OTRAS, una reflexión sobre el trabajo sexual

La autora aboga por la regularización del ejercicio de la prostitución voluntaria entre adultos

AMAYA OLIVAS DÍAZ

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Barrio Rojo de Ámsterdam. 

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El 31 de julio del 2008 se publicó en el BOE la resolución por la que el Ministerio de Trabajo oficializaba la constitución del sindicato OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales), al amparo del Art. 28 de la CE, que consagra el derecho fundamental a sindicarse libremente.

Al hilo de esta noticia, numerosas voces pusieron el grito en el cielo, procedentes en  su gran mayoría de los denominados “sectores feministas abolicionistas”, llegando a provocar la dimisión de la entonces directora general de Trabajo, Concepción Pascual, tras la afirmación de la ministra Magdalena Valerio de que “le habían metido un gol por la escuadra”.

Como punto de partida, y desde el punto de vista jurídico formal, la inscripción del sindicato cumple todos los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/ 1985 sobre Libertad Sindical, así como en el Real Decreto 416 / 2015, sobre Depósito de Estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.

El procedimiento de constitución de un sindicato forma parte del mencionado derecho fundamental, sin más límite que el respeto a la legalidad, otorgando unos estatutos con determinados requisitos y depositando los mismos a efectos de registro y publicidad.

Transcurridos 20 días sin que la autoridad administrativa haya advertido ningún error, el sindicato adquiere personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. Y solo cabe la suspensión o disolución mediante resolución de la jurisdicción social.

No cabe por tanto someter la creación de un sindicato a una previa autorización administrativa, como no podía ser de otra manera en un sistema democrático, y se ha encargado el TS de aclarar en muchas resoluciones.

En cuanto al fondo, los objetivos de este sindicato pasan por proteger los derechos de las personas que se dedican al trabajo sexual, reconociendo la vulnerabilidad de su situación actual. Acoge a personas que trabajen por cuenta ajena y también propia, pero en ningún caso a lxs que tengan trabajadorxs a su cargo, lo que diferencia sustancialmente sus intereses de los de las empresas del sector.     

Conviene recordar que el trabajo sexual es un término mucho más amplio que el de prostitución: abarca actividades como pornografía, líneas eróticas, casas de masaje, saunas, servicios de escorts, clubs de striptease o de lap dance, alterne o asistencia sexual. Partiendo de ello, como exponía Giménez Merino, OTRAS reivindica, al menos, dos cuestiones derivadas de su consideración como TRABAJADORXS:

1. La re-significación social derivada del reconocimiento de su condición de profesionales, frente a la mala imagen social y peyorativa del término “puta”, en un mercado que –paradójicamente- consume masivamente productos sexuales.
2. Adquirir mínimos vitales garantizados tales como la seguridad frente a la violencia cotidiana, tutela judicial efectiva, derechos sanitarios, seguro de desempleo, bajas, vacaciones, o base cotizada de pensión. Derechos por otro lado recogidos  a nivel internacional (Documento de la RED Global de Proyectos de Trabajo Sexual, 2013).

Llegando a este punto, podríamos cuestionar la posible “ilicitud” del trabajo que trata de proteger este sindicato. 

En primer término, demos voz a lxs protagonistas: la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GATTTW, por sus siglas en inglés) ha defendido una investigación rigurosa en red en siete países, acerca de cómo la organización de lxs trabajadorxs sexuales puede mejorar sus condiciones de vida y luchar contra la trata de personas.

Chus Álvarez (Ávila, 1979) responsable de América Latina de la GATTTW, respondía en una entrevista a Amanda Andrades en este medio sobre el tema que nos ocupa. 

Nos quedamos con varias cuestiones esenciales.

1. Más de 80 organizaciones de la referida red todo el mundo reivindican la necesidad de fortalecer a las personas trabajadoras para defender sus derechos  y romper con la explotación  y / o precariedad que se acepta, ya sea como nacional o migrante.
2. No significa lo mismo “trata” que “tráfico”. La definición de Palermo (Protocolo contra la Trata de Naciones Unidas) establece que para que haya trata tiene que haber un traslado de una persona a otro lugar bajo engaño y que el fin último de esta sea la explotación. Por su parte, el tráfico es, básicamente, facilitar la entrada de un país a otro de manera irregular.    
3. Crear políticas contra la trata de forma artificiosa, destinadas principalmente a fortalecer las fronteras, solo dificulta la migración y la hace más peligrosa.
4. El modelo neozelandés es el único que despenaliza el trabajo sexual (desde el año 2003). Según datos oficiales de este gobierno, no se ha registrado ningún caso de trata de personas en la industria del sexo, a pesar de los controles frecuentes en la fronteras. No obstante, las mejores condiciones de vida y laborales que tiene este colectivo no lo disfrutan las migrantes, que siguen realizando trabajos sexuales sin protección de ningún marco legal.     
5. Garasimov, responsable de comunicación de la GATTW, afirma de forma contundente que la organización de trabajadorxs sexuales lucha contra el estigma, la exclusión, y la discriminación que reciben de la sociedad como de las autoridades.
6. La criminalización y el estigma permiten que proxenetas y traficantes abusen de lxs trabajadorxs sexuales y se aseguren la no interposición de denuncias.
7. No existen datos concluyentes referidos al hecho de que legalizar este trabajo conlleve un aumento del tráfico, y aquellos de los que disponemos, procedentes de la OIT, demuestran que con respecto a las víctimas de trata hay un número igualado de mujeres (55%) y hombres (45%). Un 90% del total serían explotadas por personas o empresas, y de estas, el 22% con fines de explotación sexual y el 68% con fines de explotación laboral. El 10% restante serían personas en trabajo forzoso impuesto por el gobierno o estados militares.   

En similares términos, se expresa la Asociación CATS, Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, para quienes “las posturas abolicionistas son fruto de la ignorancia. Son mujeres blancas de clase media que han leído mucho, pero que no saben lo que es vivir en precario, no se han parado a escuchar a sus protagonistas.  Todo debate es lícito, pero seamos conscientes de cómo repercuten las teorías y políticas antiprostitución y el daño que causan a mujeres como nosotras. Las trabajadoras del sexo no son víctimas, no quieren ser salvadas, tienen identidad política, y reclaman sus derechos”.

Loola Pérez, presidenta de la Asociación de Mujeres Jóvenes de Murcia, especialista en integración y sexualidad, afirma que “el gobierno de Pedro Sánchez se equivoca al equiparar feminismo con abolicionismo; el movimiento español sabe perfectamente que trata con fines de explotación sexual y prostitución son realidades distintas, pero antepone su moral sobre la sexualidad antes que la de los derechos de personas que ejercen trabajos sexuales”. 

Y Valèrie May, prostituta, es tajante al referir que el abolicionismo no va a evitar que el trabajo sexual exista, así como que resulta básico distinguir quien es víctima de trata y quien ejerce un trabajo sexual.

El Comité Internacional sobre los Derechos de lxs Trabajadorxs Sexuales (ICRSE) ha lanzado una campaña contra el Gobierno de Pedro Sánchez por sus pretensiones para anular el sindicato. Este Comité reúne a 100 organizaciones que colaboran en la protección del trabajo sexual y recuerda que solamente Rusia ha rechazado el derecho de auto sindicalización de esta actividad, vulnerando normas internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto de Internacional de Derechos Económicos, Culturales, y Sociales.

