¿Otro caso de “censura democrática”?
“La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa”
Diario Clarín
De la Reforma del ´18 a La Noche de los Bastones Largos
En junio de 1918, durante la primera presidencia del radical Hipólito
Irigoyen (1916-1922), se produjo en la Universidad Nacional de Córdoba
lo que en términos históricos se conoce como la “Reforma Universitaria”.
Los jóvenes estudiantes cordobeses protestaron contra lo que
consideraron prácticas abusivas y dogmáticas de quienes dirigían la
universidad. Rápidamente, el conflicto se extendió a otras universidades
del país. Con el apoyo de algunos intelectuales y profesores (en
especial los más jóvenes), los estudiantes reclamaron -entre otras
cosas- una mayor democratización del gobierno de la universidad, la
gratuidad de la enseñanza superior, la promoción de la ciencia, la
libertad de pensamiento y la autonomía universitaria (para acceder al
manifiesto liminar de los reformistas del ´18:
http://www.fder.edu.uy/archivo/documentos/manifesto-reforma-universitaria.pdf).
Luego de una sucesión de conflictos de intensidad creciente,
encabezados por estudiantes y jóvenes profesores, en 1919 se produjo la
sanción de Estatutos que dieron acceso a los estudiantes al gobierno de
las casas de estudios superiores, desterrando del manejo de la
universidad el monopolio ejercido por unas élites que sostenían sus
cargos en forma vitalicia y nombraban de manera irregular tanto al
cuerpo docente como al administrativo
1
. La unión proyectada entre alumnos y profesores, suscitada a partir de
los reclamos conjuntos del ´18, permitió incursionar, por primera vez
en la historia argentina, en una nueva forma de co-gobierno
universitario. No obstante, las universidades no estuvieron ajenas a la
creciente intolerancia política e ideología de los años ´30, generada a
partir de la resistencia al cambio por parte de los sectores
conservadores de la sociedad.
La postura opositora de los
estudiantes frente al gobierno se acrecentó con el golpe de Estado de
1943, debido a las medidas represivas y fuertemente cercenadoras de la
autonomía universitaria. Durante el primer mandato peronista
(1946-1952), la relación entre el gobierno y la institución
universitaria fue ardua y compleja
2
. La ley 13.031, sancionada en 1947, se encargó de reglamentar en
detalle aspectos fundamentales de la organización universitaria, los
cuales pertenecían, evidentemente, al ámbito de su autonomía. Perón
garantizó la gratuidad de la enseñanza con el decreto 22/1949, el cual
permitió que entre 1945 y 1955 se triplicará el número de alumnos en
todo el país. Además, en 1951 creó -a través del decreto 9695/1951- el
Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC),
antecedente inmediato del CONICET.
Si bien es cierto, por
tanto, que el peronismo garantizó la gratuidad de la educación superior,
no es menos cierto (a qué negarlo) que, sobre todo a partir de la
exclusión de profesores y estudiantes opositores al gobierno popular,
cercenó en parte la autonomía universitaria. No debemos olvidar que la
relación del peronismo con la universidad estuvo fuertemente impregnada
de la coyuntura política y social característica de la época.
El peronismo fue derrocado en septiembre del ´55 por la autodenominada
Revolución Libertadora; este grupo de hombres se erigió a si mismo como
Salvadores de la Patria, y bombardeó a una Plaza de Mayo desarmada e
indefensa causando un saldo de más de trescientos muertos. La
Libertadora derogó las leyes y decretos de los dos mandatos peronistas,
intervino las universidades y expulsó de las mismas a todos aquellos
docentes e investigadores que hubieran trabajado en ellas durante los
gobiernos de Perón. Todo esto lo hicieron, obviamente, con el objetivo
de “salvaguardar la libertad académica y la libre actuación de los
derechos de enseñar y aprender que garantiza la Constitución Nacional”.
Finalizado el tiempo de la Libertadora (1958), un nuevo período de
normalización de las universidades cobró empuje y la autonomía recuperó
su antigua fuerza. El presidente Frondizi (1958-1962) tomó algunas
medidas importante con respecto a la universidad; entre ellas cabe
destacar la rehabilitación del co-gobierno universitario (con la
inclusión, en este caso, del claustro de graduados), la introducción de
concursos públicos como mecanismo de designación de profesores, la
atribución al estatuto universitario de una idéntica jerarquía que los
decretos nacionales y la creación del CONICET.
El Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fue creado
el 5 de febrero de 1958, y su primer presidente fue Bernardo Hussey
(Premio Nobel de Medicina en 1947). El Consejo -instituido como
órgano autárquico
bajo dependencia de la Presidencia de la Nación- fue dotado de una
serie de instrumentos adecuados para elevar el nivel de la ciencia y la
tecnología en la Argentina. Algunos de estos instrumentos fueron, por
ejemplo, la promoción de las Carreras del Investigador Científico y
Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación, el otorgamiento
de becas para estudios doctorales y posdoctorales, el financiamiento de
proyectos y de unidades ejecutoras de investigación y el establecimiento
de vínculos con organismos internacionales gubernamentales y no
gubernamentales de similares características.
La noche del 29 de julio de 1966
El proceso de normalización de la universidad se vio abruptamente
interrumpido cuando el 28 de junio de 1966 fue derrocado el gobierno
“desarrollista” del Dr. Arturo Humberto Illia. Algunos años antes, el
presidente Illia había anulado los contratos petroleros firmados por
Frondizi durante su gestión , lo cual generó conflictos en la relación
bilateral con los Estados Unidos y en el plano interno. En cuanto al
ámbito local, sectores económicos dominantes mostraron, desde un
principio, su malestar y disconformidad. Ambos elementos contribuyeron
al “clima destituyente” que acabó con su gobierno en junio de 1966. Fue
entonces cuando asumió
el gobierno
de facto de Juan Carlos Onganía (1966-1970), quien desató una política autoritaria y sumamente represiva.
Luego de la firma del decreto de intervención de las universidades
nacionales, y a tan sólo un mes de comenzado su (ilegítimo) mandato,
Onganía ordena la irrupción de la Guardia de Infantería Policial en la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires,
reprimiendo ferozmente a garrotazos y gases lacrimógenos a docentes,
estudiantes y profesores invitados. Este hecho, nefasto para la vida
política y cultural argentina, pasará a la historia como La noche de los
Bastones Largos. La consecuencia más brutal de aquella fatídica
represión fue la masiva “fuga de cerebros” en nuestro país; en efecto,
se estima que más de mil trescientos docentes e investigadores
abandonaron la Argentina como resultado de aquella jornada.
Pero no sólo fue el exilio de muchos intelectuales y académicos lo que
desató la dictadura de Onganía, sino también la supresión de los centros
de estudiantes y la persecución a los militantes de izquierda en todas
las facultades del país; la sanción de numerosos decretos-leyes que
pautaban toda la actividad académica e institucional de las
universidades; la restricción de los principios de libertad de cátedra y
de periodización de la misma; la anulación de la autarquía
universitaria (lo cual hizo que, a partir de ese momento, las
universidades tuvieran que dar cuenta del ejercicio de la función
presupuestaria); y, en síntesis, el enorme retroceso respecto de los
avances que se habían arrancado del poder político desde los años de la
Reforma de 1918.
Los números del CONICET durante los últimos 30 años
Luego de la dictadura de Onganía, lo que vino en la República Argentina
(1976-1982) fue un tremendo genocidio y una implacable destrucción del
aparato productivo y de la industria nacional (sumado, claro está, al
endeudamiento público). Pero en diciembre del ´83 asomó la democracia y
por fortuna no han vuelto a quitárnosla. En este contexto de celebración
democrática, el pasado 13 de septiembre el CONICET celebró sus 55 años
de vida en Tecnópolis (lugar donde todos los años se lleva a cabo una
megamuestra de ciencia, arte y tecnología). El acto estuvo presidido por
Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y
por el presidente del Consejo, Dr. Roberto Salvarezza.
El
ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue creado
durante el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, en diciembre de 2007. El objetivo de este ministerio consiste
en “ orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al
fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión
social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el
paradigma del conocimiento como eje del desarrollo ” (
http://www.mincyt.gob.ar/ministerio-presentacion). En la actualidad, el CONICET revista como
ente autárquico del Estado Nacional en jurisdicción de este ministerio.
En los veinte años transcurridos desde el retorno a la democracia y el
2002, el estancamiento del CONICET en el número de investigadores y de
becarios doctorales y postdoctorales es notorio. En contrapartida, esta
tendencia se revierte fuertemente durante el período 2003-2013, años en
los que gobernó la República Argentina el kirchnerismo. Según un
reciente informe del CONICET, “con respecto a la Carrera del
Investigador Científico y becas anuales, en 1997 ingresaron al organismo
125 investigadores y se otorgaron 300 becas. En el año 2001 se
incorporaron 160 cargos de investigador científico (del concurso 1999) y
30 becarios. En el año 2004 se produce un cambio sustancial, ese año
ingresaron 400 investigadores y se otorgaron 1300 becas. Finalmente en
el año 2012 el CONICET incorporó 606 investigadores y otorgó 3900 becas
doctorales y postdoctorales” (
http://www.conicet.gov.ar/conicet-30-anos-de-democracia/).
