¿Son los médicos cómplices de las torturas?
Después de Ciutat Morta, la sociedad catalana cuestiona el papel de los médicos en casos de malos tratos policiales. El Defensor del Pueblo elabora un protocolo de actuación.
ESPERANZA ESCRIBANO
El tornado del documental Ciutat Morta ha sembrado de dudas el funcionamiento de las instituciones catalanas, desde la policía hasta el ayuntamiento de Barcelona, cuyo alcalde era entonces Joan Clos (PSC). Uno de los organismos en el punto de mira es el Hospital del Mar, donde, según los condenados por el 4F, los médicos dejaron pasar a los policías a las consultas, impidiendo cualquier posibilidad de que los detenidos denunciaran las posibles torturas.
“Ningún médico me miró a la cara”, sostiene en la cinta Rodrigo Lanza, uno de los condenados. Desde su óptica, relataba cómo los facultativos parecían estar acostumbrados a situaciones de ese tipo, en las que el policía acompaña en todo momento a los detenidos, impidiendo toda oportunidad de que el paciente se comunique con el médico sin el agente como testigo.
A Lanza le acompañaron dos policías vestidos de civil, que según cuenta en conversación con Público, estuvieron durante todo el trayecto advirtiéndole de que si contaba algo a los médicos, “sería peor”. Así que cuando el médico le preguntó cómo se había hecho las heridas, sólo acertó a contestar: “me han pegado”. Omitió que acababa de sufrir una brutal paliza porque los agentes no se separaron de ellos en ningún momento. “No nos dejaban ni apoyarnos en la pared y nosotros sólo éramos capaces de mirar al suelo. Ni siquiera nos dejaron solos con los médicos cuando entramos a la sala de rayos X”.
“Ningún médico me miró a la cara”, sostiene en la cinta Rodrigo Lanza, uno de los condenados. Desde su óptica, relataba cómo los facultativos parecían estar acostumbrados a situaciones de ese tipo, en las que el policía acompaña en todo momento a los detenidos, impidiendo toda oportunidad de que el paciente se comunique con el médico sin el agente como testigo.
A Lanza le acompañaron dos policías vestidos de civil, que según cuenta en conversación con Público, estuvieron durante todo el trayecto advirtiéndole de que si contaba algo a los médicos, “sería peor”. Así que cuando el médico le preguntó cómo se había hecho las heridas, sólo acertó a contestar: “me han pegado”. Omitió que acababa de sufrir una brutal paliza porque los agentes no se separaron de ellos en ningún momento. “No nos dejaban ni apoyarnos en la pared y nosotros sólo éramos capaces de mirar al suelo. Ni siquiera nos dejaron solos con los médicos cuando entramos a la sala de rayos X”.
Antes de llegar al Hospital del Mar, los detenidos fueros a otros dos centros, donde no fueron atendidos. Lanza recuerda –“aunque nueve años después es difícil”- que la excusa que los policías les dieron en ese momento fue que no funcionaban las salas de rayos X. Sospecha que los policías buscaban a médicos cómplices y los encontraron en ese centro. A pesar de tener una brecha en la cabeza que necesitó grapas y de que a Juan Pintos le diagnosticaran una fractura en la mano que requería una operación, los partes de ambos fueron escuetos: policontusión facial o contusiones múltiples.
¿Es el del Hospital del Mar un caso aislado? Uno de los directores de Ciutat Morta, Xavier Artigas, rememora un rumor que es vox pópuli entre los movimientos sociales de Barcelona: “si te pasa algo [en una manifestación con las fuerzas de seguridad], no vayas al Hospital del Mar, colaboran con la policía”. Preguntada por las insinuaciones del documental, la Directora de Comunicació Corporativa i d'Atenció al Ciutadà del Hospital del Mar, Maribel Pérez Piñero, responde que el centro no va a hacer ninguna declaración al respecto y remite el protocolo de atención a los usuarios bajo custodia policial.
En ese documento, elaborado en marzo de 2012, el centro es ambiguo a la hora de garantizar la comunicación directa entre paciente y facultativo: “se debe asegurar en todo momento el respeto a los derechos y deberes de los usuarios, teniendo en cuenta que están privados de libertad”. Pero después vuelve a matizarlo añadiendo: “en relación a la garantía de la intimidad del paciente en la asistencia sanitaria, se atenderán las circunstancias expuestas por los agentes que custodian al paciente”. Es decir, que a la hora de la verdad, son los policías quienes deciden si se respeta esa intimidad o no, atendiendo al criterio de seguridad.
El protocolo del centro choca con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. La institución está trabajando a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en un protocolo para documentar estos casos. En su ‘Estudio sobre los partes de lesiones de las personas privadas de libertad’, la institución señala que debe respetarse siempre la privacidad: “las entrevistas médicas deben realizarse siempre en privado, sin que haya personal de custodia presente.” Además, recuerda que el parte debe entregarse “a la persona interesada” y no al agente que lo custodia.