La APROSEX (Asociación de Profesionales del Sexo) recuerda por su parte un dato que entiendo esencial: el Estado español no duda en contabilizar los ingresos de la actividad derivada del trabajo sexual dentro del PIB. Al Gobierno no le importa que los empresarios con licencia de funcionamiento extraigan pingües beneficios del fruto de estas actividades, pero sí le supone un conflicto que lxs trabajadorxs del sector, históricamente denostado, intente organizarse para proteger sus derechos. (Desde el 2015, y movido por las exigencias europeas de estabilidad presupuestaria, España introduce en el PIB el dinero que mueve la prostitución, y la Ley 20/ 2007 regula el marco para que se pueda cotizar por cuenta propia).

Los sindicatos del trabajo sexual son agentes sociales portadores de un discurso político en el que se puede encontrar una crítica al capitalismo, al sistema patriarcal, al racismo, o clasismo. Tuvo su punta de lanza a través de STRASS- Syndcat du travail sexual, fundado en 2009. Existen múltiples factores de exclusión sobre las personas que ejercen este trabajo mostrando un caso ejemplar de discriminación múltiple que necesita de intervención urgente a varios niveles. Y ello no es posible sin el reconocimiento del derecho a disponer del propio cuerpo. Un gobierno verdaderamente feminista tendría que anteponer siempre la cuestión social a la valoración moral.

En realidad, lo que debe primar es la articulación de un discurso sindical fuerte en dos frentes: la interlocución de las propias trabajadoras propicia espacios de autogestión (o de “descanso”) y diálogo con la vecindad y autoridades locales para evitar la expulsión de aquellas en una competición ignominiosa entre ordenanzas de ciudades, de un lado, y de otro, construir una política legal que presione al gobierno para conseguir tutelar sus derechos como cualquier otro colectivo. Como bien expone “Putas indignadas”, “las putas también somos clase obrera”.  

Con respecto a la cuestión jurídica, las sentencias de distintos Juzgados y de Tribunales Superiores de Justicia, en el orden social, declaraban el carácter autónomo respecto de encargadas de prostíbulos o prostitución encubierta. En realidad, el criterio mayoritario y decisorio en este orden aplicaba una escala que no podemos compartir, desde un punto de vista racional: se admitía la actividad de “alterne”, donde sí cabía la existencia de relación laboral, y paradójicamente, se declaraba la ilicitud del ejercicio de la prostitución en base a que la ajenidad y dependencia determinaban la incompatibilidad absoluta del proxenetismo con la libertad y la dignidad humanas. 

¿Cómo puede ser que no veamos desde los tribunales –garantes de los derechos y libertades de toda la ciudadanía– que el mencionado alterne no deja de ser una actividad meramente instrumental orientada a proporcionar relaciones sexuales a los clientes? 

Hasta la actualidad, solo un magistrado, Joan Agustí, titular del Juzgado Social 33 de Barcelona, ha sido capaz, –en dos más que fundamentadas sentencias–, de dejar los prejuicios que atraviesan a toda la “clase jurista progresista”, para estudiar con objetividad el tema que ahora nos ocupa y tras ello, proteger los derechos de las personas más vulnerables: las que ejercen la prostitución en espacios exentos de derecho y en ausencia absoluta de derechos básicos.

Frente a los argumentos que la Plataforma 8 de marzo de Sevilla y la Comisión para la investigación de Malos Tratos a Mujeres exponen en una reciente demanda ante la Audiencia Nacional para conseguir declarar la nulidad del Sindicato Otras –la imposibilidad del trabajo sexual por cuenta ajena– debemos recordar la jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que ha interpretado el art. 188 del CP (tras la reforma del 2003) en el sentido de defender que solo está prohibido el proxenetismo en el marco de la prostitución forzada. El consentimiento de la persona que ejerce la prostitución juega un papel decisivo como garantía de su libertad sexual.

La catedrática M. L. Maqueda Abreu postula por su parte (“Hacia una justicia de los derechos”, Diario La Ley, 16. 3. 2010) y así lo recoge J. Agustí que, con respecto a la supuesta vulneración de la dignidad, supone entrar en una valoración de tipo moral, dado que no puede imponerse al libre arbitrio individual, resultando hipócrita negar el estatus de trabajo digno de protección jurídica, cuando esta legitimación sí existe para los empresarios de la industria sexual.  

