Una científica rompe el silencio sobre los contratos ilegales en centros de investigación
La química Cristina García fue despedida tras denunciar al Ciemat por haber pasado 10 años trabajando con contrataciones temporales
Madrid
Cristina García quería ganarse la vida con la ciencia, pero ahora está en el paro e inmersa en una batalla legal con el Estado. Esta licenciada en química de 44 años es especialista en protección radiológica. En 2006 consiguió un contrato temporal en el Centro Nacional de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), uno de los siete organismos públicos de investigación que dependen del Ministerio de Economía. Su destino fue el Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes (LMRI), que por ley establece los patrones de radiación a nivel nacional. Este centro calibra las máquinas de radioterapia de los hospitales españoles para que los enfermos de cáncer reciban la dosis adecuada y regula las medidas de protección para las personas que operan máquinas de rayos x, entre otros servicios a organismos públicos y empresas.
Diez años después de su llegada al Ciemat, en 2016, García había prosperado en su carrera. Primero fue nombrada supervisora del laboratorio de radioterapia y después pasó a serlo en el de rayos X, aunque lo hizo empalmando contratos temporales con cargo a proyectos científicos. Cuando finalizaba un contrato y firmaba uno nuevo, el Ciemat le obligaba a devolver el finiquito del anterior contrato, asegura. El día que expiraba su último contrato, en marzo de 2016, sin tener la seguridad de ser renovada, decidió denunciar al Ciemat.
Sus jefes y compañeros escribieron a Ramón Gavela, director general del Ciemat, pidiendo que le readmitiesen. “No considero conveniente hacer una excepción”, respondió Gavela. “Todos los trabajadores saben que nuestro compromiso de mantener los puestos de trabajo estructural necesarios para el organismo es firme y que hacemos todo lo posible para mantenerlo; pero también saben que si algún trabajador denuncia, el centro se posiciona en contra, como es natural, y utiliza todos los mecanismos legales a su alcance”, escribió Gavela en un correo electrónico al que ha tenido acceso Materia. La política del centro es en este caso la misma que siguen otros organismos públicos de investigación: no readmitir a nadie que denuncie si la sentencia no les obliga a ello.El pasado abril, el juzgado de lo social número 20 de Madrid le dio la razón. Consideró su despido improcedente y reconoció que sus contratos temporales estaban en fraude de ley, pues estaba cubriendo un puesto fijo. El juez condenó al Ciemat a readmitir a García o a indemnizarla.
“Yo no quería denunciar”, explica García sentada en una cafetería de Madrid mientras pasa la mano por la carpeta en la que lleva copia de su sentencia, los contratos, los acuerdos que firmó para renunciar a los finiquitos. “Estaba contentísima con mi trabajo y solo quería mi puesto. No se puede tener a una persona que has formado y en la que has invertido dinero trabajando en esta situación de inseguridad. Me da tanta rabia esta injusticia de no estar en el Ciemat por una represalia que no me importa salir y dar la cara”, explica.Tras el despido de García, el laboratorio de rayos X estuvo cerrado un año. Nadie más en el Ciemat tenía la formación y el conocimiento acumulado para sustituir a García. El problema fue denunciado por dos inspecciones del Centro Español de Metrología y del Consejo de Seguridad Nuclear, este último encargado de velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente. En la actualidad García está cobrando el paro, cuidando de su hija de ocho meses, y a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirme su sentencia, aunque eso no es lo que le gustaría.
La suya “fue una pérdida brutal”, explican fuentes del centro muy cercanas a García que no quieren ser identificadas por miedo a represalias. “Ella se quedó sin trabajo y a nosotros se nos fue un cerebro ya formado”.
