CON GESTIÓN PUBLICA SON UN 74% MÁS BARATAS
Cada cama 'privatizada' le cuesta a Madrid 665 euros más que una pública
Concentración ante la Asamblea de Madrid en protesta por las medidas sanitarias de la Comunidad. (EFE)
Rubén Díaz Caviedes
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La marea blanca vuelve este domingo a su cauce en las calles de
la capital y lo hace decidida ahora a hablarle al consejero de Sanidad
madrileño en su mismo idioma. Si en el discurso de Javier Fernández-Lasquetty no existe la
privatización, sino la adopción de “fórmulas más eficientes que
consuman menos recursos públicos", los profesionales sanitarios tienen
algo que replicarle: las camas privatizadas de los hospitales de Madrid resultan más caras que las públicas.
Es lo que demuestra el informe publicado esta semana por el sindicato CSIT Unión Profesional, el mayoritario entre los funcionarios, que analiza los presupuestos de la comunidad para 2012 y concluye que costear una cama en los hospitales enteramente públicos le sale al contribuyente por 955 euros diarios, un 74% más barato que los 1.660 que cuesta mantenerla en los hospitales donde la gestión sanitaria está privatizada.
Basta con contrastar los presupuestos de uno y otro modelo. La Administración asigna a los hospitales de servicios sanitarios privatizados –el Infanta Elena de Valdemoro, el de Torrejón de Ardoz, el Nuevo Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz– una cantidad de 553.820.728 euros anuales para mantener 914 camas funcionantes y atender a una población de 820.000 personas. Los hospitales públicos tradicionales de la región, por el contrario, reciben un volumen de 2.792.531.561 euros anuales para atender las necesidades de salud de 4.201.169 personas y una oferta de 8.010 camas funcionantes. Es decir; cada plaza hospitalaria le cuesta a la Comunidad 665 euros diarios más si su gestión está en manos privadas. Al año paga 256.000 euros extra por cada una de ellas.
La elaboración de este análisis "de coste y eficiencia", en palabras del portavoz del Gabinete de Estudios de CSIT y responsable de la coordinación del informe, Juan Luis Martín, persigue un fin sencillo: "Comprobar si la sanidad privada es más barata para el contribuyente, como repite el Gobierno a falta de estudios previos que avalen su decisión de privatizar". Y las cifras globales, asegura, hablan por sí mismas. "Con los mismos recursos, la sanidad pública madrileña rinde más que la privada".
Incluso en el recuento paciente a paciente. La atención a un ciudadano en un hospital de gestión sanitaria privada –que acuda a consulta o a un tratamiento, sin que necesariamente resulte ingresado– le cuesta a la Administración 675 euros anuales. En los hospitales de gestión pública ese mismo promedio es de 664 euros. Cada año, la Comunidad paga 11 euros extra por cada paciente asignado a un hospital privatizado.
Esa diferencia, sostiene el sindicato, corresponde al margen de beneficio de la empresa que lo gestiona. CSIT-UP estima que "el 20% de los impuestos, uno de cada 5 euros, destinados a financiar la sanidad irán a beneficio de las empresas privadas gestoras". En un modelo de gestión pública, recuerdan, "el 100% de los impuestos recae en la financiación del sistema".
Cobrar por vecino, no por paciente
Las plataformas antiprivatización no solo critican la cantidad de dinero, sino el modo de financiación. Estos hospitales públicos madrileños donde lo sanitario está en manos privadas –bajo el modelo PPP, o public-private partnership, por sus siglas en inglés– reciben de la Administración una cantidad fija o canon que depende no del número de pacientes que atiendan, sino del número de vecinos que tengan asignados. Si esos vecinos no hacen uso del hospital, las empresas cobran igual.
Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad –CAS–, pone el ejemplo de Torrejón de Ardoz, donde la Consejería de Sanidad establece el pago de una cantidad de 571,50 euros por paciente potencial, unos 133.000 en su área de referencia. Las empresas adjudicatarias –un consorcio de Ribera Salud, Asisa y FCC– reciben 428,35 euros asignados a la asistencia sanitaria y otros 143,15 euros anuales por la prestación de servicios no sanitarios, como la administración o la limpieza.
En total, Madrid paga al hospital 76,1 millones de euros anuales con independencia de la cantidad de pacientes que atienda. "Da igual que los vecinos vayan o no al hospital, sea por propia decisión o porque el centro carezca de la unidad específica para tratarlos", explica Gómez. "Da igual que muchos pacientes de la zona, como de hecho ocurre, prefieran ir a los grandes centros públicos de la capital y no utilicen el hospital de su localidad. La empresa que lo gestiona se lleva el dinero público igual".
