martes, 26 de septiembre de 2017

la lucha por un trato digno en los partos

Violencia obstétrica, la última batalla feminista: "Nos cortan vaginas sin permiso”

Crecen las reclamaciones que exigen a los ginecólogos un trato digno durante el seguimiento del embarazo y el parto. “Nos tratan como a niñas e imponen tratamientos que no queremos”

Foto: Una mujer embarazada. (iStock)
Una mujer embarazada. (iStock)

El pasado mes de junio, Susana valoró las opciones que tenía para dar a luz. Convencida de que tenía la norma de su parte, acudió al Hospital de la Ribera (público de gestión privada en Alzira, Valencia) con su propio plan de parto, siguiendo las recomendaciones que marca la Estrategia de Atención al Parto Normal de la Comunidad Valenciana, un catálogo de instrucciones que emanan a su vez de una guía del Ministerio de Sanidad para garantizar la calidad asistencial y emocional en el momento de dar a luz. Según explica esta paciente en su relato, trasladado a El Confidencial a través de su abogada para preservar su identidad, la respuesta del centro sanitario le produjo “literalmente terror”.
“Me imponían a la fuerza intervenciones que podían afectar de forma grave a mi salud, como la episiotomía, dejándola ‘a criterio del ginecólogo’ y violando mi derecho fundamental a prestar mi consentimiento informado. Hasta me indicó por escrito que los tactos vaginales me los harían si ellos querían o que los estudiantes y residentes entrarían en mi parto si ellos así lo consideraban, lo que incumple la ley”, señala.
Susana acabó haciendo “turismo obstétrico”. Buscó otro hospital en la Comunidad Valenciana en el que le garantizasen por escrito el cumplimiento de su plan de parto y dio allí a luz a su hijo.
Hay una cantidad enorme de violencia obstétrica pegada a las paredes de nuestros hospitales. Y solo parecen enterarse las madres y los bebés
“Lo que hay detrás de esto en realidad es misoginia, machismo y discriminación por razón de sexo. Se impone una infantilización: nos tratan como a niñas e imponen tratamientos que no queremos. Nos cortan las vaginas sin consentimiento”, explica Lorena Moncholí. Moncholí es una de las pocas abogadas que se han especializado en España en derecho de la maternidad. La letrada, agente de salud titulada y máster en Igualdad de Género y Bioética, cree que los centros sanitarios del sistema público están vulnerando de forma sistemática la obligación legal de ofrecer a las pacientes el consentimiento informado tanto en el seguimiento de los embarazos como en el momento del parto. Sus argumentos representan el sentir de un movimiento creciente, más extendido en países latinoamericanos como México, Argentina o Chile, y que está comenzando a emerger en España.
Para quien no lo sepa, la episiotomía es un procedimiento quirúrgico que comprende el corte del perineo (piel y músculos entre la vagina y el ano) durante el trabajo de parto para agrandar el canal vaginal. Moncholí asegura que esta “mutilación vaginal” se aplica en el 52% de los casos en los hospitales públicos españoles, a más de 150.000 mujeres al año, y que muchas veces ni siquiera se comunica a las parturientas. “Luego descubres que se acorta la distancia vaginal, que tiene afección sobre tu vida y tu salud sexual con tu pareja”.
La episiotomía no consentida es una de las formas de “violencia obstétrica” sobre las mujeres. Según denuncian tanto Moncholí como asociaciones como El Parto es Nuestro, compuesta por usuarias y usuarios de la sanidad y profesionales sanitarios que pretenden “mejorar las condiciones de atención a madres e hijos durante el embarazo, parto y posparto en España”, hay otras muchas formas de 'violencia' que se ejerce de manera habitual en los hospitales del país.
