nos lo envían a nosotros”, le confiaba en una conversación intervenida Gonzalo J., comercial de Alliance Healthcare, otra de las grandes del sector, al empleado de una farmacia de Tarragona. “Son empresas externas (...). Entonces tú compras el género con la superbonificación del laboratorio, esta bonificación se la pasas a esta empresa y esta empresa nos la vende a nosotros (...). Está ahí la jugada. O sea, tú ganas algo, la empresa gana algo y yo gano algo, ¿sabes?”. Su interlocutor le insiste: “Pero es que, el nivel, lo de Cofares, estaba claro, había gente que hace el pedido lo mandan a Cofares directamente, hostia”. Y el comercial evidencia entonces que hay distintos modus operandi. “No, nosotros no hacemos esto”. “Ahora es todo con factura y a través de una empresa intermedia (...). Esto es tan complicado, hay un departamento solo para esto”.
La gran diferencia de precios que existe entre España y el extranjero en determinados fármacos alimenta este negocio ilegal, que afecta fundamentalmente a fármacos sin alternativa terapéutica y con alta demanda, como anticancerígenos o inmunosupresores para pacientes trasplantados. Y es un negocio que trasciende el mero fraude porque ha llegado a provocar desabastecimientos. Uno de los más sonados ocurrió en 2014. La mercaptopurina para tratar la leucemia infantil desapareció de las farmacias. La denuncia de una asociación de padres de niños con cáncer llevó a la Guardia Civil —que trabaja codo con codo con Hacienda y con la Agencia Española del Medicamento en la lucha contra el tráfico ilegal— a desmantelar otra red delictiva a finales 2014 en Galicia.
El problema con el que se encontraban hasta ahora las autoridades es que los imputados acababan sancionados con meras multas por un fraude que afecta a la salud. Eso cambiará con el nuevo Código Penal. La reforma aprobada en el Congreso el mes pasado contempla aplicar penas de prisión para quien trafique con medicamentos con vista a la exportación irregular.
Los arrestados, que ayer fueron puestos en libertad tras declarar ante el juez como presuntos autores de cinco delitos —contra la salud y la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal— son el gerente de la compañía, José P. A., la directora técnica, Raquel S. A., y el jefe del departamento comercial, Francisco Manuel D. L. También fueron citados como imputados una comercial, María Soledad G. S, y un trabajador de la división internacional, Manuel Santiago R. S.
La Guardia Civil llegó hasta ellos este lunes, a petición de la Fiscalía de Teruel, tras registrar la semana pasada seis almacenes pantalla en Granada, Almería y Málaga. Según los investigadores, estas intermediarias reclutaban presuntamente farmacéuticos que se saltaban la prohibición de vender solo a pacientes y les dispensaban los fármacos a cambio de una comisión. Las pequeñas distribuidoras, a su vez, ponían supuestamente los medicamentos en manos de Euroserv Alicante para su venta en el extranjero, donde el margen de beneficio puede llegar en los casos más extremos hasta el 800%. Es más, las mismas fuentes apuntan a que la filial de Cofares habría elaborado listados con los fármacos concretos con los que se quería lucrar.
Euroserv Alicante declinó ayer atender a este diario y remitió a Cofares Madrid. “Aunque es una empresa que se gestiona de forma independiente, forma parte del grupo Cofares”, admitió desde la matriz, una portavoz, que trasladó su “sorpresa” por las detenciones, así como la disposición de la firma a colaborar con el juez. “No teníamos constancia de ninguna irregularidad. Esperaremos la decisión del juez, pero si se confirma que han exportado medicamentos ilegalmente serán cesados”, añadió. Miguel Valdés, de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos, la patronal del sector, se pronunció en parecidos términos: “Si de estos hechos se derivan responsabilidades, que las asuman quienes tengan que hacerlo”.
La operación Convector —y otras practicadas en los últimos años en España— se habían saldado hasta ahora con la detención de farmacéuticos, comerciales o responsables de pequeños almacenes de distribución. Nunca se había imputado al responsable de una filial de una gran firma como la cooperativa Cofares, que con 9.654 farmacéuticos como socios cooperadores y más de 4.500 farmacias como clientes, facturó más de 2.521 millones de euros en 2013. Todo lo que había hasta la fecha eran indicios de que personal de alguna gran distribuidora podría estar implicado.
El juez que instruye el caso por la operación Convector, que alcanza ya a más de 200 farmacias, solo ha levantado el secreto de una pequeña parte del sumario, pero su contenido es ya suficientemente llamativo. “Hay unas empresas intermedias a las cuales los farmacéuticos trasladan este género [fármacos a precio intervenido] y este género luego nos lo envían a nosotros”, le confiaba en una conversación intervenida Gonzalo J., comercial de Alliance Healthcare, otra de las grandes del sector, al empleado de una farmacia de Tarragona. “Son empresas externas (...). Entonces tú compras el género con la superbonificación del laboratorio, esta bonificación se la pasas a esta empresa y esta empresa nos la vende a nosotros (...). Está ahí la jugada. O sea, tú ganas algo, la empresa gana algo y yo gano algo, ¿sabes?”. Su interlocutor le insiste: “Pero es que, el nivel, lo de Cofares, estaba claro, había gente que hace el pedido lo mandan a Cofares directamente, hostia”. Y el comercial evidencia entonces que hay distintos modus operandi. “No, nosotros no hacemos esto”. “Ahora es todo con factura y a través de una empresa intermedia (...). Esto es tan complicado, hay un departamento solo para esto”.
La gran diferencia de precios que existe entre España y el extranjero en determinados fármacos alimenta este negocio ilegal, que afecta fundamentalmente a fármacos sin alternativa terapéutica y con alta demanda, como anticancerígenos o inmunosupresores para pacientes trasplantados. Y es un negocio que trasciende el mero fraude porque ha llegado a provocar desabastecimientos. Uno de los más sonados ocurrió en 2014. La mercaptopurina para tratar la leucemia infantil desapareció de las farmacias. La denuncia de una asociación de padres de niños con cáncer llevó a la Guardia Civil —que trabaja codo con codo con Hacienda y con la Agencia Española del Medicamento en la lucha contra el tráfico ilegal— a desmantelar otra red delictiva a finales 2014 en Galicia.
El problema con el que se encontraban hasta ahora las autoridades es que los imputados acababan sancionados con meras multas por un fraude que afecta a la salud. Eso cambiará con el nuevo Código Penal. La reforma aprobada en el Congreso el mes pasado contempla aplicar penas de prisión para quien trafique con medicamentos con vista a la exportación irregular.
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