jueves, 4 de agosto de 2011

Publicado por Miguel Jara el 4 de agosto de 2011

Cómo son estos vecinos franceses, qué raritos. Aquí lo que se han propuesto en Francia no ocurriría nunca o tal vez llegue el día. Van a reforzar la cadena de farmacovigilancia, controlar los intereses que médicos y comisiones oficiales puedan tener en el accionariado de una firma farmacéutica, ganar en transparencia y dar más poderes a la agencia francesa del medicamento. Así de ambicioso es el nuevo proyecto de ley sobre el medicamento presentado por el ejecutivo francés. Se trata de olvidar el reciente escándalo de un medicamento, el Mediator, de laboratorios Servier, relacionado con entre 500 y 2.000 muertes en Francia, donde contaba con todas las autorizaciones oficiales.

Aunque de manera tímida aún los laboratorios están cada vez más vigilados después que en los últimos lustros se hayan repetido este tipo de escándalos a los que hay que añadir los que no han saltado a los medios o se han convertido en plagas mortales cotidianas como la del ácido aceltilsalicílico, la Aspirina, si no lean la opinión del catedrático Laporte.

Aquí hace un par de semanas el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad ha tomado importantes decisiones que afectan a la prescripción de fármacos en el Sistema Nacional de Salud. De especial relevancia es la prescripción obligatoria por principio activo (en vez de por la marca comercial) de todos los medicamentos. Con ello, entre otros objetivos, se pretende la dispensación del medicamento más barato (ya sea genérico o no) de cada principio activo, exceptuando aquellos casos en que por razones terapéuticas o de salud no se pueda producir la sustitución. El acuerdo es una vieja reivindicación en defensa de la sostenibilidad del sistema sanitario, que ha tardado demasiado tiempo en llegar.

En nombre de esa sostenibilidad el Gobierno gallego decidió financiar sólo los medicamentos más baratos entre las muchas presentaciones existentes y el propio Ministerio de Sanidad recurrió la medida paralizándola durante meses. Hasta que recientemente el Tribunal Constitucional dio la razón al Gobierno gallego y el ‘cataloguiño’ ha vuelto a estar en vigor. Lo que demuestra que no siempre lo más eficiente cuenta con el apoyo de los responsables políticos. Farmaindustria, el lobby de la patronal de los medicamentos de patente, ha pedido al Partido Popular que el auto del TC no anime a otras autonomías a seguir el “mal ejemplo de Galicia”. Pero el mal ejemplo ha cundido y Andalucía sacará a concurso público los principios activos más recetados por los médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

A todo esto va el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, y advierte de que, si se sigue “apretando” a las compañías farmacéuticas con nuevos recortes del gasto en medicamentos, como el recientemente realizado por el Gobierno, la industria “puede estallar”. Una amenaza a la sociedad en toda regla. Es decir, que para que no estalle una industria multimillonaria los ciudadanos honrados hemos de ingerir todos los fármacos que se necesiten para mantener altas sus rentabilidades… sabiendo como sabemos que muchos laboratorios son insaciables.

Escribe el psiquiatra José Valdecasas en su blog:

La industria farmacéutica es un negocio legítimo (en el actual orden de las cosas) que fabrica medicamentos (los cuales deben salvar vidas o, al menos, aliviar padecimientos) por un beneficio económico (en la práctica, más que cuantioso). No creemos que haya que estarles agradecidos por hacer eso, porque ya cobran buen dinero público por hacerlo. Nosotros, personalmente, no esperamos de nuestros pacientes agradecimiento extra por nuestro trabajo, porque ya cobramos del Estado por hacerlo.