Respecto al marco comunitario, las sentencias mencionadas abordan la posible colisión de la laboralización postulada con el principio de igualdad, recordando de un lado la STJCE de 20 de noviembre del 2001 que dejaba claro la no asunción de los posiciones abolicionistas y prohibicionistas, e incluían a la prostitución como una actividad económica, por cuenta propia o asalariada. Y de otro, la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero del 2014 sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género.

Esta última resolución afirma de modo categórico que no solo la prostitución forzada, sino también la simple prostitución y la explotación sexual tienen un gran componente de género que constituye una violación de los derechos humanos y que su legalización aumenta el riesgo de un mayor nivel de violencia y abusos. 

Teniendo muy en cuenta tales postulados, así como otros mandatos recogidos en LO 3/ 2007, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, Joan Agustí defiende que denegar el reconocimiento de la laboralidad en el Estado Español –mientras el Gobierno no asuma las recomendaciones del Parlamento Europeo y  sumiendo la actual situación de “alegalidad” de esta actividad– no hace más que agravar enormemente la incuestionable lesión de la dignidad, libertad, e igualdad de las personas que la ejercen.       

Máxime cuando en los casos examinados por las sentencias las trabajadoras ejercían el trabajo de forma libre, sin coacción, de forma no forzada, bajo la dependencia de la empresa, sin encontrar motivo alguno de ilicitud penal o de lesión de derechos fundamentales.

Hasta ahora, hemos analizado la cuestión del trabajo sexual desde una perspectiva sociológica y jurídica. Vamos a concluir poniendo en juego nuestro propio pensamiento.

El Grupo de Estudios de Política Criminal, del que formo parte, elaboró un Manifiesto en 2006 a favor de la regularización del ejercicio de la prostitución voluntaria entre adultos, que no tuvo acogida alguna en la reforma del Código Penal de 2009. Este Manifiesto reivindicaba no solo la despenalización, sino, sobre todo, la implementación de políticas sociales dirigidas a garantizar el respeto a los derechos de todo tipo de quienes deciden dedicarse a la prestación de servicios sexuales en el marco de la industria del ocio.

El Manifiesto pone de relieve aspectos fundamentales como el hecho de que la represión de todo tipo de trabajo sexual ha arrojado un balance histórico que solo puede ser calificado como lamentable, porque jamás ha erradicado el fenómeno, sino que lo ha ocultado provocando una serie de efectos perniciosos como la estigmatización, la vulnerabilidad o la explotación de las personas que lo ejercen.

Solo cabe construir un conocimiento razonable huyendo de las aproximaciones morales que intentan simplificar un fenómeno complejo y diverso, sin obviar que son mujeres mayoritariamente las que lo ejercen, pero también hombres y trans, lo que implica que el debate no puede quedar monopolizado por un discurso en clave de género.   

Se trataba ya entonces de defender todas las formas de auto-organización que garantizara la tutela de los derechos de estxs trabajadorxs, frente a la situación de alegalidad que favorece su explotación.

Suscribo igualmente a autoras como Gloria Marín, miembro de la redacción de Viento Sur, cuando en su artículo del 5 de septiembre de 2018 refiere:

“No necesito hablar de putas felices, porque tampoco hablo de empleadas del hogar felices o de camareras felices: hablo de trabajadorxs que necesitan defender sus derechos, y la falta de los mismos aumenta la infelicidad. A veces el argumento parece ser lo horrible que es la vida de las prostitutas. Por ejemplo,  lo del “asco” que supone el contacto con los genitales de otra persona. Personalmente, hay varios trabajos legales que suponen contacto con cosas que me dan mucho menos asco que cualquier parte de un cuerpo humano vivo. Y sobre todo, sin negar todo lo horrible que pueda haber, ¿Por qué para las temporeras de la fresa la receta es más derechos y para la prostitución no?”.