Otro dato interesante aportado por el informe da cuenta del aumento sustancial en la formación de doctores desde el año 2008.
En cuanto a la creación de institutos y centros de investigación, lo
que aporta el informe es que “durante la última década se crearon 112
institutos y centros de investigación (Unidades Ejecutoras), de las
cuales 30 están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires y las 83 restantes distribuidas en el interior del país”. Además,
“a fin de aumentar la presencia del CONICET en todo el territorio
nacional, se crearon 7 Centros de Investigación y Transferencia (CIT)
junto con universidades nacionales y gobiernos provinciales este último
año”. Y que en la actualidad “el 90% de los 192 centros e institutos del
organismo son de doble dependencia con universidades nacionales. De los
7600 investigadores 5700 son docentes universitarios, lo cual demuestra
la relación indisoluble entre el CONICET y la universidad”.
En
relación a la inversión en materia de infraestructura, el informe dice
que “la inversión sostenida en infraestructura en todas las regiones del
país, a partir del 2008, viene a saldar una deuda de más de 30 años en
materia de obras para la ciencia, la investigación y la tecnología en la
Argentina. El presupuesto del CONICET destinado a obras de
infraestructura en la última década alcanza los 298.999.884 pesos. Estos
fondos se suman a los aportes del Plan de Obras para la Ciencia y la
Tecnología que lleva adelante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación”.
Por último, y en lo que se refiere a investigación científica, “la base de datos internacional SIR Scimago (
Institutions Ranking)
ubica al CONICET primero en Argentina y segundo en Latinoamérica,
después de la Universidad de San Pablo. Además, figura 85 entre 3230
instituciones que realizan investigación en todo el mundo”.
Un nuevo caso de “censura democrática”
Con independencia de nuestras adhesiones particulares a un determinado
proyecto político, lo que está claro es que la información es un derecho
y un bien público y, por consiguiente, es deber de cualquier Estado
garantizarlo. La experiencia del siglo XX nos dice que no podemos
confiar en la “autorregulación” de los mercados. Lo mismo que en el
plano económico, el mercado de la comunicación no puede estar librado a
una “mano invisible” que todo lo maneja.
Según el periodista y
semiólogo español Ignacio Ramonet, hoy día la información sólo sirve, en
muchos casos, para ocultar la información. Se difunde una información
que nos impide acceder a la buena información. A esto es a lo que él
denomina “censura democrática”. Días atrás, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner habló de “balas de tinta que intentan derrocar
gobiernos populares” (
http://tn.com.ar/politica/cristina-aludio-a-las-balas-de-tinta-que-intentan-derrocar-gobiernos-populares_408487).
Cierto es que estas balas pueden tener la forma de la calumnia o de la
mentira; pero también (no debemos olvidarlo) pueden estar revestidas con
los ropajes del ocultamiento. En este sentido, cabría preguntarse por
qué un hecho tan importante como la duplicación de científicos e
investigadores por parte del CONICET desde el año 2002, no fue noticia
en ninguno de los medios dominantes (
http://www.nodal.am/index.php/2013/09/argentina-duplico-la-cantidad-de-cientificos-e-investigadores-desde-el-2002/).
¿Qué habrían dicho estos medios opositores si la Argentina hubiera
reducido el número de científicos a la mitad? La respuesta es simple y
no hace falta adivinarla. Cuando ocurren hechos tan groseros como éste,
uno se pregunta hasta cuándo tendrá que esperar la sociedad argentina
para que se aplique plenamente la Ley de Servicios Audiovisuales,
sancionada hace ya cuatro años y por amplia mayoría por el Congreso de
la Nación.
En definitiva, lo que tenemos que repetir una y otra
vez (sí, una y otra vez hasta el cansancio), es que toda democracia
necesita, por mor de su supervivencia, una pluralidad de voces; es
decir, una verdadera democratización de la palabra. Y esto porque,
sencillamente, es a través del discurso (al menos, si no del todo,
principalmente) como se colonizan las conciencias (sujetando al sujeto) y
como se construye, por consiguiente, ideología y realidad.
Notas:
1
Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho. Año 9, Número 17,
2011, Págs. 261-274. Buenos Aires, Argentina (ISSN 1667-4154)
2 Para una mayor profundización en la materia, se recomienda la lectura del artículo de Cecilia Pitelli intitulado
La
universidad en el primer peronismo: una institución en conflicto.
Entre la autonomía y la expansión de la educación superior.
Marcelo Posca. Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid
