La discriminación entre médicos públicos y privados del Código Penal levanta ampollas
Agredir
a un médico cuando está trabajando será considerado un delito de
atentado contra la autoridad, según la reforma del Código Penal. Sin
embargo, sólo será aplicable a hospitales públicos
A partir de ahora, agredir a un médico cuando está trabajando será considerado un atentado contra la autoridad y estará penado hasta con cuatro años de cárcel. Es una de las principales novedades que contempla la reforma del Código Penalaprobada la pasada semana y, aunque la comunidad sanitaria la ha acogido como un éxito rotundo, en el fondo tiene muchas lagunas que resolver.
La enmienda del artículo 550 del Código Penal aprobada en el Senado incluye a “funcionarios sanitarios”
como sujetos del delito de atentado contra la autoridad. Sólo
funcionarios del sector. Quedan excluidos, por tanto, aquellos médicos
que trabajan en hospitales privados o concertados. Estos últimos centros
son públicos a efectos de servicios y acceso, pero los profesionales
que en ellos trabajan son contratados por una empresa privada. O en
otras palabras, si el familiar de un paciente agrede a un traumatólogo
del Hospital Universitario La Paz estará cometiendo un delito de
atentado contra la autoridad pública, pero si hiere a un traumatólogo
del Hospital de Móstoles, estará exento de ese delito.
Este agravio comparativo
ha levantado ampollas en el sector, que se muestra indignado con una
reforma que creen consagra las agresiones que sufren. Sonia es médico de
familia en la sanidad privada y comenta estupefacta la realidad que
ahora divide al ámbito sanitario: “No tiene ningún sentido.
Todos los profesionales desarrollamos un acto médico que tiene las
mismas obligaciones y las mismas consecuencias jurídicas,
independientemente del centro en el que trabajamos. No puedo entender
que a un compañero si le agreden sea considerado un delito contra la
autoridad y si me pegan a mí una bofetada, no lo sea”.
Los últimos
datos publicados por la Organización Médica Colegial española (OMC) son
estremecedores. En los últimos cinco años se registraron 2.058 agresiones a médicos en España.
En 2014 hubo 344 casos frente a los 354 del año anterior. La mayoría de
las sentencias que llegaron a los tribunales, 71 en 2014, fueron
consideradas delitos y no faltas, según ha ido recogiendo la
jurisprudencia tras los pronunciamientos de los jueces. Con la reforma
del Código Penal, las denuncias de agresión a un médico en hospitales
públicos se tratarán de forma homogénea: todas serán un delito.
Manifestación en la Puerta del Sol a favor de la sanidad pública (Efe)
José
Alberto Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones de
la OMC considera esta nueva realidad como “un éxito y un paso decisivo
en la lucha contra esta lacra porque se ha tipificado como delito”, pero
reconoce que se han quedado cosas por el camino. Por ejemplo las amenazas, injurias,
vejaciones y coacciones no se incluyen en el ámbito penal, sino que
permanecen en el civil. En este sentido, la comunidad médica pide que se
modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las agresiones
verbales sean juzgadas por magistrados y jueces de carrera.
“Realmente hemos perdido una oportunidad única de hacer una ley específica”
para incluir “todas esas agresiones verbales” y, además, en la que “se
extendería el delito contra la autoridad pública a los profesionales del
sector privado”. Según Becerra, la enmienda del Código Penal “se
fundamenta en muchas imprudencias” porque se consolida también la
gratuidad de los insultos. Según los datos de la OMC, un 13% de las agresiones de 2014 se produjeron contra médicos de la sanidad privada. “Está claro que no estamos defendiendo a todos esos profesionales”, asegura con disgusto Becerra.
Los enfermeros exigen ser autoridad pública
Después de los médicos, los enfermeros son los profesionales que más agresiones sufren en el desarrollo de su actividad. La promesa de ser autoridad pública,
igual que policías, jueces y ahora profesores y médicos, la hizo
el Ministerio de Sanidad el año pasado, cuando la todavía titular Ana
Mato anunció que se reconocería como tal a todo el personal sanitario.
Según las cifras que maneja el Sindicato de Enfermería, ocho
de cada diez profesionales enfermeros han sufrido en algún momento de
su vida profesional una agresión física o verbal por pacientes o sus
familiares. Por el momento, la única comunidad autónoma que ha dado el
paso de regularizar al personal de enfermería como autoridad pública ha
sido Castilla y León. Andalucía y Extremadura aseguran que lo
implantarán en los próximos meses. Madrid, sin embargo, no ha vuelto a
dar noticias, aun siendo la región con mayor número de profesionales en
el sector, y a pesar del compromiso del Consejo Interterritorial de promover una ley para que todos los trabajadores que integran el Sistema Nacional de Salud se integren en el grupo de autoridad.