¿Es cierto que en la prostitución se da todo por bueno con “invocaciones a la libre decisión de las mujeres? Desde luego, no es mi caso. Creo, con Marx, que en el capitalismo lxs trabajadorxs no tenemos libre decisión para aceptar un trabajo”.

Por último, quiero hacer igualmente mías las palabras de Monsterrat Galcerán  cuando refiere de forma clara:

“Si desde el feminismo nuestro objetivo es ayudar a las mujeres a comportarnos como sujeto activos, a empodorerarnos y a tomar las riendas de nuestra vida, no se entiende que haya mujeres que propugnen su prohibición. ¿Qué extraños temores evoca en nosotras la mención del trabajo sexual? ¿Acaso no somos capaces de sustraernos a la moralina que recubre la sexualidad en nuestra sociedad? Parece que lo que está bien visto por amor está mal visto si se hace por dinero. El discurso del amor romántico recubre las prácticas sexuales e impide tratarlas en su realidad material y tampoco está lejos el sesgo de clase”.  

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Amaya Olivas Díaz es magistrada de lo Social en Madrid. Miembro de Jueces para la Democracia. Ha trabajado en temas de mediación penal, capitalismo punitivo y memoria democrática, entre otros.

DE "PUTO DE MIERDA" A "GAY FRIENDLY"

Túnez, pruebas anales para perseguir a los homosexuales

Asociaciones y activistas piden la despenalización de la condición sexual y denuncian la práctica de este test por parte de las autoridades

Khlail y Abbas posan con una bandera arcoíris de fondo. No quieren mostrar sus rostros por miedo a la represión. OTO MARABEL

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

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Túnez 

“Creo que ya se puede hablar en privado de la situación de las personas LGTBI aquí. Antes del 2011 era imposible, pero ahora hay asociaciones, salen cosas en la tele… La vida si eres gay en Túnez, depende de las personas que te rodean”. Khalil (nombre ficticio), un joven de 26 años, habla sentado en la terraza de un conocido local de ocio del centro de de la capital. Lo hace junto a Abbas (también nombre ficticio), su novio desde hace algo menos de dos años. Es viernes por la noche: “Ya hay sitios donde podemos ir juntos, incluso a algún bar… Pero hasta un cierto límite, claro”.

En Túnez, la homosexualidad no está permitida según el artículo 230 del vigente Código Penal. “La sodomía será castigada con penas de hasta tres años de prisión”, reza el texto, residuo del antiguo Código Penal francés y en el que el legislador tunecino ha sustituido en la práctica sodomía por homosexualidad para incluir también a las mujeres en la tipificación. Sus consecuencias: 79 personas arrestadas en 2017 y 60 actualmente en prisión por este delito, según los datos de Shams, la asociación LGTBI más seguida del país.

La rigidez en la aplicación de esta ley choca con los avances jurídicos y sociales que ha experimentado Túnez en los últimos años, sobre todo a raíz de la aprobación de la nueva Constitución en 2014, la más avanzada del mundo árabe, que recoge libertades individuales y permite la creación de asociaciones. Por ejemplo, en 2017 nació en el país la primera Asociación de Ateos del Mundo Árabe, arropada por unas 400 personas. Ese mismo año el parlamento aprobó la abolición de una ley de 1973 que no permitía a las mujeres casarse con un hombre no musulmán. Las parlamentarias llegan casi al 30%, también récord árabe, y desde hace unas semanas hay una mujer por vez primera al frente de la alcaldía de la capital.

