Como un jaque mate. Así es la jugada maestra que la Tesorería General de la Seguridad Social ha practicado en los últimos cinco años a pequeñas y medianas clínicas privadas, con especial contundencia en Cataluña. El envite pasa por acusar a los médicos que trabajan por cuenta propia en diferentes clínicas de ser autónomos con una relación laboral encubierta, lo que popularmente se conoce como «falsos autónomos», sin respetar el ejercicio libre de su profesión. La acusación implica sanciones económicas millonarias de más de 600.000 euros que han provocado ya el cierre de una decena de centros médicos en Cataluña.
Este «acoso deliberado y con mero afán recaudatorio», tal y como aseguran los afectados, ha llegado ya a los oídos de Europa de la mano de la Plataforma de Centros Médicos de Medicina Libre (Pacenmed), que representa a más de un centenar de clínicas y que hace una semana presentó en Bruselas una queja ante la Comisión solicitando amparo ante lo que consideran la «violación del derecho al trabajo, a la libre empresa y a la buena administración», según Juan Ignacio Navas, socio fundador del despacho de abogados Navas & Cusí, encargado de defender la causa en Europa.
Las cuentas no le salen a la Seguridad Social, sobre todo en Cataluña. Prueba de ello es que cerró 2017 con la cifra histórica de déficit de 18.800 millones, siendo Barcelona la provincia más deficitaria. Sólo Cataluña acumula el 25% del déficit total de la Seguridad Social en nuestro país, mientras que tan sólo Barcelona acumula unos números rojos superiores a los 1.500 millones de euros, liderando el ranking.
No parece casualidad, por tanto, que haya sido precisamente en la Ciudad Condal y en otros municipios catalanes donde las inspecciones de la Seguridad Social a los centros médicos privados se hayan realizado con mayor virulencia. «Parece ser que una de las herramientas que han encontrado para recaudar dinero es atacar a los profesionales médicos liberales, ya que la presunción de relación laboral ha llevado a imponer multas millonarias que en algunos casos ha provocado el concurso de acreedores de muchos centros y su cierre definitivo, con los consiguientes despidos, porque sólo actúan contra policlínicas pequeñas y medianas, y no contra los grandes centros hospitalarios», asegura Manuel Jiménez, portavoz de Pacenmed, quien matiza que «aunque las inspecciones se han producido en diferentes comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía o Canarias, ha sido en Cataluña donde se han realizado con mayor agresividad y con falseamiento documental, tergiversando los datos aportados y negándose el acceso a una copia de la declaración aportada en la inspección, facilitando una simple nota de asistencia. Todo ello con un aire inquisitorio y amenazante muy sospechoso, pues algunos inspectores han llegado a reconocer que obedecen órdenes que vienen de muy arriba».
La sanidad privada atiende a diez millones de personas en España: 8,2 millones son asegurados directos a través de mutuas y otros dos millones son funcionarios que optan por el sistema privado. «Esta cifra, casi el 23% de la población, contribuye al ahorro en el sistema público de salud de entre 4.369 millones al año, si el uso es mixto, y 9.860, si es solo privado. Hasta 1.203 euros al año por persona», según el último informe de la Fundación IDIS del pasado mes de mayo.
«El auge de la medicina privada llevó a muchos profesionales a instalarse por su cuenta, pero en muchas ocasiones de la mano de un centro que les proporciona servicios básicos como recepción, salas de espera, limpieza, maquinaria especializada, servicios administrativos... Los profesionales deciden su horario y sus vacaciones, el tiempo medio de atención por paciente y en algunos casos aportan su propio material. Aún así, la Seguridad Social interpreta que son trabajadores por cuenta ajena sometidos a la dependencia y disciplina del centro. ¿Por qué? Sencillo: como trabajadores por cuenta ajena cotizan más que como profesionales liberales. Levantan actas por los últimos cuatro años haciendo temblar la viabilidad de los centros y sus proyectos de expansión», explica Navas Marqués, quien hace hincapié en que «de esta manera se dificulta el ejercicio profesional a los médicos y se pone en cuestión un modelo de negocio que aporta muchas ventajas a la propia Seguridad Social porque evita listas de espera y ahorra costes».
Por todo ello, los centros médicos asociados a Pacenmed, así como varias asociaciones de centros médicos de medicina privada, miran a Europa con la esperanza de que la Comisión Europea «sea sensible a esta violación de la Carta Europea de Derechos Humanos por parte de la Seguridad Social española. A partir de la admisión a trámite de la queja, la Comisión puede amonestar a las autoridades españolas y en caso de no obtener respuesta llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo», advierte Navas Marqués, quien añade que «esperamos que la queja haga rectificar a la Seguridad Social en su manera de actuar, porque está en juego el respeto a la libre empresa y el desarrollo de una actividad clave para garantizar la salud de todos».
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