Para Paz Avilés, una doctora en física que trabaja en el laboratorio LMRI con un puesto fijo de funcionaria, el origen del problema hay que buscarlo en la falta de una estrategia para la ciencia en España. “Este problema existe en todos los centros de investigación públicos y afecta tanto a personas con perfiles técnicos como de investigador”, señala. En el Ciemat, el tipo de trabajo es tan especializado “que las dos únicas opciones que hay es conseguir quedarse aquí o irse al extranjero, lo que no siempre es fácil si tienes pareja o hijos”, asegura.
Otros dos científicos del mismo centro en situaciones similares han declinado dar sus nombres por miedo a castigos. Uno de ellos es un joven con doctorado que pasó 10 meses en el paro entre contrato y contrato temporal y que no ve otra salida que aceptar estas condiciones para seguir trabajando en lo suyo. “La sensación es que los que denuncien y se intenten presentar a una plaza nueva nunca la conseguirán”, dice. “Ese mensaje del miedo lo han transmitido muy bien”.
El Ciemat no ha querido comentar el caso de García ni el resto de los mencionados, a preguntas de este diario. Fuentes de la dirección explican que el centro tiene 1.300 empleados, 300 de ellos con contrato temporal a cargo de proyectos de investigación o costeados por el propio centro, los llamados contratos de cupo. Dentro de ese último colectivo han denunciado “del orden de cuatro [personas] entre 2009 y 2016”, aseguran.La otra persona afectada llevaba 12 años trabajando en el Ciemat, siempre con contratos temporales. Primero fue responsable de calidad de todo el LMRI y después supervisora del laboratorio de centelleo líquido, encargado de calibrar soluciones de compuestos radiactivos en agua que sirven para que las centrales nucleares midan la contaminación en las aguas que vierten a los ríos, por ejemplo, o analizar el carbono 14 del vino para demostrar que no está adulterado con alcohol industrial. Esta licenciada en química de 45 años y con dos hijos denunció al mismo tiempo que García. Ha sido despedida e indemnizada y ahora se está preparando unas oposiciones para regresar al Ciemat, pues estaba haciendo el doctorado en este centro. “Mi trabajo me gustaba y no tengo opción de irme a terminar la tesis a ningún otro lugar de España”, asegura. Tras dos sentencias que confirmaron el fraude de ley de sus contratos, ahora espera la sentencia de un recurso que interpuso para conseguir ser readmitida. “Ya no cuento ni con la justicia ni con la suerte, solo con currármelo”, señala.
El Gobierno espera aprobar este año una "tasa para la estabilización del empleo en organismos públicos de investigación, fundaciones y consorcios que permitirá la contratación indefinida de hasta 2.500 científicos y técnicos con más de tres años de antigüedad", que irá incluida en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, asegura un portavoz de la secretaría de Estado de I+D+i en el Ministerio de Economía.
El número de denuncias en el Ciemat se multiplicó el año pasado. En 2017 hubo unas 30 y un tercio de los demandantes tuvieron que ser readmitidos, según CC OO. En los últimos años, en el Ciemat ha habido 26 casos de empleados que denunciaron y tuvieron que ser readmitidos, de un total de 409 en todos los Organismos Públicos de Investigación, añaden. No tienen cifras disponibles de los que fueron despedidos e indemnizados.
En los últimos años ha sido cada vez más complicado para los centros de investigación encajar el tipo de trabajo que hacen los científicos y otro personal técnico con las rigideces de la administración y los derechos que garantiza la legislación laboral. A esto hay que sumarle los efectos de la crisis, los recortes en ciencia, la falta de nuevos puestos fijos y temporales y la anquilosante fiscalización. En Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) estimó en 2016 que el coste total de las sentencias favorables de empleados que denunciaron ha sido de 2,6 millones de euros desde 2013. En el CSIC, un centro con 11.000 empleados en 2016, “hemos hecho una actualización para identificar los puestos estructurales que podrían ser estabilizables. Estamos hablando de unos 1.500 que ayudarían a reducir la precariedad, que ahora supera el 42% de la plantilla”, explican fuentes de CC OO.
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