España no tiene protocolo de actuación ante casos de tortura
El estudio del Defensor del Pueblo reconoce que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se ha desarrollado en cuanto a actuación de los doctores a la hora de detectar la tortura: “a nivel autonómico es muy dispar, siendo lo común la ausencia de regulación”. El reglamento que se está elaborando este año, se basa en el Protocolo de Estambul, que se elaboró en 1999 y que la mayoría de países europeos ya han adoptado.
La institución afea que en el reglamento actual ni siquiera “define qué es un parte de lesiones”, algo muy grave si se tiene en cuenta que ese documento tiene como cometido “facilitar la asunción de responsabilidad penal si esta existe.” Por tanto, a día de hoy todavía no existe ningún cauce para que un detenido pueda denunciar malos tratos ante los médicos de forma segura.
Virginia Álvarez, responsable de Política Interior y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, constata que en las entrevistas que la ONG ha llevado a cabo con personas que han sufrido malos tratos policiales, “parece habitual que el policía siempre esté presente durante el reconocimiento”. Y no sólo: en la mayoría de los casos, “la consulta se produce mientras la persona está esposada”. Álvarez considera que esta situación “no crea un clima de confianza entre médico y paciente”.
El silencio entre los médicos sobre la tortura
Que la palabra tortura no aparezca en ninguna norma sobre actuación médica ha motivado que existan distintas organizaciones de lucha contra ésta, agrupadas en la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Su objetivo es velar por la aplicación de mecanismos internacionales, a falta de los propios. Pau Rodríguez, portavoz y psiquiatra del Hospital de La Paz, ha visto de cerca estos problemas y apunta las posibles soluciones.
“La formación de los médicos para actuar ante casos de malos tratos policiales es mínima”, recalca. Aunque destaca que la entrada de los agentes a la consulta no es lo habitual, sí lo es que los agentes se queden con el informe médico. Para el psiquiatra, los problemas principales a los que se enfrentan los médicos son dos: la mala documentación de las lesiones de los detenidos y las contradenuncias de los policías.
En el primer caso, Rodríguez apunta a la sobresaturación de urgencias y a las condiciones precarias en las que muchos médicos de guardia atienden a los detenidos. También, los médicos tienden a ser proteccionistas: “si al rellenar un informe señalas que el paciente refiere que la policía le ha agredido, pueden llamarte a declarar a un juicio cinco años después, cuando ya no recuerdas nada.”
Las contradenuncias de los policías y el papel de los forenses en los juzgados
Sin embargo, lo más llamativo para el psiquiatra es “el altísimo número de denuncias falsas que realiza la policía”. En esos casos, el médico está indefenso. Si un agente se presenta en la consulta y alega “quejas subjetivas”, el doctor no puede negarse a rellenar el parte médico. En la mayoría de las ocasiones, se trata de “enrojecimientos o golpes en los dedos”.
En ese sentido, lo más preocupante para Rodríguez es el “sesgo” de los médicos forenses que trabajan en los juzgados. Son los encargados de evaluar los informes y traducirlos para el juez de instrucción y el psiquiatra constata su falta de independencia en muchos casos, al estar en contacto diario con magistrados y fuerzas de seguridad. En esa traducción es donde cualquier parte médico puede perder su validez jurídica. Así, Rodríguez opina que “si el juez quiere encontrar causa para una sentencia que ya tiene dictada, con partes de lesiones mal redactados, poco hay que se pueda hacer.”
El caso de los condenados por el 4F no es el único en que se carga contra los sanitarios. Yuri Jardine, torturado por siete guardias urbanos en 2006, de los que dos fueron condenados, Victor Bayona y Bakari Samyang –ahora mismo en prisión-, relataba así su experiencia con los enfermeros de la comisaría donde le maltrataron, en una entrevista por Skype con Artigas: “les decía ‘llevadme al hospital, si vuelvo [a la sala de interrogatorios] me matan, no dejés que me lleven ahí’. Su respuesta fue ‘no te pasa nada’.”
¿Es el del Hospital del Mar un caso aislado? Uno de los directores de Ciutat Morta, Xavier Artigas, rememora un rumor que es vox pópuli entre los movimientos sociales de Barcelona: “si te pasa algo [en una manifestación con las fuerzas de seguridad], no vayas al Hospital del Mar, colaboran con la policía”. Preguntada por las insinuaciones del documental, la Directora de Comunicació Corporativa i d'Atenció al Ciutadà del Hospital del Mar, Maribel Pérez Piñero, responde que el centro no va a hacer ninguna declaración al respecto y remite el protocolo de atención a los usuarios bajo custodia policial.
