Los discapacitados mentales reivindican su derecho a decidir

El informe ‘Independiente pero no solo’ de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reivindica el derecho a decidir de los discapacitados intelectuales.
A nivel legal no tienen derecho, por ejemplo, a votar.
Las familias todavía están reticentes a dar una mayor libertad a sus hijos porque a juicio del presidente de Down Araba “a veces prevalece el afán de protegerles”.

Paloma Bravo Pérez

“Ya no queremos que nos llamen retrasados mentales. Queremos tomar nuestras propias decisiones y que nos apoyen para poder hacerlo”. Esto es lo que se reivindica en el informe mundial sobre el derecho a decidir ‘Independiente pero no solo’. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas marca un cambio fundamental en el reconocimiento social, jurídico y político de las personas con discapacidad, así como en la manera en la que toman decisiones en lo cotidiano del día. Es el resultado de un estudio que se ha hecho a nivel mundial con debates, grupos de trabajo y experiencias vividas por los afectados a lo largo del año pasado.

En el documento se presenta el punto de vista de las personas con discapacidad intelectual y de las familias sobre el derecho a decidir. Ahí se reflejan experiencias en cuanto al hecho de tener o no tener  voz sobre sus vidas, a las decisiones que se toman con respecto a ellos y por ellos. Pero Josu Izuskiza, presidente de DownAraba y padre de una hija de 11 años con discapacidad intelectual, reconoce que los progenitores están “habituados a protegerlos y existe una falta de confianza en lo que puedan decidir”.

Reconocimiento jurídico

Lo más importante para que se admita el derecho a decidir es que se reconozca jurídicamente. De hecho, en el informe se refleja que “el modo en que una sociedad reconoce o niega las condiciones de persona o la humanidad de una persona con discapacidad intelectual se refleja en el modo en que la ley trata el tema de la toma de decisiones”.

A nivel legal, una persona con discapacidad intelectual no tiene derecho a decidir. Según ratifica Izuskiza, una persona con discapacidad intelectual no puede, por ejemplo, votar. Se les trata como si no hubieran cumplido la mayoría de edad, “aunque las cosas están cambiando. Se está negociando para que se determinen unos derechos u otros en función de la discapacidad que la persona posea”, apunta el presidente de Down Araba. Se persigue que en vez de negar esa incapacidad, se plantee la decisión con apoyos.

La atención se centra en el artículo 12 de la CDPD de las Naciones Unidas trata sobre capacidad jurídica. Garantiza que las personas con discapacidad tengan suficiencia legal en todos los aspectos de la vida. Por tanto, que todas las personas tengan el derecho a tomar decisiones. El informe exige a todos los Estados a “adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso al apoyo que puedan necesitar las personas para decidir sobre su vida personal, salud, asuntos económicos y bienes”.

Aceptación social

Josu Izuskiza está satisfecho con el trato hacia estas personas. Cree que a nivel social “cada vez se les ve mejor”. A su juicio, la asignatura pendiente es que a las familias no les cueste asumir ciertos aspectos porque “a veces prevalece el afán de protegerles”. En cambio, cada vez están más concienciados porque la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. Hace dos décadas vivían 30 años, ahora llegan a los 65. Por ello, el progenitor cree necesario trabajar con los hijos para que en un futuro, cuando ellos no estén, sean independientes.

Mientras la sociedad avanza, el presidente se resigna con las instituciones: “A nivel de España las cosas no van a cambiar mucho y a nivel político no tiene mucha prioridad”, aunque reconoce que hacer una ley válida para todos los casos es complicado. En cambio, cree que los fiscales y jueces cada vez están más sensibilizados.