YANQUIS INHUMANOS

Una de las de las víctimas del sistema de deportación

Las deportaciones en EEUU se ceban con los discapacitados

AGNESE MARRA


No son conscientes de sí mismos, ni de lo que significa la deportación. Algunos llevan décadas viviendo legalmente en Estados Unidos, pero un día les comunican que serán deportados. No tienen ningún tipo de defensa legal y su cabeza no le permite representarse. La discapacidad a veces se paga con 10 años de cárcel por juicios inconclusos.

No tienen derecho a un abogado de oficio. No son del todo conscientes de la situación en la que se encuentran, y sin apenas darse cuenta pueden llegar a estar recluidos hasta 10 años en una cárcel norteamericana esperando a ser deportados.

Los discapacitados son las grandes víctimas de la política de deportación norteamericana. "Pocos aspectos de la legislación estadounidense son tan complicados como la deportación y, sin embargo, cada día tienen que comparecer ante los tribunales personas con discapacidad mental sin abogados ni ninguna salvaguardia que garantice una audiencia justa", denuncian fuentes de Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Ambas organizaciones de derechos humanos detallan las crueldades de esta política en el informe "Deportation by Default: Mental Disability, Unfair Hearings, and Indefinite Detention in the US Immigration System" -"Deportación por defecto: Discapacidad mental, audiencias injustas y detención indefinida en el sistema de inmigración de EU"-, en el que se insiste en cómo los inmigrantes con discapacidad mental permanecen detenidos injustificadamente durante años, a veces sin límites legales.

La conclusión principal es que los ciudadanos con discapacidad son los que corren mayor riesgo de ser deportados de forma errónea, ya que los tribunales no les garantizan audiencias justas a los que no pueden representarse a sí mismos.

El texto documenta y sustenta reiteradas situaciones en las que no se permitió que personas con discapacidad mental presentaran argumentos contra su deportación -incluso demostrando su ciudadanía estadounidense- porque no podían representarse a sí mismas.

En este sentido las organizaciones piden al Congreso norteamericano que apruebe las leyes pertinentes para que se asignen abogados a todas las personas con discapacidad mental que comparezcan en los tribunales de inmigración.

INCAPACES DE PRONUNCIAR SU NOMBRE

Los niveles de discapacidad de las víctimas son bien diferentes, sin embargo el informe pone como ejemplo el caso de algunos deportados que no sabían decir ni su propio nombre, tenían delirios, no podían determinar el tiempo, y no sabían que la deportación significaba la expulsión de Estados Unidos. "Algunos padecen una discapacidad tan grave que no saben sus propios nombres ni qué es un juez", relataban desde Human Wrights.

Sin embargo, los juicios ignoran la circunstancia mental de las víctimas. Aquellos que no tengan dinero para pagarse un abogado asistirán a un juicio sin defensa de ningún tipo y sin la capacidad de poder explicar sus circunstancias debido a su problema mental.

Esto es lo que le sucedió a un residente permanente legal que llevaba 40 años en Estados Unidos que no podía recordar su fecha de nacimiento, o explicar la razón de por qué estaba tomando medicinas, podría ser deportado a México. Cuando fue entrevistado por la autora del informe en un centro de detención de Texas, dijo que quería la ayuda de un abogado.

"El juez sólo me da prórrogas para ver si puedo conseguir un abogado... Es difícil porque algo está mal en mi cabeza, y me cuesta trabajo saber qué decirle", dijo.

Cuando le preguntó por su discapacidad mental, contó que había recibido varios impactos de bala en la cabeza y algunas balas seguían alojadas dentro: "Creo que tuve que haber muerto porque recuerdo que vi a niños con alas".

El informe de Human Rights Watch y la ACLU documenta los casos de 58 personas con discapacidad mental que se enfrentan a la deportación y están detenidas en Arizona, Texas, California, Florida, Illinois, Wisconsin, Carolina del Sur, Pensilvania y Virginia.

La mayoría son residentes permanentes legales en Estados Unidos que se enfrentan a la deportación por delitos penales no violentos, como allanamiento o posesión de drogas. Muchos de ellos estaban recibiendo tratamiento psiquiátrico en la comunidad antes de ser arrestados.

La legislación y las prácticas migratorias vigentes para los detenidos por infracciones de inmigración no contemplan el derecho a un abogado de oficio ni a otras salvaguardias, como evaluaciones de su competencia para someterse a un juicio justo durante el proceso de deportación.

La única salida que les queda es la representación gratuita que ofrecen algunas organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, la gran mayoría sólo tiene la opción de costearse una defensa que casi siempre les resulta imposible de pagar.

HASTA 10 AÑOS DE CÁRCEL

Al menos 57.000 de los inmigrantes detenidos y que se enfrentaban a una deportación en 2008 (15% del total) sufrían de alguna discapacidad mental. Este porcentaje de detenidos también se convierte en el más frágil, ya que su detención se vuelve con frecuencia injustificadamente prolongada. Al no tener la capacidad de representarse a sí mismos, muchas veces se considera que el proceso no puede continuar y entonces algunas personas llegan a estar detenidas hasta 10 años sin que se resuelvan sus casos.

"Nadie sabe qué hacer con los detenidos con discapacidad mental, por lo que todos los componentes del sistema de inmigración han eludido esta responsabilidad", señaló Sarah Mehta, becaria de Human Rights Watch y la ACLU."El resultado es que las personas languidecen durante años mientras sus expedientes (y sus vidas) se transfieren de un lugar a otro o quedan paralizados indefinidamente", agregó.

OBAMA BATE RÉCORDS CO LAS DEPORTACIONES

El conocimiento del informe de Human Wrigths coincide con los últimos datos ofrecidos por la agencia de Inmigración y Aduanas estadounidense que calcula que en este período fiscal deportará unas 400.000 personas, casi un 10% más que las deportadas en 2008 por el gobierno del presidente George Bush, y un 25% más que las deportadas en 2007", ha informado el diario estadounidense The Washington Post.

"El ritmo de inspecciones de empresas ha aumentado casi cuatro veces desde el último año del gobierno de Bush", señalaba la agencia, quien recordó que en el período fiscal 2008, el Gobierno de Estados Unidos deportó 369.221 personas, de las que 114.415 habían cometido algún delito.

En el período fiscal 2009, sumaron 387.790 las personas deportadas, de las cuales 136.126 eran delincuentes.Desde que comenzó el período fiscal 2010 el 1 de octubre pasado, y hasta el 7 de junio, habían sido deportadas 227.163 personas de las cuales 113.453 habían cometido crímenes.