Inversión rentabilizada
Según CAS Madrid, el lucro no acaba en estos hospitales totalmente privatizados, sino que se extiende a los del modelo mixto –Henares, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Majadahonda, Tajo y Sureste–. En los últimos cinco años, la Administración ha pagado más de 990 millones de euros a las empresas concesionarias de estos hospitales donde las camas son públicas y sus médicos y enfermeras, funcionarios.
Estos centros funcionan bajo el modelo PFI –private finance iniciative–. La sanidad depende directamente de lo público, pero los servicios no sanitarios –administración, seguridad, limpieza, logística...– están concedidos a compañías privadas. También fueron empresas privadas, como Dragados, FCC, Acciona, Sacyr, Begar-Ploder, Hispánica y CVC Capital Partners, quienes construyeron sus inmuebles. Así, este conjunto de empresas reciben un canon público por la prestación de servicios no asistenciales y para la amortización de la inversión en construcción.
"La construcción y equipamiento básicos de estos hospitales costaron alrededor de 840 millones de euros", advierte Gómez. "Según nuestros cálculos, en 2011 el conjunto del sector había recuperado el 92% de esta cantidad y al término de 2012 ya habrán rentabilizado su inversión".
Gómez no duda de la calidad del negocio. "Los contratos vencen en treinta años y pueden prorrogarse otros treinta más", explica. "Es una inversión inmejorable para los accionistas y un negocio nefasto para los contribuyentes".
Ni más baratos ni más rentables
Los sindicatos no son los únicos en remitirse a estas cifras. La Plataforma de Jefes de Servicio de los Hospitales Públicos madrileños –que representa a casi 600 médicos de más de 20 centros sanitarios de la región– dirigía esta semana una carta abierta a la ciudadanía ciñéndose al mismo argumento. No es cierto, aseguran, "que la sanidad privada sea más barata que la pública".
Aprovechando el punto y seguido en los paros y huelgas de esta semana –convocadas de nuevo para el 19 y 20 de diciembre–, los responsables médicos de la región advierten de que en los países en que coexisten los modelos público y privado, "el gasto sanitario por habitante y año es mucho más alto, y la aportación de gasto público para ello también".
En el caso madrileño, además, denuncian que "la aportación económica que la Comunidad pretende pagar a los nuevos dueños es superior al coste actual". En otras palabras; las empresas adjudicatarias de los servicios "van a tener beneficio con el dinero de nuestros impuestos".
Es lo que demuestra el informe publicado esta semana por el sindicato CSIT Unión Profesional, el mayoritario entre los funcionarios, que analiza los presupuestos de la comunidad para 2012 y concluye que costear una cama en los hospitales enteramente públicos le sale al contribuyente por 955 euros diarios, un 74% más barato que los 1.660 que cuesta mantenerla en los hospitales donde la gestión sanitaria está privatizada.
Basta con contrastar los presupuestos de uno y otro modelo. La Administración asigna a los hospitales de servicios sanitarios privatizados –el Infanta Elena de Valdemoro, el de Torrejón de Ardoz, el Nuevo Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz– una cantidad de 553.820.728 euros anuales para mantener 914 camas funcionantes y atender a una población de 820.000 personas. Los hospitales públicos tradicionales de la región, por el contrario, reciben un volumen de 2.792.531.561 euros anuales para atender las necesidades de salud de 4.201.169 personas y una oferta de 8.010 camas funcionantes. Es decir; cada plaza hospitalaria le cuesta a la Comunidad 665 euros diarios más si su gestión está en manos privadas. Al año paga 256.000 euros extra por cada una de ellas.
La elaboración de este análisis "de coste y eficiencia", en palabras del portavoz del Gabinete de Estudios de CSIT y responsable de la coordinación del informe, Juan Luis Martín, persigue un fin sencillo: "Comprobar si la sanidad privada es más barata para el contribuyente, como repite el Gobierno a falta de estudios previos que avalen su decisión de privatizar". Y las cifras globales, asegura, hablan por sí mismas. "Con los mismos recursos, la sanidad pública madrileña rinde más que la privada".
Incluso en el recuento paciente a paciente. La atención a un ciudadano en un hospital de gestión sanitaria privada –que acuda a consulta o a un tratamiento, sin que necesariamente resulte ingresado– le cuesta a la Administración 675 euros anuales. En los hospitales de gestión pública ese mismo promedio es de 664 euros. Cada año, la Comunidad paga 11 euros extra por cada paciente asignado a un hospital privatizado.
