Los discapacitados mentales reivindican su derecho a decidir
El informe ‘Independiente pero no solo’ de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad reivindica el derecho a
decidir de los discapacitados intelectuales.
A nivel legal no tienen derecho, por ejemplo, a votar.
Las familias todavía están reticentes a dar una mayor libertad a sus hijos porque a juicio del presidente de Down Araba “a veces prevalece el afán de protegerles”.
A nivel legal no tienen derecho, por ejemplo, a votar.
Las familias todavía están reticentes a dar una mayor libertad a sus hijos porque a juicio del presidente de Down Araba “a veces prevalece el afán de protegerles”.
“Ya no queremos que nos llamen retrasados mentales.
Queremos tomar nuestras propias decisiones y que nos apoyen para poder
hacerlo”. Esto es lo que se reivindica en el informe mundial sobre el
derecho a decidir ‘Independiente pero no solo’. El artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de
las Naciones Unidas marca un cambio fundamental en el reconocimiento
social, jurídico y político de las personas con discapacidad, así como
en la manera en la que toman decisiones en lo cotidiano del día. Es el
resultado de un estudio que se ha hecho a nivel mundial con debates,
grupos de trabajo y experiencias vividas por los afectados a lo largo
del año pasado.
En el documento se presenta el punto
de vista de las personas con discapacidad intelectual y de las familias
sobre el derecho a decidir. Ahí se reflejan experiencias en cuanto al
hecho de tener o no tener voz sobre sus vidas, a las decisiones que se
toman con respecto a ellos y por ellos. Pero Josu Izuskiza, presidente
de DownAraba y padre de una hija de 11 años con discapacidad
intelectual, reconoce que los progenitores están “habituados a
protegerlos y existe una falta de confianza en lo que puedan decidir”.
Reconocimiento jurídico
Lo más importante para que se admita el derecho a decidir es que se
reconozca jurídicamente. De hecho, en el informe se refleja que “el modo
en que una sociedad reconoce o niega las condiciones de persona o la
humanidad de una persona con discapacidad intelectual se refleja en el
modo en que la ley trata el tema de la toma de decisiones”.
A nivel legal, una persona con discapacidad intelectual no tiene
derecho a decidir. Según ratifica Izuskiza, una persona con discapacidad
intelectual no puede, por ejemplo, votar. Se les trata como si no
hubieran cumplido la mayoría de edad, “aunque las cosas están cambiando.
Se está negociando para que se determinen unos derechos u otros en
función de la discapacidad que la persona posea”, apunta el presidente
de Down Araba. Se persigue que en vez de negar esa incapacidad, se
plantee la decisión con apoyos.
La atención se centra en el artículo 12 de la CDPD de las Naciones
Unidas trata sobre capacidad jurídica. Garantiza que las personas con
discapacidad tengan suficiencia legal en todos los aspectos de la vida.
Por tanto, que todas las personas tengan el derecho a tomar decisiones.
El informe exige a todos los Estados a “adoptar las medidas pertinentes
para proporcionar acceso al apoyo que puedan necesitar las personas para
decidir sobre su vida personal, salud, asuntos económicos y bienes”.
Aceptación social
Josu Izuskiza está satisfecho con el trato hacia estas personas. Cree
que a nivel social “cada vez se les ve mejor”. A su juicio, la
asignatura pendiente es que a las familias no les cueste asumir ciertos
aspectos porque “a veces prevalece el afán de protegerles”. En cambio,
cada vez están más concienciados porque la esperanza de vida ha
aumentado considerablemente. Hace dos décadas vivían 30 años, ahora
llegan a los 65. Por ello, el progenitor cree necesario trabajar con los
hijos para que en un futuro, cuando ellos no estén, sean
independientes.
Mientras la sociedad avanza, el
presidente se resigna con las instituciones: “A nivel de España las
cosas no van a cambiar mucho y a nivel político no tiene mucha
prioridad”, aunque reconoce que hacer una ley válida para todos los
casos es complicado. En cambio, cree que los fiscales y jueces cada vez
están más sensibilizados.
