Varios médicos gaditanos plantean la insumisión ante los recortes en sanidad
El dr.Antonio Vergara de Campos
El responsable de la Unidad de Infecciosos de Puerto Real asegura que seguirá asistiendo a los 'sin papeles' aunque el Real Decreto entre en vigor
Los recortes que el Gobierno de España va planteando con cuentagotas en las últimas semanas no paran de generar polémica, pero de pocos se ha hablado tanto como del que implica que se deje de prestar atención sanitaria a aquellos inmigrantes que no coticen en la Seguridad Social a menos que tengan la posibilidad de abonar el coste de la consulta a partir del 1 de septiembre.
El debate está sobre la mesa del sector de la sanidad. También en Cádiz, donde ya han aparecido las primeras voces discordantes con esta medida. El primero en alzar la suya ha sido el conocido doctor Antonio Vergara, responsable de la Unidad de Infecciosos del Hospital de Puerto Real, quien no duda en plantear su insumisión en caso de que se le obligara a no atender a este tipo de pacientes. «Para mí esto sería una aberración profesional. Llevo muchos años ejerciendo y jamás le he pedido el pasaporte a un inmigrante cuando ha entrado por la puerta de mi consulta», dice.
Vergara asegura que no es el único que piensa de esta manera. «Hay muchos compañeros en la misma situación en que estoy yo, al menos en el campo de las enfermedades infecciosas, donde casi todos estamos de acuerdo», explica. Actualmente en la provincia de Cádiz hay alrededor de 30 profesionales repartidos en cinco hospitales especializados en esta rama de la medicina.
En su actividad diaria Antonio Vergara atiende a pacientes con enfermedades como el sida o la tuberculosis, algunos de ellos inmigrantes. El doctor advierte en este sentido que «las enfermedades infecciosas no tratadas no solo pueden causar la muerte de una persona, sino que pueden llevar a cuestiones aún más graves. Una tuberculosis no tratada puede diseminar la enfermedad entre la población».
De cualquier forma, Vergara confía en que en Andalucía no se llegue a aplicar este Real Decreto del Gobierno central, que dictamina que solo se trata a estas personas en situación irregular solo en casos de urgencias o embarazo. Y aunque así fuera, tiene claro que él, y otros compañeros en toda la región, se negarán a acatarlo.
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