Mounir Baator, presidente de Shams, el colectivo homosexual más numeroso en Túnez. OTO MARABEL

Khalil y Abbas se interrumpen, se ríen mientras charlan pero todo sin ninguna muestra de cariño. El primero recuerda el bullying que sufrió en el colegio, cómo se esforzó por construir otra imagen basada en hablar con chicas y cómo la Universidad le ayudó a aceptar su homosexualidad. El segundo explica que empezó a sentir atracción física hacia otros chicos a los doce años y que el psiquiatra le dijo que "cuando cumpliera 20 años todo iba a ser ‘normal”.

“De mi familia, sólo mi hermana sabe que soy homosexual. Quizá mi madre lo sospeche, pero yo nunca le he dicho nada. De todas formas, creo que ellos no me repudiarían como hacen en otras casas”, afirma Khalil. “En la mía sólo lo sabe mi prima. Se lo dije hace algún tiempo. Pero, la verdad, creo que mi madre también. Ahora todo el mundo tiene acceso a internet, las series europeas o estadounidenses ayudan a normalizar la homosexualidad. Me dan envidia otros países, esos en los que puedes ir de la mano de tu novio por la calle”.

La pareja apura sus bebidas antes de levantarse de las sillas y abandonar el local. “Yo nunca he pasado miedo por ser gay aquí. Hay gente, como nosotros, que puede llevar una vida cómoda si no muestra amor o cariño en público. Si las autoridades te ven actuar de una forma afeminada puedes tener también problemas. Pero depende de quién se encuentre a tu alrededor. Lo cierto es que, en Túnez, muchas personas están pasando ahora mismo por situaciones muy difíciles”, lamenta Khalil.

La lucha contra la ley

Mounir Baatour rebusca entre los ordenados papeles que descansan apilados en la mesa de su despacho, adornado con una veintena de reconocimientos internacionales, recibidos por su labor como activista. Baatour es el presidente de Shams, Por la Despenalización de la Homosexualidad, el primer colectivo LGTBI tunecino, que él mismo fundó tras pasar un tiempo en prisión. “La situación de la comunidad LGTBI aquí es catastrófica. Mira: son dos test anales. Uno de ellos realizado el año pasado a un joven de 23 años”, afirma señalándo unos documentos. “Los hacen médicos, pero en realidad son torturadores. Estas pruebas son formas de violación: un doctor te introduce el dedo en el ano para saber, supuestamente, si has mantenido relaciones sexuales con otros hombres”.

“No hay voluntad política para revertir esta situación. Los partidos dicen que no es tiempo de abordar este tema. Sólo tres parlamentarios (de los 217 que componen el ejecutivo tunecino) se han manifestado a favor de la derogación del 230”, apunta Baatour. Shams ha promovido una petición internacional que ha conseguido más de 50.000 firmas, ha publicado el primer número de su revista y ha puesto en funcionamiento su gran proyecto: la primera radio de temática LGTBI del mundo árabe. Estas pruebas son una de las prácticas más denunciadas por las asociaciones y ONG. "Cuando detienen a una persona por su apariencia homosexual y le realizan un test anal, lo someten a un tipo de tortura y no a una prueba con alguna validez científica”, sentencia Yamina Thabet, médico, activista y presidenta de la Asociación Tunecina de Apoyo a las Minorías. “La persecución a las minorías sexuales en la ley es inconstitucional. Resulta inaceptable que pase esto porque lo único que se ha votado ha sido la Constitución y, en ella, se pidió libertad y privacidad”, sostiene.

Mawojoudin We Exist es el colectivo fundado en el 2015 que organizó la primera edición de su Festival de Cine Gay de Túnez, un evento al que asistieron unas 700 personas y en el que se proyectaron 13 películas. “Todavía hay muchos problemas. Con las familias, por ejemplo. O también con los estudios o en el empleo. Algunos compañeros han tenido que dejar de estudiar o les han echado de sus trabajos cuando han hecho pública su orientación sexual”, explica Ali Bousselmi, cofundador de Mawjoudin y su actual director ejecutivo.

