LA REFORMA INCLUYE A "FUNCIONARIOS SANITARIOS"

La discriminación entre médicos públicos y privados del Código Penal levanta ampollas

Agredir a un médico cuando está trabajando será considerado un delito de atentado contra la autoridad, según la reforma del Código Penal. Sin embargo, sólo será aplicable a hospitales públicos

AutorPaloma Esteban

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A partir de ahora, agredir a un médico cuando está trabajando será considerado un atentado contra la autoridad y estará penado hasta con cuatro años de cárcel. Es una de las principales novedades que contempla la reforma del Código Penal aprobada la pasada semana y, aunque la comunidad sanitaria la ha acogido como un éxito rotundo, en el fondo tiene muchas lagunas que resolver.
La enmienda del artículo 550 del Código Penal aprobada en el Senado incluye a “funcionarios sanitarios” como sujetos del delito de atentado contra la autoridad. Sólo funcionarios del sector. Quedan excluidos, por tanto, aquellos médicos que trabajan en hospitales privados o concertados. Estos últimos centros son públicos a efectos de servicios y acceso, pero los profesionales que en ellos trabajan son contratados por una empresa privada. O en otras palabras, si el familiar de un paciente agrede a un traumatólogo del Hospital Universitario La Paz estará cometiendo un delito de atentado contra la autoridad pública, pero si hiere a un traumatólogo del Hospital de Móstoles, estará exento de ese delito.
Este agravio comparativo ha levantado ampollas en el sector, que se muestra indignado con una reforma que creen consagra las agresiones que sufren. Sonia es médico de familia en la sanidad privada y comenta estupefacta la realidad que ahora divide al ámbito sanitario: “No tiene ningún sentido. Todos los profesionales desarrollamos un acto médico que tiene las mismas obligaciones y las mismas consecuencias jurídicas, independientemente del centro en el que trabajamos. No puedo entender que a un compañero si le agreden sea considerado un delito contra la autoridad y si me pegan a mí una bofetada, no lo sea”.
Los últimos datos publicados por la Organización Médica Colegial española (OMC) son estremecedores. En los últimos cinco años se registraron 2.058 agresiones a médicos en España. En 2014 hubo 344 casos frente a los 354 del año anterior. La mayoría de las sentencias que llegaron a los tribunales, 71 en 2014, fueron consideradas delitos y no faltas, según ha ido recogiendo la jurisprudencia tras los pronunciamientos de los jueces. Con la reforma del Código Penal, las denuncias de agresión a un médico en hospitales públicos se tratarán de forma homogénea: todas serán un delito.

Manifestación en la Puerta del Sol a favor de la sanidad pública (Efe)

José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC considera esta nueva realidad como “un éxito y un paso decisivo en la lucha contra esta lacra porque se ha tipificado como delito”, pero reconoce que se han quedado cosas por el camino. Por ejemplo las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones no se incluyen en el ámbito penal, sino que permanecen en el civil. En este sentido, la comunidad médica pide que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las agresiones verbales sean juzgadas por magistrados y jueces de carrera.
 “Realmente hemos perdido una oportunidad única de hacer una ley específica” para incluir “todas esas agresiones verbales” y, además, en la que “se extendería el delito contra la autoridad pública a los profesionales del sector privado”. Según Becerra, la enmienda del Código Penal “se fundamenta en muchas imprudencias” porque se consolida también la gratuidad de los insultos. Según los datos de la OMC, un 13% de las agresiones de 2014 se produjeron contra médicos de la sanidad privada. “Está claro que no estamos defendiendo a todos esos profesionales”, asegura con disgusto Becerra.

Los enfermeros exigen ser autoridad pública

Después de los médicos, los enfermeros son los profesionales que más agresiones sufren en el desarrollo de su actividad. La promesa de ser autoridad pública, igual que policías, jueces y ahora profesores y médicos, la hizo el Ministerio de Sanidad el año pasado, cuando la todavía titular Ana Mato anunció que se reconocería como tal a todo el personal sanitario.
Según las cifras que maneja el Sindicato de Enfermería, ocho de cada diez profesionales enfermeros han sufrido en algún momento de su vida profesional una agresión física o verbal por pacientes o sus familiares. Por el momento, la única comunidad autónoma que ha dado el paso de regularizar al personal de enfermería como autoridad pública ha sido Castilla y León. Andalucía y Extremadura aseguran que lo implantarán en los próximos meses. Madrid, sin embargo, no ha vuelto a dar noticias, aun siendo la región con mayor número de profesionales en el sector, y a pesar del compromiso del Consejo Interterritorial de promover una ley para que todos los trabajadores que integran el Sistema Nacional de Salud se integren en el grupo de autoridad.