En ese documento, elaborado en marzo de 2012, el centro es ambiguo a la hora de garantizar la comunicación directa entre paciente y facultativo: “se debe asegurar en todo momento el respeto a los derechos y deberes de los usuarios, teniendo en cuenta que están privados de libertad”. Pero después vuelve a matizarlo añadiendo: “en relación a la garantía de la intimidad del paciente en la asistencia sanitaria, se atenderán las circunstancias expuestas por los agentes que custodian al paciente”. Es decir, que a la hora de la verdad, son los policías quienes deciden si se respeta esa intimidad o no, atendiendo al criterio de seguridad.
El protocolo del centro choca con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. La institución está trabajando a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en un protocolo para documentar estos casos. En su ‘Estudio sobre los partes de lesiones de las personas privadas de libertad’, la institución señala que debe respetarse siempre la privacidad: “las entrevistas médicas deben realizarse siempre en privado, sin que haya personal de custodia presente.” Además, recuerda que el parte debe entregarse “a la persona interesada” y no al agente que lo custodia.
España no tiene protocolo de actuación ante casos de tortura
El estudio del Defensor del Pueblo reconoce que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se ha desarrollado en cuanto a actuación de los doctores a la hora de detectar la tortura: “a nivel autonómico es muy dispar, siendo lo común la ausencia de regulación”. El reglamento que se está elaborando este año, se basa en el Protocolo de Estambul, que se elaboró en 1999 y que la mayoría de países europeos ya han adoptado.
La institución afea que en el reglamento actual ni siquiera “define qué es un parte de lesiones”, algo muy grave si se tiene en cuenta que ese documento tiene como cometido “facilitar la asunción de responsabilidad penal si esta existe.” Por tanto, a día de hoy todavía no existe ningún cauce para que un detenido pueda denunciar malos tratos ante los médicos de forma segura.
Virginia Álvarez, responsable de Política Interior y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, constata que en las entrevistas que la ONG ha llevado a cabo con personas que han sufrido malos tratos policiales, “parece habitual que el policía siempre esté presente durante el reconocimiento”. Y no sólo: en la mayoría de los casos, “la consulta se produce mientras la persona está esposada”. Álvarez considera que esta situación “no crea un clima de confianza entre médico y paciente”.
El silencio entre los médicos sobre la tortura
Que la palabra tortura no aparezca en ninguna norma sobre actuación médica ha motivado que existan distintas organizaciones de lucha contra ésta, agrupadas en la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Su objetivo es velar por la aplicación de mecanismos internacionales, a falta de los propios. Pau Rodríguez, portavoz y psiquiatra del Hospital de La Paz, ha visto de cerca estos problemas y apunta las posibles soluciones.
“La formación de los médicos para actuar ante casos de malos tratos policiales es mínima”, recalca. Aunque destaca que la entrada de los agentes a la consulta no es lo habitual, sí lo es que los agentes se queden con el informe médico. Para el psiquiatra, los problemas principales a los que se enfrentan los médicos son dos: la mala documentación de las lesiones de los detenidos y las contradenuncias de los policías.
En el primer caso, Rodríguez apunta a la sobresaturación de urgencias y a las condiciones precarias en las que muchos médicos de guardia atienden a los detenidos. También, los médicos tienden a ser proteccionistas: “si al rellenar un informe señalas que el paciente refiere que la policía le ha agredido, pueden llamarte a declarar a un juicio cinco años después, cuando ya no recuerdas nada.”
Las contradenuncias de los policías y el papel de los forenses en los juzgados
Sin embargo, lo más llamativo para el psiquiatra es “el altísimo número de denuncias falsas que realiza la policía”. En esos casos, el médico está indefenso. Si un agente se presenta en la consulta y alega “quejas subjetivas”, el doctor no puede negarse a rellenar el parte médico. En la mayoría de las ocasiones, se trata de “enrojecimientos o golpes en los dedos”.
En ese sentido, lo más preocupante para Rodríguez es el “sesgo” de los médicos forenses que trabajan en los juzgados. Son los encargados de evaluar los informes y traducirlos para el juez de instrucción y el psiquiatra constata su falta de independencia en muchos casos, al estar en contacto diario con magistrados y fuerzas de seguridad. En esa traducción es donde cualquier parte médico puede perder su validez jurídica. Así, Rodríguez opina que “si el juez quiere encontrar causa para una sentencia que ya tiene dictada, con partes de lesiones mal redactados, poco hay que se pueda hacer.”
El caso de los condenados por el 4F no es el único en que se carga contra los sanitarios. Yuri Jardine, torturado por siete guardias urbanos en 2006, de los que dos fueron condenados, Victor Bayona y Bakari Samyang –ahora mismo en prisión-, relataba así su experiencia con los enfermeros de la comisaría donde le maltrataron, en una entrevista por Skype con Artigas: “les decía ‘llevadme al hospital, si vuelvo [a la sala de interrogatorios] me matan, no dejés que me lleven ahí’. Su respuesta fue ‘no te pasa nada’.”