A tenor del informe más reciente (publicado en 2015, con datos de 2012) sobre atención al parto y nacimiento en el Sistema Nacional de Salud (SNS), los partos inducidos están por encima del estándar de la OMS (19,4% sobre 10%), y Moncholí denuncia que esto obedece a simples razones de planificación de horarios y personal en hospitales. Según el mismo informe, el 53% de los partos del sistema público se realiza con estimulación con oxitocina, por encima del estándar deseado, de menos del 10%.
La oxitocina sintética, según Moncholí, genera sufrimiento fetal y en casos extremos puede provocar la muerte del feto o de la madre. Es habitual también el empleo de amniotomías (rotura artificial de las membranas), las cesáreas innecesarias u “obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas”, frente al parto vertical que defienden esta abogada y asociaciones como El Parto es Nuestro. La llamada maniobra de Kristeller (empujar con puños y codos desde la parte superior de la barriga para facilitar la salida) es otra forma de violencia obstétrica para estos colectivos de mujeres. Se sigue empleando en algunos hospitales, pese a sus riesgos para la salud del bebé y de la madre.
Uso de fórceps, exceso de tactos vaginales, número de ecografías por encima de lo estrictamente necesario… “Hay una cantidad de violencia obstétrica que está pegada en las paredes de nuestros hospitales públicos como si fueran chapapote. Y nadie parece enterarse salvo madres y bebés”, denuncia Moncholí, que no duda en calificar de “ginesaurios” a muchos profesionales de la ginecología.
María, otro clienta de Moncholí que prefiere no dar su nombre real, recibió una respuesta similar a la de Susana cuando acudió con su plan de parto al Hospital de Xàtiva, de gestión pública. El jefe de servicio del departamento evitó comprometerse a cumplir con la llamada Estrategia de Atención al Parto Normal del SNS, al considerar que se trata de “recomendaciones, y no de leyes que obliguen a los profesionales implicados en el proceso”. “Lamento comunicarle que muchas de las pretensiones reflejadas en dicho documento no son asumibles por las condiciones materiales y de recursos humanos de este servicio”, admitía el jefe sanitario en una carta a la que ha tenido acceso El Confidencial. “No puedo creer la respuesta que me dio. Es un auténtico engaño”.
La ausencia de compromiso por parte del responsable del departamento de Xàtiva contradice el discurso de la consejera valenciana de Sanidad, Carmen Montón, que en un pleno del Parlamento autonómico a principios de este año aseguró que la estrategia del ministerio “está incluida en la cartera de servicios de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana con la única excepción del Hospital Clínico San Joan de Alicante”.
La intervención de Montón se produjo a raíz de un pregunta parlamentaria de la diputada de Compromís Cristina Rodríguez. “Las consecuencias del exceso de medicalización del embarazo y del parto son la pérdida de autonomía y la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos y su sexualidad. Tratando a la futura madre como a una paciente, se coarta o incluso se niega la capacidad de decidir de la mujer sobre su propio cuerpo, y su experiencia de maternidad, embarazo, parto, puerperio y lactancia, influyendo negativamente en su calidad de vida”, afirmó en sede parlamentaria. “La aplicación de oxitocina, las episiotomías y las cesáreas urgentes o programadas se han generalizado desgraciadamente en nuestros hospitales. Es una circunstancia desigual en el Estado español, donde la comparación entre comunidades autónomas deja algunas cifras que nos ponen los pelos de punta. Solo les daré un dato: si naces en Extremadura, tienes hasta cuatro veces mayor probabilidad de nacer por cesárea que si nacieras en Euskadi”, añadió.
El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Moncholí no duda situar la violencia obstétrica en el listado de agresiones contra la mujer muchas veces normalizadas por la sociedad. “Esto es como si a un hombre le hicieran una vasectomía sin avisarle. ¿A que eso no ocurre nunca, verdad?”, se pregunta.