Esa diferencia, sostiene el sindicato, corresponde al margen de beneficio de la empresa que lo gestiona. CSIT-UP estima que "el 20% de los impuestos, uno de cada 5 euros, destinados a financiar la sanidad irán a beneficio de las empresas privadas gestoras". En un modelo de gestión pública, recuerdan, "el 100% de los impuestos recae en la financiación del sistema".
Cobrar por vecino, no por paciente
Las plataformas antiprivatización no solo critican la cantidad de dinero, sino el modo de financiación. Estos hospitales públicos madrileños donde lo sanitario está en manos privadas –bajo el modelo PPP, o public-private partnership, por sus siglas en inglés– reciben de la Administración una cantidad fija o canon que depende no del número de pacientes que atiendan, sino del número de vecinos que tengan asignados. Si esos vecinos no hacen uso del hospital, las empresas cobran igual.
Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad –CAS–, pone el ejemplo de Torrejón de Ardoz, donde la Consejería de Sanidad establece el pago de una cantidad de 571,50 euros por paciente potencial, unos 133.000 en su área de referencia. Las empresas adjudicatarias –un consorcio de Ribera Salud, Asisa y FCC– reciben 428,35 euros asignados a la asistencia sanitaria y otros 143,15 euros anuales por la prestación de servicios no sanitarios, como la administración o la limpieza.
En total, Madrid paga al hospital 76,1 millones de euros anuales con independencia de la cantidad de pacientes que atienda. "Da igual que los vecinos vayan o no al hospital, sea por propia decisión o porque el centro carezca de la unidad específica para tratarlos", explica Gómez. "Da igual que muchos pacientes de la zona, como de hecho ocurre, prefieran ir a los grandes centros públicos de la capital y no utilicen el hospital de su localidad. La empresa que lo gestiona se lleva el dinero público igual".
Inversión rentabilizada
Según CAS Madrid, el lucro no acaba en estos hospitales totalmente privatizados, sino que se extiende a los del modelo mixto –Henares, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Majadahonda, Tajo y Sureste–. En los últimos cinco años, la Administración ha pagado más de 990 millones de euros a las empresas concesionarias de estos hospitales donde las camas son públicas y sus médicos y enfermeras, funcionarios.
Estos centros funcionan bajo el modelo PFI –private finance iniciative–. La sanidad depende directamente de lo público, pero los servicios no sanitarios –administración, seguridad, limpieza, logística...– están concedidos a compañías privadas. También fueron empresas privadas, como Dragados, FCC, Acciona, Sacyr, Begar-Ploder, Hispánica y CVC Capital Partners, quienes construyeron sus inmuebles. Así, este conjunto de empresas reciben un canon público por la prestación de servicios no asistenciales y para la amortización de la inversión en construcción.
"La construcción y equipamiento básicos de estos hospitales costaron alrededor de 840 millones de euros", advierte Gómez. "Según nuestros cálculos, en 2011 el conjunto del sector había recuperado el 92% de esta cantidad y al término de 2012 ya habrán rentabilizado su inversión".
Gómez no duda de la calidad del negocio. "Los contratos vencen en treinta años y pueden prorrogarse otros treinta más", explica. "Es una inversión inmejorable para los accionistas y un negocio nefasto para los contribuyentes".
Ni más baratos ni más rentables
Los sindicatos no son los únicos en remitirse a estas cifras. La Plataforma de Jefes de Servicio de los Hospitales Públicos madrileños –que representa a casi 600 médicos de más de 20 centros sanitarios de la región– dirigía esta semana una carta abierta a la ciudadanía ciñéndose al mismo argumento. No es cierto, aseguran, "que la sanidad privada sea más barata que la pública".
Aprovechando el punto y seguido en los paros y huelgas de esta semana –convocadas de nuevo para el 19 y 20 de diciembre–, los responsables médicos de la región advierten de que en los países en que coexisten los modelos público y privado, "el gasto sanitario por habitante y año es mucho más alto, y la aportación de gasto público para ello también".
En el caso madrileño, además, denuncian que "la aportación económica que la Comunidad pretende pagar a los nuevos dueños es superior al coste actual". En otras palabras; las empresas adjudicatarias de los servicios "van a tener beneficio con el dinero de nuestros impuestos".
Una
mujer se suicidó por no soportar vivir con una enfermedad que le hizo
tener hasta 50 orgasmos por día. Tenía un trastorno de la excitación
genital persistente.
