El decreto reglamentario que está a la firma del presidente Mauricio Macri y que modifica de manera sustancial el texto de la Ley Nacional de Salud Mental, fue rechazado también, en forma rotunda, por el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones. Las entidades académicas, profesionales y de la sociedad civil que integran el Consejo señalaron que el proyecto oficial constituye “una violación” a la norma en vigencia, aprobada en 2010 en forma unánime en el Congreso Nacional luego de realizar consultas con todos los sectores involucrados en el tema. Ahora, en cambio, se está impulsando un decreto reglamentario que hecha por tierra los puntos centrales de la ley, y que ha sido aprobado “a puertas cerradas por el Ejecutivo nacional con el consenso exclusivo de la corporación médica”. El decreto oficial, del que se tuvo conocimiento el viernes pasado, es la coronación de una ofensiva contra la Ley de Salud Mental que comenzó a poco de asumir el gobierno de Cambiemos (ver nota aparte).
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Por Carlos Rodríguez

El documento dado a conocer por el Consejo Consultivo, al que tuvo acceso PáginaI12, se titula “La salud mental en retroceso”, debido a la aparición del Decreto Reglamentario que está a la firma del presidente Macri y que “contradice” en sus aspectos centrales el texto de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010.
La institución dijo en un comunicado que “se opone a la violación a la Ley Nacional 26.657 que plantea el Ejecutivo Nacional a través de la propuesta de un nuevo Decreto Reglamentario inconsulto que se encuentra en curso de aprobación”. Precisó que ese decreto “contradice los principios enunciados por la norma y vulnera las instancias creadas de protección a los sujetos con padecimiento psíquico”.
En el texto se recordó que en 2010 “entró en vigencia en nuestro país, luego de un largo período de debate parlamentario” la Ley 26.657. El Consejo Consultivo recalcó que se trata de “una norma de orden público” que fue votada “por unanimidad por diputados y senadores del Congreso de la Nación y reconocida mundialmente por sus avances en el abordaje y la protección de los derechos de las personas con padecimiento psíquico”. La ley fue reglamentada en 2013 “a través de un largo proceso de consultas y participación de actores del campo de la salud mental y las adicciones, por el Decreto 603” de ese año. Con la aparición de un nuevo decreto reglamentario “propuesto por el Ejecutivo Nacional, realizado a puertas cerradas y consensuado  exclusivamente con la corporación médica, no sólo se busca limitar al máximo el alcance de la Ley, sino que contradice la norma en sus principios fundamentales”.
Esa contradicción se debe a que el decreto “modifica la concepción de la salud mental, sustituye el concepto de padecimiento psíquico por trastorno mental, recoloca al manicomio como instancia de tratamiento, contradice el modelo de derecho retrocediendo al modelo tutelar, lesiona el derecho a la defensa y modifica la designación de la máxima autoridad del Organo de Revisión quitando competencia al Ministerio Público de la Defensa” dado que le otorga “un poder total” a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, dependiente del gobierno nacional.
Por todo lo expuesto, el Consejo Consultivo se pronunció “a favor de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones reconociendo sus avances en torno a los derechos de las personas con padecimiento psíquico y la organización de instancias de tratamientos dignos”. Por el contrario, el derecho que está a la firma del presidente de la Nación “lesiona la norma y constituye un retroceso que no se puede permitir en tanto principalmente legitima nuevamente la vulneración de derechos de los usuarios de salud mental”.
El Consejo Consultivo está conformado por más de treinta instituciones de la sociedad civil, la academia, el ámbito profesional, las asociaciones gremiales, las organizaciones de derechos humanos y de usuarios y familiares. Esta declaración se suma a la dada a conocer el fin de semana por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con más de ochenta entidades o personalidades vinculadas a la salud mental de todo el país, que expresaron su oposición a un decreto oficial que pretende “dar un giro rotundo en la política de salud mental que tuvo como marco” una ley que fue “sancionada con grandes acuerdos y valorada como ley modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos”.
En esa declaración se sostuvo que de la lectura del decreto surge que el gobierno nacional esta impulsando “un modelo de intervención contrario al modelo social de discapacidad” que garantiza la ley vigente.