LOS FIELES ALCAHUETES DE MONSANTO

Herbicida bajo sospecha

España defiende el polémico glifosato y Francia anuncia su prohibición total

  • El gobierno galo resiste ante las protestas de algunos agricultores que utilizan este producto creado por Monsanto
España defiende el polémico glifosato y Francia anuncia su prohibición total
Fumigación mediante el uso de una avioneta (Santiago Nicolau)
El polémico herbicida glifosato sigue creando división de opiniones, y no solo entre organismos científicos y de protección de la salud. Ahora son los gobiernos de España y Francia los que mantienen posturas enfrentadas ante el uso de este producto que en marzo de 2015 fue incluido en la lista de substancias probablemente carcinógenas para humanos (grupo de substancias 2A) de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, dependiente de la Organización Mundial de la Salud).
El portavoz del gobierno, Christophe Castaner, ha afirmado este lunes 25 de septiembre en declaraciones a la televisión BFMTV que, como medida para la protección de la salud humana y el medio ambiente, el herbicida glifosato estará totalmente prohibido -para todo tipo de usos- “antes de que termine el actual mandato del presidente Emmanuel Macron, en 2022”.
La ministra Ségolène Royal retira simbólicamente productos con glifosato de un supermercado, en 2015
La ministra Ségolène Royal retira simbólicamente productos con glifosato de un supermercado, en 2015 (Charles Platiau / Reuters)
De forma paralela, la oficina del primer ministro, Edouard Philippe, ha recordado en un comunicado que desde principios de este año el glifosato está prohibido en los espacios públicos abiertos y que a partir de 2019 se prohibirá también su uso en jardines particulares.
En lo que se refiere a la agricultura, el Gobierno francés ha pedido a los Ministerios de Agricultura y de Ecología la elaboración de un plan para dejar de utilizar ese herbicida en beneficio de las “alternativas disponibles”. Las condiciones de ese estudio serán expuestas al resto de los Estados miembros de la Unión Europea y al Comisión para “encontrar las condiciones de una transición razonable hacia la salida del glifosato”.
España se muestra favorable
La ministra García Tejerina ha hecho una llamada a la movilización agraria en defensa del uso del glifosato
El pasado 11 de septiembre, en una acto sobre cooperativismo agrario celebrado en Valladolid, Miguel Arias Cañete, Comisario Clima y Energía de la Unión Europea y ex ministro español de Agricultura apuntó que la decisión sobre el futuro del uso en Europa del herbicida glifosato será adoptada con toda probabilidad el mes de octubre.
Todo hace pensar que la Comisión Europea defenderá la concesión de un permiso de utilización del glifosato por un período de 10 años, atendiendo informes de la Agencia Europea de Substancias y Mezclas Químicas (ECHA), en los que se afirma que “las evidencias científicas disponibles no reúnen los criterios necesarios para clasificar al glifosato como cancerígeno, mutagénico o tóxico para la reproducción”.
Postura de la ministra española
En el transcurso de las jornadas técnicas celebradas en Valladolid, y en respuesta a las preguntas de los periodistas, la actual ministra española de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró que España sigue los dictámenes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria “que vela por la salud”. Utilizando esta afirmación como argumento, la ministra confirmó que España “tiene una posición favorable a la continuidad del glifosato”.
García Tejerina admitió que “el voto a favor -de España- por sí solo de España no basta” y que se requiere los apoyos de más países. Para conseguir este objetivo, según informó la agencia EP, la ministra ha arengado a las organizaciones y cooperativas agrarias que “muevan a sus gobiernos para que el glifosato siga estando en la agricultura”.
Política de prevención
Los organismos sanitarios de Francia defienden la adopción de medidas de máxima protección de la salud y el medio ambiente
Francia se ha destacado en los últimos años como uno de los países que defiende con mayor energía el principio de precaución ante cualquier producto que pueda suponer un riesgo para la salud y el medio ambiente, independientemente del partido político que esté en el gobierno.
En el caso del glifosato, la postura adoptada por anterior gobierno socialista y mantenida ahora por presidente Emmanuel Macron está siendo contestada por grupos de agricultores que utilizan este producto en sus campos.
La postura del gobierno francés ha provocado diversas manifestaciones en las últimas semanas y la presidenta de la FNSEA, Chistiane Lambert, principal sindicato agrícola del país consideró que Francia no puede actuar de forma independiente del resto de la UE. En opinión la FNSEA no se puede prohibir de forma drástica el uso de glifosato en agricultura porque esta decisión puede provocar pérdidas económicas a los agricultores; por lo que este sindicato reclama inversiones en investigación para encontrar alternativas.
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La fumigación de cultivos con insecticidas y herbicidas puede afectar al medio ambiente y la salud de las personas (LuckyBusiness / Getty)