“Creo que hay que ser realista. No puede decirse que no se haya visto una evolución social en estos años. Podemos organizar actividades en público, ha crecido la normalización… Hay muchos problemas políticos pero, aunque queda un largo camino, el trabajo de varias asociaciones ha propiciado que se den grandes pasos”, reflexiona.  

Vivir bajo presión 

“Los derechos humanos deben ser respetados, y la libertad en materia de identidad de género y orientación sexual son derechos humanos”, explica José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo, una ONG española que, financiado por la Aexcid (Agencia Extremeña de Cooperación), trabaja actualmente en el Magreb. “No cabe la defensa de unos valores culturales o religiosos como escudo o argumento”, resume. El último informe Homofobia de Estado de ILGA de la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, cifra en 72 los países que criminalizan la homosexualidad y en 8 los que la castigan con pena de muerte. El escrito califica como “sumamente peligroso” la expresión de la diversidad sexual en los países del Magreb y alerta del aumento de la presión sobre las minorías sexuales por “el incremento de la influencia y el control del movimiento islámico”.

Micky (nombre ficticio) también sabe de tener que esconderse. A sus 36 años, no fue hasta hace cinco que se compró un ordenador, lo conectó a internet y descubrió que en Túnez había más gente en su situación. Cuenta que procede de una zona rural, una pequeña ciudad por la que la revolución pasó a hurtadillas y con una marcada tradición religiosa de arraigo conservador. “Ahora es como si llevara una doble vida. Con mi familia, en el trabajo o con mis amigos soy de una manera. En privado, de otra. Creo que ellos nunca lo aceptarían”, explica. “No molestamos a nadie, pero la ley nos prohíbe. Yo creo que todo el mundo debería tener derecho a ser libre, a controlar su propia vida”.

PROHIBAN EL TABACO DE UNA PUTA VEZ

Consumo de nicotina por padre también afecta a sus hijos y nietos

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  Un estudio muestra que la exposición de los padres a la nicotina puede afectar a la salud cognitiva de sus hijos y nietos.

No solo las madres, sino también los padres, pueden afectar a la salud cognitiva de sus hijos por exponerse a la nicotina y otros componentes del cigarrillo.

Así lo revela un nuevo estudio realizado en ratones, publicado el martes en la revista de acceso abierto PLOS Biology por Pradeep Bhide, de la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee, Estados Unidos, y sus colegas.

En el referido estudio, criaron a los ratones machos expuestos a la nicotina con las hembras que nunca habían estado expuestas a esa sustancia, y vieron que sus hijos, de ambos sexos, mostraron hiperactividad, déficit de atención e inflexibilidad cognitiva, aunque los padres tenían un comportamiento normal.

Luego, hicieron que los ratones hembras de esta generación se criaran con parejas sin experiencia con la nicotina, y vieron que los descendientes varones mostraron menos déficit en la flexibilidad cognitiva, pero todavía era significativo.

El hecho de que los hombres fuman más que las mujeres hace que los efectos en los hombres sean especialmente importantes desde una perspectiva de salud pública. Nuestros hallazgos subrayan la necesidad de una mayor investigación sobre los efectos del hábito de fumar por parte del padre, y no solo de la madre, sobre la salud de sus hijos”, dice Pradeep Bhide, de la Universidad Estatal de Florida.

Fumar durante el embarazo causa problemas respiratorios en el bebé | HISPANTV

Los niños menores de dos años cuyas madres han fumado durante el embarazo tienen un 11 por ciento más de riesgo de desarrollar problemas respiratorios que los que no han estado expuestos al humo de tabaco, según nuevo estudio.

“El hecho de que los hombres fuman más que las mujeres hace que los efectos en los hombres sean especialmente importantes desde una perspectiva de salud pública. Nuestros hallazgos subrayan la necesidad de una mayor investigación sobre los efectos del hábito de fumar por parte del padre, y no solo de la madre, sobre la salud de sus hijos”, dice Pradeep Bhide.